La semana pasada tuvo lugar la apertura oficial del curso en mi escuela de posgrado, la Barcelona GSE. Para la lección inaugural, tuvimos la suerte de contar con la presencia de Ted Miguel, profesor de economía en Berkeley especializado en desarrollo económico. Sus dos presentaciones, sobre distintos programas dirigidos a familias pobres en Kenya, me impresionaron mucho, y quería compartirlas con nuestros lectores. Son un buen ejemplo de cómo la economía puede ayudar a responder preguntas relevantes de política económica de manera rigurosa y creíble (¡aunque cara!).
Los dos trabajos que Miguel presentó evaluaban el impacto de dos intervenciones diferentes, ambas en Kenya. La primera consistía en distribuir ayudas monetarias (generosas) entre las familias más pobres de cada localidad, mientras que la segunda subvencionaba el acceso a la red eléctrica para hogares rurales pobres. ¿Cuáles fueron los efectos de las dos políticas alternativas?
Para responder a esta pregunta, es crucial poder comparar el bienestar de las familias después de cada intervención con el de algún tipo de “grupo de control”, hogares similares que no hayan recibido la ayuda. Con este objetivo, los investigadores seleccionaron las zonas perceptoras de manera aleatoria, de modo que, dentro de la misma región, algunas áreas recibieron las ayudas y otras no. Además, tuvieron que realizar censos y encuestas a los residentes de las zonas incluidas en el estudio, tanto antes como después de la intervención. Y por si esto no fuera ya suficientemente costoso, los investigadores tuvieron que recaudar los fondos para financiar las subvenciones. Para el primer proyecto, de las ayudas monetarias, asociados con una ONG consiguieron recaudar 11 millones de dólares (¡!).
¿Qué piensan que tuvo un mayor impacto para las familias? ¿Mil dólares en la mano, o el acceso a la corriente eléctrica en el hogar?
En el primer estudio se incluyó a 653 aldeas, de unos 100 habitantes cada una. La ayuda consistió en tres pagos por un total de unos 1.000 dólares, que recibieron sólo las familias más pobres (sobre un tercio de los hogares de cada aldea). Para estas familias, la ayuda representaba el 75% de los gastos anuales del hogar.
Las familias que recibieron la ayuda declararon un aumento en su nivel de consumo de un 13% un año después de la implementación del programa. Una parte de la ayuda se dedicó a la adquisición de bienes duraderos. No se encontraron grandes efectos en horas trabajadas, ni tampoco en los precios locales. Estas familias claramente mejoraron su bienestar en el corto plazo.
Quizá lo más interesante de este estudio, sin embargo, no es el documentar cómo se gastaron el dinero las familias perceptoras. No es sorprendente que el bienestar de estos hogares mejorara en el corto plazo, gracias a la ayuda. El caso es que el análisis también permite estudiar los efectos sobre la economía local, es decir, los negocios y las familias en el mismo pueblo, que no recibieron la inyección directamente. Y los resultados sugieren efectos macro importantes. Las ayudas aumentaron la demanda de productos y servicios proporcionados por los negocios locales, que aumentaron sus ventas y sus ingresos, así como los salarios que pagaban. Al cabo de un año, el nivel de consumo en los pueblos afectados había aumentado en una magnitud similar en los hogares directamente afectados (más pobres) y en los demás. Aunque el efecto sobre la desigualdad es pequeño, toda la economía local se ve beneficiada (al menos en el corto plazo). Lo que quizá es algo decepcionante es que el aumento en el gasto no parece traducirse en mayor inversión, lo que hace preguntarse si los efectos se disiparían en el tiempo.
¿Qué hay de la segunda intervención? Cabe pensar que subvencionar el acceso a la electricidad podría tener efectos transformadores para familias pobres en un entorno rural. Tanto el gobierno de Kenya como los organismos internacionales tienen grandes esperanzas puestas en este tipo de programas de inversión en infraestructuras.
En este caso, el estudio incluyó a 150 comunidades rurales, y la intervención consistió en subvencionar parcial o totalmente la instalación eléctrica en el hogar. Se siguió a las familias afectadas y a las de control hasta tres años después de la intervención. Los resultados de este segundo programa fueron decepcionantes. Las familias a las que se le instala la conexión a la corriente sí la utilizan, aunque con una intensidad muy limitada (consistente con usar una bombilla y cargar un móvil una vez al día). Sin embargo, las visitas y encuestas posteriores no detectan que el acceso a la red eléctrica tuviera un impacto detectable en la vida de las familias, ni en variables económicas ni no económicas. El problema parece ser que los hogares afectados son demasiado pobres como para, por ejemplo, comprar electrodomésticos u otros aparatos eléctricos. Tampoco parece que la luz eléctrica mejore, por ejemplo, el rendimiento escolar de los niños.
Teniendo en cuenta que esta segunda intervención iba dirigida a los hogares, en un entorno en el que hospitales, escuelas y centros de negocios ya tenían acceso a la electricidad, los resultados sugieren que este tipo de infraestructura no tiene un impacto importante para la vida de estas familias, al menos en el corto y medio plazo. Quizá tampoco es tan sorprendente dado que, en la primera intervención, casi ninguna familia decidió gastarse el dinero de la ayuda en conectar su casa a la red eléctrica, a lo cual tenían acceso a un coste de unos 400 dólares.
¿Qué podemos aprender de estos estudios? En primer lugar, que una evaluación de impacto bien diseñada puede proporcionar respuestas a preguntas relevantes de políticas públicas, con efectos importantes sobre el bienestar de la población. En segundo lugar, que estudios de tipo experimental se pueden usar no sólo para responder a preguntas “pequeñas” y desconectadas de la teoría económica, sino incluso para cuestiones de tipo macroeconómico, como los efectos de equilibrio general de un shock de renta importante en una economía local.
Termino recordando que en España también hay investigadores que se dedican a evaluar los impactos de distintas políticas públicas de manera rigurosa, y una discusión pública de sus resultados, así como una mayor interacción con los gobernantes, podrían ser fructíferas en términos de mejorar la efectividad en la toma de decisiones públicas.