La crisis económica del Covid-19: ¿Serán eficaces las medidas del Gobierno español?

De Marcel Jansen y Juan F. Jimeno

Decíamos (aquí) que la crisis del Covid-19 hay que entenderla cómo una paralización de la actividad económica necesaria para hacer frente a una crisis sanitaria gravísima y de duración, todavía, indeterminada. Y como ha explicado Richard Baldwin (aquí), tal paralización interrumpe múltiples canales del flujo circular de la renta.  Ahora la labor urgente de las políticas económicas es evitar que dichos canales se cierren o, al menos, que lo hagan solo temporalmente. Para ello se enfrentan a dos restricciones: la disponibilidad de recursos para facilitar el aseguramiento de las rentas y la liquidez de los agentes económicos y la respuesta de estos agentes económicas a las medidas que se implementen (que no siempre es la esperada o deseada por los  que las diseñan).

Las medidas del Real Decreto-Ley 8/2020

Hace unos días, Antonia y Luis adelantaban, aquí, algunos principios generales y medidas a tener en cuenta para luchar contra la crisis económica del Covid-19. Finalmente, tras el plan que el gobierno alemán anunció hace unos días y las recomendaciones del Eurogrupo, el Gobierno español ha puesto en marcha un conjunto de medidas con tres objetivos: reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad. Para ello se contemplan cinco categorías de medidas: Apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables; flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos; garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación; apoyo a la investigación del COVID-19, y otras medidas de flexibilización (relativas a la gestión de convenios con el sector público y los órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas). De todas ellas, las más relevantes para conseguir que la ralentización de la actividad económica tenga efectos menores y menos persistentes son la flexibilizan el acceso a los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTEs), la ampliación de las prestaciones por desempleo para asalariados y autónomos, y la línea de avales y garantías públicas para créditos a las empresas de hasta 100 mil millones. Si se utilizaran todos estos avales, el volumen de recursos inyectado podría llegar a ser de hasta 200.000 millones de euros, alrededor de un 16% del PIB (de 2019).

Además, el paquete viene acompañado de un mensaje contundente. El gobierno se compromete a hacer todo lo que haga falta en cada momento para minimizar el impacto económico y no dejar atrás a nadie.

El canal de la oferta

Algunas de las medidas anteriores (flexibilización de los ERTES, prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores por cuenta propia, garantías de liquidez) se justifican como necesarias paragarantizarque la disminución de la demanda de trabajo (por caída de demanda, falta de suministros, imposibilidad de acceso a los puestos de trabajo) y la falta de liquidez tengan el menor impacto posible sobre el empleo. En la anterior crisis, los ERTEs eran de poca utilidad porque gran parte de la pérdida de empleo en sectores como la construcción era de carácter permanente. Al contrario, esta vez estamos ante una emergencia temporal. Una vez superada la crisis, el empleo en muchas empresas debería volver a niveles similares a los que había antes de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, el uso de los ERTEs es voluntario y dependerá en gran medida de la confianza de las empresas en una pronta recuperación. El gobierno hace bien en acompañar las ayudas con un llamamiento a la responsabilidad social y condicionar la realización de los ERTEs. Con las medidas aprobadas, fuertes ajustes de plantilla mediante despidos no deberían ser la primera opción de las empresas y si, no obstante, se empezaran a producir, el Gobierno debería endurecer temporalmente la regulación de los despidos. Además, las medidas aprobadas hasta la fecha ofrecen pocas soluciones para el colectivo de trabajadores con contratos temporales, cuya inclusión en ERTEs es optativa.

Otro riesgo de este tipo de medidas es que una parte considerable de ellas acaben en manos de personas o empresas que no lo necesitan. Para evitar el “peso muerto” se podría haber aumentado, aun más, la condicionalidad asociada a cada tipo de medida, al coste de producir complejidad y retrasos en su implementación, cuando la urgencia de la situación exige actuaciones muy rápidas.

El canal de la demanda

El gobierno resalta que su plan tiene una magnitud sin precedentes, sin embargo las medidas aprobadas no van a impedir que la caída de la demanda durante el periodo en el cual se solventa la crisis sanitaria también lo sea. Pero sí pueden conseguir que el efecto multiplicador de la disminución del consumo de los hogares y de las inversiones de las empresas sea más reducido y, sobre todo, que una vez se vuelva a la “normalidad” (se levanten las cuarentenas y los confinamientos de la población) la recuperación de la demanda sea mucho más vigorosa.

