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¿Importa la regulación legal del divorcio? Sí, pero no por las razones que crees

Uno de los temas de investigación que más me interesan consiste en explorar los “efectos colaterales” de las políticas sociales. Los gobiernos y los parlamentos adoptan medidas con algún objetivo en mente, y es la labor de los científicos sociales evaluar el impacto de dichas políticas sobre las dimensiones a las que se pretende influir, pero también detectar posibles efectos inesperados o no considerados de antemano por el legislador, de cara a informar tomas de decisiones futuras.

Un ejemplo de política con efectos no anticipados es la regulación legal del divorcio.

Muchos países han reformado la legislación relativa al divorcio durante las últimas décadas, casi siempre en la dirección de facilitar la ruptura matrimonial. Por ejemplo, en España el divorcio se legalizó (tras estar prohibido durante la dictadura) en 1981. En Irlanda, el divorcio estaba prohibido hasta 1996, y en Chile no se legalizó hasta 2004. Siendo el divorcio legal, había países que hace sólo unas décadas lo permitían únicamente en casos muy restringidos, exigiendo que uno de los miembros de la pareja demostrara que el otro había cometido algún tipo de falta grave como adulterio, malos tratos o abandono del hogar. Con el tiempo, cada vez más países pasaron a permitir la disolución matrimonial por consentimiento mutuo. Finalmente, muchos países en años recientes han introducido el divorcio unilateral, es decir, a petición de uno de los dos esposos, con o sin el consentimiento del otro. Por ejemplo, esta posibilidad se contempla en la reforma de la ley española del divorcio de 2005.

¿Importan estas leyes? La pregunta de primer orden sería, para empezar, si la “liberalización” del divorcio afecta a la tasa de disoluciones matrimoniales. Muchos estudios parecen confirmar que, al menos a corto plazo, la tasa de divorcio aumenta cuando la legislación lo facilita (ver por ejemplo aquí y aquí). Pero claro, podría aducirse que, cuando el divorcio es muy difícil o está prohibido, las parejas se separan igualmente, aunque sin el sello legal del divorcio. Si esto fuera así, quizá la legislación es irrelevante, o importa solamente a la hora de decidir o implementar las transferencias económicas entre esposos o la custodia de los hijos.

Figura 1. Divorcios anuales por 1,000 habitantes en España, 1975-2012

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Fuente: INE.

Sin embargo, estudios recientes proporcionan abundante evidencia de que los cambios en la regulación legal del divorcio tienen efectos sociales importantes, más allá de la tasa de disoluciones matrimoniales. Los estudios elaborados por economistas suelen explotar “experimentos naturales” para responder a estas preguntas, por ejemplo comparando la evolución de tendencias sociales en diferentes estados de EEUU que liberalizaron el divorcio en distintos momentos, para detectar posibles cambios de tendencia estatales coincidentes con las fechas de las reformas legales.

El punto clave para entender estos efectos está en que, incluso si la ley no afectara al número de divorcios o separaciones, reducir el coste del divorcio o cambiar las reglas puede afectar al comportamiento de las personas, tanto casadas como no casadas. Por ejemplo, imaginemos un matrimonio con desavenencias. Los modelos económicos de negociación dentro del hogar sugieren que en las negociaciones intra-familiares, el poder de negociación de cada miembro de la pareja se ve afectado por la credibilidad de la amenaza de marcharse (divorciarse). Una ley que pasara de exigir mutuo acuerdo a permitir el divorcio unilateral podría tener efectos importantes sobre el poder de negociación relativo dentro de la pareja, mejorando la situación del esposo con menor interés en preservar el matrimonio, y esto a su vez podría afectar a otras decisiones de la familia.

Me gustaría ilustrar algunos de los resultados de esta literatura reciente referentes a varias dimensiones, tan dispares como: la oferta de trabajo femenina, el ahorro de los hogares, la violencia doméstica, y el bienestar de los hijos.

Varios estudios parecen confirmar que la liberalización del divorcio tiene como consecuencia un aumento en la oferta de trabajo femenina, entre mujeres casadas, y quizá incluso entre no casadas. En un artículo reciente, mis coautores y yo estudiamos el caso de la legalización del divorcio en Irlanda. Tras dicha legalización en 1996, la tasa global de separaciones y divorcios aumentó, pero no entre parejas que se declaraban muy religiosas (católicas), que constituían nuestro “grupo de control”. Encontramos que tras la legalización, las mujeres casadas en parejas no religiosas (para quienes el riesgo de divorcio aumentó) incrementaron de manera significativa su participación en el mercado laboral, comparado con las mujeres casadas en el grupo de control.

Otros estudios se han centrado en la introducción del divorcio unilateral en distintos estados de EEUU, encontrado igualmente que el divorcio unilateral va acompañado de aumentos en la oferta laboral femenina.

Una posible explicación es que un aumento en la probabilidad de divorcio futuro puede aumentar el valor de invertir en experiencia laboral para las mujeres casadas, si se prevé que el divorcio pueda tener consecuencias económicas negativas. (Nótese sin embargo que este efecto dependería de los detalles de la legislación, ya que si el miembro de la pareja con mayores ingresos está obligado a apoyar económicamente al otro indefinidamente, esto podría crear incentivos para reducir la oferta laboral en anticipación de un posible divorcio).

También con datos relativos a Irlanda, en un trabajo reciente encontrábamos que la legalización del divorcio tuvo como efecto secundario un aumento en el ahorro de los hogares. Aunque a priori un aumento en el riesgo de divorcio podría generar incentivos tanto para ahorrar más (en previsión de mayores gastos futuros) como para ahorrar menos (para no tener que repartir el patrimonio en caso de separación), el primer efecto parece dominar.

Así que parece que el derecho de familia puede tener efectos económicos indirectos. Pero los efectos indirectos no se limitan a la economía familiar. Varios estudios, unos con datos de EEUU y uno reciente para España, muestran que la introducción del divorcio unilateral, al afectar el poder de negociación dentro del hogar, puede llegar a afectar a la incidencia de la violencia doméstica. Por ejemplo, el trabajo con datos de España muestra que la reducción de los costes del divorcio en España generada por la ley del “divorcio express” de 2005 tuvo como consecuencia una reducción en la violencia doméstica entre parejas casadas (incluso entre las que siguieron juntas), usando las parejas de hecho (no afectadas directamente por la ley del divorcio) como grupo de control.

Cuando se habla de divorcio, es inevitable plantearse si la legislación puede afectar al bienestar de los hijos, tanto a corto como a largo plazo. Se trata de una pregunta evidentemente muy difícil de contestar. Varios trabajos recientes lo intentan (ver aquí, aquí y aquí). La evidencia parece sugerir que la liberalización del divorcio no tiene efectos positivos a largo plazo sobre los hijos. Por ejemplo, Jonathan Gruber encuentra que niños que vivían en estados con divorcio unilateral alcanzaron un nivel educativo más bajo y un menor nivel de ingresos (de adultos) que aquellos que crecieron en estados que no permitían el divorcio unilateral.

La difícil labor del legislador es tomar decisiones que tengan en cuenta los resultados de estas investigaciones, es decir, tratando de anticipar todos los efectos potenciales, directos e indirectos, de las distintas políticas posibles. La labor de los investigadores es proporcionarles evidencia sólida que les facilite esta tarea.