Eficiencia y equidad en las políticas económicas*

A raíz de los acontecimientos de las últimas semanas estamos asistiendo a unas interesantes discusiones sobre las políticas más adecuadas para combatir los efectos de la inflación y la crisis ucraniana. Estas políticas suelen tener efectos sobre la eficiencia -la asignación de recursos de tal manera que no haya otra asignación en la que todos puedan mejorar- y la equidad -el impacto de esas políticas sobre los diversos agentes en especial sobre los más vulnerables. Y ambos impactos pueden ir en direcciones diferentes. ¿Qué hacer?

En esta entrada me gustaría discutir este tema tomando como base lo que nos dice la teoría microeconómica. Como veremos, hay que tener cuidado en nuestras valoraciones de las políticas económicas. Los detalles -esos que hacen que, por ejemplo, un balón vaya dentro de la portería o fuera por muy poco, o que un submarino flote o no- son muy importantes. El diseño de las políticas económicas ha de hacerse con el mismo cuidado con el que se diseña un avión. Porque un ala mal diseñada es la diferencia entre que el avión vuele o no.

El análisis a partir del excedente total

La manera más simple de empezar a entender los efectos de una medida de política económica como impuestos, subvenciones, legislación favorable a la competencia, etc. es a través del excedente total que producen las transacciones de mercado. ¿Cómo se mide ese excedente?

Cuando el consumidor compra en el mercado, obtiene un excedente definido como la diferencia entre el precio máximo al cual estaría dispuesto a comprar ese bien y el precio de mercado. Así si está dispuesto a pagar hasta 100 euros por una determinada camisa y paga 80 obtiene un excedente de 20 euros. Si para el productor que la vende (suponemos que no hay intermediarios) esa camisa ha costado 30 euros ese productor obtiene un excedente (beneficio) de 50 euros. Bajo ciertos supuestos que incluyen que el gasto en esa camisa sea pequeño en relación con la renta, estos excedentes se pueden sumar (como si fuéramos utilitaristas, pero sin serlo).[1] Y así esa transacción produce un excedente de 20 + 50 = 70 euros. Si, de nuevo por simplificar, el mercado está compuesto por 10 consumidores y 10 empresas idénticas a los anteriores, ese mercado produce un excedente total de 700 euros.

Ahora supongamos que una medida de política económica afecta al mercado y las camisas se venden a 50 euros. Si no hay cambios en los agentes que transaccionan en el mercado ahora los consumidores obtienen (100-50) x 10=500. Y para las empresas el excedente es ahora de (50-30) x 10=200. Como vemos el excedente total no ha variado.

Sin embargo, es muy probable que ese nuevo precio atraiga, por ejemplo, a dos nuevos consumidores, que valoran las camisas en 60 euros y que si bien al precio de 80 euros no compraban la camisa (ya que costaba más de lo que ellos la valoran), al precio de 50 están dispuestos a comprar esa camisa. Como cada una de esas transacciones produce un excedente de 30 euros (60-50=10 para cada consumidor y 50-30=20 para cada empresa), la rebaja en el precio de las camisas ha hecho aumentar el excedente total en 60 euros. El que la bajada de los precios (cuando están por encima del coste marginal) aumente el excedente total es un hecho bastante general que explica que en todos los estados medianamente desarrollados exista una autoridad de defensa de la competencia que se vela por que los precios de los productos no se disparen como consecuencia de la colusión entre empresas.

Este análisis se puede generalizar a muchos consumidores y muchas empresas distintas. También puede tener en cuenta el coste de la intervención pública que ha hecho bajar los precios. Así si en el ejemplo anterior el coste de la medida reductora del precio es de 30 euros esas medidas aumentan el excedente total. Es cuestión de ser cuidadoso e irlo cuadrando todo.[2]

El problema del análisis anterior es que no tiene en cuenta los efectos distributivos de las medidas de política económica. Así podría ocurrir que la medida que ha hecho bajar el precio de mercado se haya financiado con un impuesto sobre todos los ciudadanos. Con lo que aquellos que no compran esas camisas están peor que antes de la intervención. Si estos consumidores son los más pobres no está claro que la medida de reducción del precio haya sido socialmente beneficiosa, aunque haya aumentado el excedente total.

La desigualdad

Una crítica a las políticas económicas que se están barajando e implementando recientemente (subsidios, bajada de impuestos) es que aumentan la desigualdad. Y ahí se suele dejar, yo entiendo que porque se considera que esto es una crítica mortal y no merece la pena seguir discutiendo. ¿Está justificada esa actitud?

Allá por el final de los años 70 del siglo pasado los economistas empezaron a considerar las comparaciones interpersonales de utilidad como un tema que merecía ser investigado. Siguiendo una sugerencia de Amartya Sen varios economistas, por entonces jóvenes promesas, se lanzaron a este mundo.[3] En particular Peter Hammond, que fue mi profesor de micro en la LSE (algún día contaré algunas de sus "idiosyncrasies", en todo caso nos dio un curso excelente) propuso el siguiente axioma:

Axioma de equidad de Hammond. Supongamos que hay un individuo, digamos A, que está peor que otro, B, en dos situaciones X e Y (y ahí es donde entra la comparabilidad interpersonal). Todos los demás individuos de la sociedad están indiferentes entre X e Y. Si el individuo que está peor en ambas situaciones prefiere X a Y y el otro Y a X, entonces la sociedad debe preferir X a Y.[4]

El axioma formaliza la idea de dar prioridad a los gustos de la persona que está peor. O sea que, volviendo a la discusión de las medidas de política económica si los menos afortunados económicamente son perjudicados por una subvención, esa medida no debe llevarse a cabo. El problema es que si esto se hace sistemáticamente da lugar al siguiente resultado.