Dado el riesgo de una profunda recesión, algunos analistas se muestran preocupados sobre la falta de un paquete de estímulos más potentes. En nuestra opinión es algo prematuro. No está claro cual debería ser la magnitud de los estímulos ni cual sería su eficacia en la situación actual. Lo que sí es cierto es que dichos estímulos serán más potentes cuando, con la vuelta a la normalidad, se inicie la recuperación. Además, en el corto plazo el Estado va a tener que movilizar una ingente cantidad de recursos para fortalecer el sistema sanitario. En consecuencia, lo que sí nos parece imprescindible es la formulación de plan contingente que explique las medidas fiscales que se tomarán en el futuro si la crisis sanitaria se extiende durante mucho tiempo.

El canal financiero                                                                      

El énfasis en la provisión de liquidez muestra que los gobiernos europeos han aprendido de sus errores en la anterior crisis. No solo se está actuando con mucho más premura, también se actúa a una escala mayor. Sin embargo, el gobierno tiene que aclarar cómo pretende asegurar que todo el volumen de crédito previsto llegue a las empresas, y en particular a las PYMES más vulnerables. El ICO tiene una capacidad limitada y el diseño de incentivos adecuados para los bancos privados es un asunto complejo (como explicaba José Luís Peydró, aquí). De nuevo, la implementación y las expectativas de las empresas sobre la duración de la crisis y la necesidad de ajustes en otros frentes van a ser cruciales para la eficacia de esta categoría de medidas.

La restricción fiscal

Donde en nuestra opinión existen las restricciones más relevantes es en el plano macroeconómico. El gobierno se compromete a hacer todo lo que haga falta, pero no está claro cuánto podrá hacer si la crisis se alarga sin el apoyo de las instituciones europeas.

En los últimos días, los tipos de interés de la deuda de los países más afectados como Italia y España ya han empezado a subir. Incluso con los bajos niveles de tipos de interés (el actual y el que prevalecerá en el futuro en condiciones normales) estos aumentos ya empiezan a ser significativos y solo son asumibles en un escenario en el que se evita una escalada de los tipos de interés y la vuelta a la normalidad se produce pronto.

Sin embargo, también hay un escenario en el que las crisis sanitaria se extiende en el tiempo produciendo un considerable aumento en el endeudamiento del Estado español hasta niveles que pueden poner en entredicho su solvencia. Esta situación seguramente provocaría enormes tensiones en los mercados financieros. Para evitar que estas tensiones pueden comprometer la puesta en marcha de las necesarias medidas económicas existen dos opciones. Una es la mutualización de deuda, esto es, bien mediante la emisión de eurobonos o coronabonos destinados a la financiación de las medidas adoptadas por los países europeos en la lucha contra la crisis del Covid-19, bien mediante una compra masiva de deuda pública por el banco central. Otra es la monetización de los déficits públicos (como pedía Jordi Galí, aquí). Anoche mismo el BCE anunciaba un nuevo programa de compras (Pandemic Emergency Purchase Programme) que contempla adquisiciones de deuda pública y privada por 750.000 millones de euros (alrededor del 6% del PIB de la eurozona) hasta finales de 2020, siempre que persista la situación de emergencia. Y aunque hasta ahora la emisión de eurobonos y la monetización de déficits eran un tabú absoluto para los países nórdicos, empiezan las señales de que los vientos están cambiando, como muestran declaraciones de la canciller alemana y este tuit del holandés Lex Hoogduin, hasta hace poco el asesor principal de Mario Draghi. Hoogduin avisa contra medidas irreversibles como la creación de eurobonos, pero sí apoya la financiación monetaria durante un período limitado de gastos para combatir la crisis del COVID-19.

Parece pues que el escudo europeo que pedía uno de nosotros (aquí) está siendo moldeado y que todas las piezas del puzzle empiezan a encajar. Que el resultado final sea una imagen feliz depende de la responsabilidad y el esfuerzo de todos.

