Reproducimos aquí un artículo publicado en La Vanguardia el pasado domingo. He añadido algunos vínculos entre paréntesis, principalmente a temas que hemos discutido en este blog anteriormente, que pueden ser útiles para el debate.
Los organismos reguladores independientes se crearon para velar por que el funcionamiento de los mercados se rigiera únicamente por criterios económicos y alejar así la sospecha de una regulación política de los mismos. La percepción general, sin embargo, es que la nueva y flamante Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constituido una paso hacia ese esquema anterior y a un interés en el control más directo de los mercados por parte del gobierno. La creación de este organismo ha sido ampliamente criticada tanto dentro como fuera de España debido a un diseño cuestionable (ver aquí o aquí), único en el mundo avanzado que integra reguladores sectoriales y autoridades de competencia, y a la disminución de competencias con respecto a los organismos que reemplaza así como, sobre todo, la pérdida de su independencia respecto al gobierno, que, entre otras cosas, ha nombrado a la práctica totalidad de sus consejeros, poniendo más peso en la afinidad política que en los criterios técnicos. De hecho, la Comisión Europea ha anunciado recientemente que sigue preocupada por la cuestionable independencia de la CNMC y de sus nombramientos. Es por ello que la gestión que se haga de la actual crisis eléctrica determinará la futura credibilidad del nuevo regulador.
A primeros de diciembre el Ministerio de Industria solicitó a la CNMC que investigara el origen de la alarmante subida del precio de la electricidad en el mercado diario. La reciente subasta Cesur, que determinó un incremento del precio del MWh de más del 25%, llevó al Ministerio a solicitar además que la CNMC, en un plazo de 24 horas, se pronunciara sobre el correcto funcionamiento de esa subasta. A las 4 de la mañana del siguiente día la CNMC hizo pública una escueta nota de prensa en la que no validaba la subasta debido a la concurrencia de “circunstancias anómalas”. Esto se hizo a pesar de que los técnicos de la misma CNMC que supervisaban la subasta no encontraran problema alguno mientras se celebraba.
Todo parece indicar que la CNMC se ha erigido en el escudo que el Ministerio de Industria va a utilizar para distraer la atención de los muchos errores en la gestión de esta crisis en el mercado eléctrico. Primero, la antigua Comisión Nacional de la Energía, uno de los organismos a los que la CNMC reemplaza, llevaba años cuestionando el uso de las subastas Cesur como mecanismo para la fijación del precio de la electricidad. Es por ello sorprendente que en la reforma del mercado eléctrico impulsada por el Ministerio precisamente durante estas fechas no se mencionaran cambios en ese aspecto ni en otros que desde hace años se han apuntado como fuentes de los altos precios de la electricidad en España (existe ya un Libro Blanco sobre la reforma del sector eléctrico desde el año 2005) y se concentrara esencialmente en como enjuagar el déficit de tarifa. Segundo, los recientes acontecimientos por los cuales el gobierno renegaba de su promesa de contribuir su parte (3600 millones) de este déficit de tarifa ha conllevado una mayor incertidumbre en el sector, aumentando la volatilidad y posiblemente los precios en los mercados a plazo, muy ligados al precio resultante de la subasta Cesur. Tercero, se han vertido graves acusaciones de manipulación de la subasta sin aportar pruebas concluyentes. Estas acusaciones son las que se utilizan como excusa para invalidar el precio resultante de la subasta y reemplazarlo, en un acto insólito, por un nuevo sistema de precios.
Una CNMC independiente debería llevar a cabo una estudio que, de acuerdo a las reglas de la política de competencia, acuse de manipulación únicamente si existen datos de concertación entre las empresas que participaban en la subasta. Sin embargo, si las empresas utilizaron estrategias que redundaban en su propio beneficio pero sin incumplir las reglas de la subasta eso no debe ser achacado a la manipulación sino a una deficiente regulación que debe ser denunciada. Asimismo, como respuesta al informe solicitado a principios de diciembre por el Ministerio de Industria, la CNMC debería llevar a cabo una análisis independiente y completo de los problemas del sector eléctrico y de en qué medida la reforma del gobierno eléctrico los soluciona.
La CNMC se enfrenta, por tanto, a un dilema. Por un lado, puede dar la razón al Ministerio de Industria y culpar a perversos manipuladores de todos los problemas del sector, poniendo en evidencia a la misma CNMC y a sus ideólogos en el gobierno. Por el otro, puede mostrar independencia del Ministerio, y explicar a la sociedad que el mercado eléctrico necesita una reforma más profunda que la que se ha planteado (ver la entrada de Natalia Fabra aquí, por ejemplo), orientada esta vez a aumentar la competencia, reduciendo así los precios de manera permanente, en lugar de parches como el nuevo mecanismo de fijación de precios que es una respuesta puntual a la alarma social generada pero que no constituye una solución al problema eléctrico.