Teorema de Hammond. Bajo ciertas condiciones, una ordenación social de preferencias respeta el axioma de equidad de Hammond si y sólo si es la regla de maximin, o sea los estados sociales son juzgados únicamente en función de las preferencias del individuo que está peor situado en esos estados sociales.[5]

Para ver que, en general, el maximin es una manera muy extrema y poco satisfactoria de valorar los estados sociales imaginemos el siguiente ejemplo con dos estados sociales Z y W. En Z todos son ricos excepto un individuo, digamos C, que es relativamente pobre y es el peor situado. En W todos son pobres, aunque no tanto como C, pero como este ya no envidia la riqueza de los otros, C está un poco mejor en W que en Z. Pues entonces la sociedad debe escoger W sobre Z. La aplicación recursiva del axioma de equidad nos genera este tipo de valoraciones sociales. Naturalmente hay situaciones en las cuales ese tipo de valoración podría ser razonable especialmente para elecciones que implican derechos básicos.[6] Pero sacrificar sistemáticamente a todo el mundo forzándoles a vivir en la situación escogida por el que está peor no parece una regla aconsejable como un buen compromiso social. De hecho, es la ausencia de compromiso.

El compromiso

En un reciente artículo Ramón Torregrosa y un servidor nos pusimos a la tarea de estudiar un par de extensiones del análisis del excedente.[7] La primera extensión es que, aun ponderando igualmente los excedentes de consumidores y productores, el análisis tradicional no puede tratar la situación en la que hay consumidores (pobres) para los que además de la restricción presupuestaria existe otra restricción de consumo mínimo de otras mercancías que les impide comprar todo lo que desearían. Por ejemplo, pagar 500 euros de alquiler puede restringir la demanda de electricidad (en esto consiste la pobreza energética) y hacer que la función de demanda sea más inelástica lo cual, bajo competencia no perfecta, incrementa el precio de mercado. Si ese consumidor sólo puede dedicar 100 euros a calefacción su función de demanda tiene elasticidad unitaria. Si ese tipo de consumidor fuera el único en el mercado y éste estuviera abastecido por un monopolista, éste cargaría un precio arbitrariamente alto y el consumo de calefacción sería arbitrariamente bajo. O sea que hay casos en que la pobreza energética se retroalimenta.

La segunda extensión considera un excedente ponderado en el que consumidores y productores pueden tener diferentes pesos en la suma de los excedentes. Este caso no es trivial, porque introduce una no convexidad con la que hay que tener mucho cuidadín. La no convexidad implica que, aunque te muevas en la dirección de la política socialmente correcta, el bienestar social puede disminuir. Y que los óptimos locales (que son fáciles de detectar a través de pequeños movimientos) no siempre son óptimos globales. Además, un peso excesivo dado al consumidor puede llevar a la bancarrota a las empresas lo cual no beneficia a nadie. La política óptima puede requerir no sólo un precio sino unas transferencias a las empresas para que sigan operando. Por lo demás nuestro trabajo es sólo una primera aproximación ya que ignora problemas de información y los efectos de esas políticas en otros mercados.

Resumiendo

La consideración de la equidad en la valoración de la política económica ha de realizarse con cuidado para no caer en extremismos que al final no interesan a nadie. Antes de descartar una política porque afecta negativamente a un grupo de consumidores especialmente vulnerables hay que medir y cuantificar. Por ejemplo, hay que ver si con parte de la recaudación que produce un impuesto se puede compensar a los que no han ganado con ese impuesto y ya estaban en situación precaria. Y hay que tener claro cuáles son las relaciones sociales de sustitución entre unos consumidores y otros. Todo esto requiere cuidado, mediciones muy exactas y mucho trabajo. Que es una de las razones por las que la profesión de economista es tan difícil.

[*]Agradezco a Carmen Beviá, Juan Luis Jiménez, Juan Francisco Jimeno y Juan D. Moreno-Ternero sus comentarios a una versión preliminar de este trabajo. Todos los errores u omisiones son de mi única responsabilidad.

[1]El supuesto técnico es que exista un bien de consumo en el que la función de utilidad que representa las preferencias sea lineal. Bajo ese supuesto la eficiencia se obtiene maximizando la suma de las utilidades.

[2]Una explicación más detallada de los excedentes del productor y consumidor se halla en el libro de Jean Tirole "La Teoría de la Organización Industrial", Ariel Economía, 1990 pp. 22 y ss.

[3]Una excelente exposición de esa literatura se halla en el libro de John Romer "Theories of Distributive Justice" Harvard U. Press, 1996, capítulo 1.

[4]Este axioma está al final de la página 795 del artículo original, ver https://www.jstor.org/stable/pdf/1913445.pdf

[5]Estas condiciones adicionales incluyen la eficiencia, la anonimidad y que el orden social esté definido para cualquier preferencia de los individuos.

[6]El maximin fue propuesto por Rawls en su "Theory of Justice" (1971) esencialmente para ese tipo de bienes básicos (libertad, justicia, derecho a la propia vida, etc.) ver https://plato.stanford.edu/entries/rawls/

[7]El artículo original está en https://link.springer.com/article/10.1007/s13209-021-00245-5. Para los que no tengan acceso a ese vínculo el documento de trabajo puede accederse aquí https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3305094