Hay 11 comentarios
  • Muchas gracias por el artículo.
    ¿Puede recomendar algún buen manual de introducción a la macroeconomía y al sistema financiero para una persona con formación técnica pero no en economía aunque con mucho interés en la misma? Estos días de confinamiento puede venir bien, en general, cualquier libro sobre la materia que pudiese recomendar.
    Por cierto, disculpe, los 750.000M€ no corresponderían al 6% del PIB de la eurozona?
    Muchas gracias.
    Un saludo.

  • Hola a los dos:

    Muchas gracias por este post. Lanzo a una pregunta que se me acaba de ocurrir al leer que Inditex e Iberia planean solicitar sendos ERTEs. ¿Deberían ser condicionales al tamaño y/o capacidad financiera de la compañía?

    • Deberían serlo.
      En principio, antes de la presentación de cada ERTE hay negociaciones con los representantes de los trabajadores y en ellas deberían tenerse en cuenta esas y otras características de la empresa.

  • Usted dice que cuando vuelva la normalidad volverá la recuperación. Yo. lo dudo. Con un déficit público que sobrepasará con creces el 10% del PIB, cuando vuelva la normalidad, los austerianos europeos volverá a la carga con los ajustes en las finanzas públicas, que con un sector privado deprimido, hará que la recuperación económica sea muy difícil por no decir imposible.
    El problema sigue siendo la falta de bazuka europeo y no haber dejado que cada país se las apañe como pueda.
    .

  • Estas instituciones, internacionales y no necesaria ni habitualmente pesimistas, no lo ven nada claro. El I .I.F., el cuerpo de investigación económica del Banco Mundial. prevé en Europa para el 2.020 una caída (-)2,8 % de PIB anual (en 1º Trim (-) 2,8% y en 2º Trim (-) 15.01%) . En Usa prevé un (-) 0,4% anual. La O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) en su informe habla de un escenario mundial bajo de +5,3 millones de desempleados y uno alto de + 24,7 millones. Escenario alto similar a la crisis del 2.008. ¿Tendrán efecto neutralizador las medidas del Gobierno español? Veremos…

  • Y agrego que a medida que el virus se propaga, hay una buena posibilidad de que el escenario mas negativo de las proyecciones economicas, se convierta en el mas probable.

  • Muchas gracias por este artículo tan interesante y didáctico. Solo una duda. Ustedes diferencian entre compra masiva de la deuda pública por el BCE y monetización de los déficits públicos. Y yo entiendo que viene a ser lo mismo. Gracias.

    • Monetización de los déficits públicos es cuando el banco central compra títulos de deuda pública directamente al Tesoro.
      Lo que se hace con el programa de compras de activos de los bancos centrales es comprar títulos de deuda pública en el mercado secundario, es decir a otros agentes, no directamente al Gobierno que incurre en déficits.
      Las diferencias son sutiles pero las hay.

  • Hemos de tener en cuenta que los programas generalizados para la compra de valores en el mercado, anteriormente el PSPP y ahora el PEPP, no están diseñados por su naturaleza para contener los tipos de interés de la deuda de un gobierno, el cual podría estar sujeto a un ataque especulativo por parte de los mercados financieros. Se trata de programas diseñados para facilitar la transmisión de la política monetaria en toda la zona del euro, dado que el arma del recorte en los tipos de interés ha llegado a su casi fin , dado que ya han alcanzado su límite inferior de cero.
    El programa de emergencia para contrarrestar cualquier ataque especulativo contra un solo país es otro: la OMT (Outright Monetary Transactions) que se introdujo en 2012 después de la famosa declaración de Mario Draghi: “lo que sea necesario”. Sin embargo, también tiene su límite: para activar el instrumento, un gobierno primero debe acceder a un plan de asistencia financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES). A su vez, esto requiere que el gobierno se someta a una “condicionalidad”, es decir, acuerde con el Mes un plan de ajuste económico y finanzas públicas. Es precisamente el espectro de condiciones lo que hasta ahora ha mantenido a los gobiernos alejados del Mes y, de hecho, ha impedido el uso del OMT, que de hecho se ha mantenido en el papel.
    Al parecer, a solicitud de Italia, se está debatiendo cómo suspender o aligerar la condicionalidad para acceder a la asistencia financiera del Mes.

  • Esta vez el banco central no puede quedarse solo. Mientras la respuesta sea de estados individuales, terminará preocupando a países con una deuda alta como el nuestro. Para ello, se necesita una acción a nivel comunitario.

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