Como probablemente conozca, la Comisión Europea estableció la semana pasada, con aplicación a partir del viernes pasado (05 de julio), un aumento de los aranceles a los coches eléctricos que se fabrican en China de entre 17,4% y 37,6% según la marca, que se suman al 10% ya existente (aquí y aquí dos buenas noticias que lo resumen).
La Comisión basa esta medida en la denuncia que la propia presidenta hiciese al respecto de las ayudas estatales que estarían recibiendo las empresas chinas, lo que les permitiría vender sus coches a precios bajos en los diferentes mercados donde compiten. A partir de ahí, en octubre de 2023 comenzó una investigación la propia Comisión para confirmar este hecho, lo que hoy nos ha llevado a soportar estos aranceles en la Unión Europea.
Todo esto tiene una duda, una certeza, un comportamiento hipócrita y un claro perdedor. Desgranemos.
La duda
Hasta donde conozco, el informe de la Comisión Europea al respecto de la situación del mercado de producción de vehículos en China y los subsidios que, según la Presidenta de la Comisión, los sustentan, no es público. Disculpen la desconfianza, pero la falta de transparencia es (siempre) el primer acicate de la duda. Y este hecho genera duda.
Como siempre, si alguien tiene acceso al mismo y puedo rectificar este comentario, el debate ganará y eliminaremos este primer punto. Pero nos quedan tres más.
La certeza
En pleno siglo XXI resulta redundante tener que mostrar nuevamente los efectos negativos de los aranceles sobre la economía de cualquier país y, principalmente, sobre los consumidores. De hecho, traslado literalmente lo que ya nos explicó Gerard Llobet hace unos años en el párrafo siguiente:
"Tal y como Rodrik explicaba hace un par de años, el uso de aranceles ha sido habitual en el pasado, sobre todo por gobiernos populistas. La razón es simple. Sabemos que la disminución de los aranceles tiene un impacto positivo y que se reparte entre toda la sociedad. Este impacto es menor cuanto más bajos son los aranceles que se reducen, mientras que el coste afecta a unos pocos y es prácticamente igual, independientemente del nivel inicial. Esto hace que cuanto menores sean los aranceles que se quieran eliminar, más difícil resulta que la gran mayoría de pequeños ganadores pueda compensar a los pocos grandes perdedores. Y esto explica, por supuesto, por qué en un momento como el actual donde los aranceles son bajos, subirlos pueda generar réditos políticos."
Sumado al comentario anterior, destaquemos que la mayoría de evidencias empíricas acerca de los efectos de los aranceles en la economía muestran resultados similares: aumentan los precios de los bienes gravados por el arancel en el país que los establece, disminuye la demanda del bien importado y el aumento en la producción local no compensa los costes de los consumidores (véase Carroll y Hur, 2023, donde analizan los efectos redistributivos de los aranceles, justificando que los costes principalmente recaen sobre las rentas más bajas).
Por citar algunos ejemplos recientes de lo anterior, tenemos los trabajos que han evaluado la política de incremento de aranceles en Estados Unidos, en electrodomésticos por Flaaen et al (2020), en el acero por Ahmad y Ahmad (2023), o el de Houde y Wang (2023) para los paneles solares importados de China. Interesante también el de Mogendi et al (2023) para Kenya.
El comportamiento hipócrita
La Comisión acusa a China de subsidiar a empresas para vender a precios más bajos y olvida un pequeño (gran) detalle: ¿acaso no se utiliza dinero público en la Unión Europea, y en cada uno de los países que la conforman, para el mantenimiento de este sector? La respuesta es claramente afirmativa, dado que son múltiples las líneas de financiación utilizadas para ello.
Este autor no dispone de una base de datos con la que contabilizar cuántas ayudas ha recibido el sector en los últimos años (¿alguien la conoce y la puede señalar, por favor?), pero sí podemos destacar varias líneas al respecto. La primera, las ayudas públicas a la sustitución de vehículos que, en buena parte, pueden convertirse en un subsidio encubierto a la industria, como ya pasase en España hace unos años. Solo en España, superaría los 2.000 millones de € en la última década (cálculos propios).
La segunda, las ayudas al sector a partir de la pandemia para el desarrollo del vehículo eléctrico. Solo en España suponen más de 24.000 millones de euros en estos años, de los que claramente se beneficiarán las empresas.
La tercera, las diferentes inversiones públicas realizadas para mantener los centros de producción en diferentes ubicaciones de la Unión Europea. En el caso de España son múltiples los casos en los que es el sector público quien soporta costes asociados al mantenimiento de empleos directos e indirectos (léase Ford en Valencia, Nissan en Barcelona, etc.), para los que no existe una contabilidad de tales costes.
Tras recordar esto, hagamos nuevamente la pregunta inicial: ¿ utiliza el sector público en Europa ayudas para financiar la industria automovilística? La respuesta es, claramente, que sí.
El perdedor
El gran perdedor, como muestra toda la evidencia empírica al respecto, es siempre el mismo: el consumidor. ¿Por qué motivo? En primer lugar y principal motivo, porque el arancel no permitirá que los vehículos eléctricos bajen de precio mientras este dure.
En segundo lugar, porque el "colchón" que el arancel genera a las empresas que producen en Europa hará que estas tomen con más calma los procesos de innovación tecnológica que, en el fondo, benefician a los consumidores. En tercer lugar, porque seguirá manteniéndose igualmente el uso de dinero público para sustentar al sector, con el consiguiente coste de oportunidad del mismo. En cuarto lugar, porque otros sectores exportadores se verán perjudicados por la guerra comercial que pueda abrirse tras ello. Y en quinto lugar, porque los (supuestos) beneficios del arancel en pro de la producción local no tienen por qué darse, ni compensarán los costes del mismo.
Conclusiones
La falta de transparencia perjudica a la sociedad. Los aranceles perjudican a la sociedad. Las malas políticas perjudican a la sociedad. Si desean aplicar esas medidas, al menos no seamos hipócritas: aportemos datos, evaluemos efectos, reconsideremos políticas.