Por Judit Vall
Casi todos somos conscientes de la relación que existe entre la salud y el nivel socioeconómico. Eso queda corroborado por diversos análisis de la economía de la salud que han demostrado y cuantificado la relación entre las condiciones socioeconómicas y los patrones de conducta que dan lugar a un estado de salud mejor. La conclusión es que las personas con mayor nivel socioeconómico fuman menos, beben menos, hacen más deporte y comen más sano, lo que hace que, entre ellas, la tasa de obesidad y la de sobrepeso sean menores, y el estado general, más sano.
Los factores que explican esa correlación son varios; entre ellos, el acceso a información relevante, la capacidad de pagar por algunos servicios (como los que ayudan a dejar de fumar o los gimnasios) y la calidad de los productos que se consumen (la comida más sana suele ser más cara que la comida basura).
Desde mi punto de vista, tener en cuenta esos factores resulta de vital importancia ya que, como nos explicaba Beatriz Lopez Valcárcel en una entrada reciente (aquí), el Institute of Health Metrics and Evaluation estima que, en 2017, el 16 % de las muertes en España se pueden atribuir al tabaco, el 12 % a la dieta, el 8 % al alcohol y el 2 % al sedentarismo. Por lo tanto, los elementos conductuales influyen de manera relevante en la salud de la población hasta el punto de condicionar la probabilidad de morir (en este post de Libertad González, vemos las diferencias en las tasas de mortalidad en España por nivel socioeconómico, edad y sexo).
Siguiendo esa línea argumentativa para la covid-19, sabemos que la prevalencia del virus es mayor en grupos de nivel socioeconómico inferior, como se ha comprobado en varios países (véase aquí que en Estados Unidos la prevalencia es mayor en ciertos grupos poblacionales con menores recursos). Para España, en un post anterior (aquí), se mostraba como el número de casos positivos de covid‑19 (relativos a la población) aumenta con el nivel de privación socioeconómica. Es decir, a mayor privación, más casos documentados de personas afectadas por el virus.
Por otra parte, desde hace unas semanas, las autoridades sanitarias han decidido implementar una estrategia de salud pública en algunos barrios y ciudades del territorio español que consiste, entre otras cosas, en hacer test (PCR) masivos a la población. Esa decisión se ha tomado siempre tras observar y documentar que, en las zonas donde se aplica, ha aumentado la tasa de contagio más que en otras zonas y que ese aumento es significativo. Así, en Barcelona se empezó con los test masivos a finales de agosto en los barrios de Torre Baró y Besos-Maresme, que resultan ser dos de las zonas con la renta media anual más baja de toda la ciudad (menos de 10 000 euros anuales según los datos del Ayuntamiento de Barcelona).
Está claro que existen razones inherentemente ligadas a la clase social y, por lo tanto, muy difíciles de modificar a corto plazo, por las que las personas con menos recursos pueden resultar más afectadas por los contagios. Por ejemplo, al tener trabajos menos cualificados la posibilidad de teletrabajar es menor y, por lo tanto, están expuestas a más contactos en el ámbito laboral. Muchas de estas personas se ven obligadas a vivir en pisos muy pequeños, y a menudo compartidos con otras unidades familiares. Además, se ven forzados a utilizar el transporte público en mayor medida que las personas con rentas más altas, pues, en muchas ocasiones, no disponen de coche particular.
Ahora bien, desde mi punto de vista, la pregunta crucial es si la diferencia en la tasa de contagio es atribuible a razones fuera del alcance de los individuos, ligadas a su clase social, y que los abocan a estar más expuestos al contagio, o si, por el contrario, responden, al menos parcialmente, al comportamiento de los individuos (como el tabaquismo o la buena alimentación) que los lleva a tomar menores precauciones ante el contagio?
En el estudio «Socio-demographic factors associated with self-protecting behavior during the COVID-19 pandemic» publicado recientemente (aquí), los autores se basan en las respuestas a una encuesta representativa que contestan 1000 ciudadanos de Estados Unidos y que evalúa si los individuos con mayor estatus socioeconómico adoptan en mayor medida comportamientos que limitan el contagio del virus.
Los datos se recogieron durante la tercera semana del mes de abril en los estados de California, Florida, Nueva York y Texas. Como medidas de autoprotección frente al virus, los autores definen tres categorías: 1) Si el individuo ha cambiado algún comportamiento como respuesta a la pandemia; 2) si el individuo ha incorporado medidas de distanciamiento social, como evitar espacios públicos o limitar las visitas a amigos y familiares; y 3) si el individuo ha aumentado la frecuencia en el lavado de manos o la utilización de la mascarilla.
Los resultados muestran importantes incrementos en las tres categorías para las personas con mayor nivel de renta. En particular, los autores documentan que, en promedio, la probabilidad de cambiar el comportamiento y aplicar alguna de las medidas de protección (categoría 1) es entre el 16 y el 54 % más alta en las personas que pertenecen al quinto quintil de renta (media de renta anual de 233 895 dólares) que en la que se sitúan en el primer quintil (media anual de 13 775 dólares).
Aparte de documentar que la gente con mayor nivel de renta tiene mayor probabilidad de teletrabajar, los autores también muestran que la relación entre la renta y la probabilidad de adoptar medidas de autoprotección no desaparece y se mantiene de manera significativa (aunque el valor del coeficiente disminuye) cuando se incluyen controles que capturan características personales (sexo, edad, entre otras) y laborales.
A mi parecer, el hecho de constatar que la probabilidad de adoptar medidas de autoprotección es menor en personas de renta inferior de ninguna manera puede llevar a concluir que son menos responsables. En cambio, la interpretación de los resultados encaja más con la idea de que la información sobre la importancia de esas medidas no les llega de manera tan directa a los grupos de población más desfavorecidos. Además, la adopción de tales medidas es relativamente más fácil para los grupos de renta alta, cuya probabilidad de teletrabajar es mayor; por ejemplo, no tienen la necesidad de visitar a familiares para dejar los niños a su cargo mientras van a trabajar.
Lo que sí creo que se puede concluir de los resultados de este artículo es que las políticas públicas encaradas a fomentar el cumplimiento de las medidas de autoprotección, tanto las que trasmiten información para concienciar a la población como las que incluyen ayudas económicas, deberían ser diferentes ―en formato y en cuantía― en función del grupo socioeconómico al que se dirijan.