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La fusión Iberia-Air Europa: (falta de) competencia, consumidores y dinero de los contribuyentes

Por Juan Luis Jiménez

Como explicamos en un post anterior, la gestión de la crisis que (también) sufren las aerolíneas, nos puede llevar a que estemos pagando como sociedad hasta tres veces el gasto público que se decida utilizar para este sector: como consumidores, como contribuyentes y como habitantes del planeta.

Como consumidores, varios son los canales por los que podría suceder pero, principalmente, tres: una regulación en materia de consumo muy laxa al respecto de las políticas de cancelación y devoluciones de billetes no realizados, que ha permitido a las empresas mantener en su poder el dinero de los usuarios (en junio se estimaban 700.000 usuarios no satisfechos, y el Ministerio de Consumo trató de solucionarlo habilitando una web para canalizar las reclamaciones); la desaparición de aerolíneas, que conlleva una reducción de competidores en las rutas y, por tanto, efectos negativos sobre la competencia; y que las condiciones coyunturales pudieran incidir sobre las decisiones de fusiones entre aerolíneas, aprobando operaciones que en situaciones “normales” no se producirían.

Como contribuyentes, el principal coste se daría si el uso de nuestro dinero para ayudas a este sector privado se hiciera de forma alejada de la eficiencia, manteniendo empresas que sin el sostenimiento de los fondos públicos no operarían; o incluso para mantener beneficios privados, en el caso que el Estado aportase pero no interviniese en la gestión de la compañía.

Y, quizás la más relevante, como habitantes del planeta, sufrimos un coste por no aplicar políticas medioambientales necesarias para internalizar los efectos que las emisiones generan sobre el planeta, algo que Fabra, Motta y Peitz ya nos apuntaron y afectan a la verdadera pandemia: el cambio climático.

En la actualidad, muchos son los cambios por venir al mercado de las aerolíneas (piense el lector en las múltiples ayudas que determinados países están concediendo a las aerolíneas, aquí) pero, para el caso español, el más destacado es la pretendida fusión entre las aerolíneas Iberia y Air Europa. ¿Qué implicaciones tiene esta fusión? ¿Cuál es (y cuál debería ser) el rol del sector público en él?

Las fusiones en aerolíneas han conllevado, tanto en Estados Unidos como en Europa, a resultados usualmente negativos para los consumidores: mayores precios y menores frecuencias, con excepción del disciplinamiento de la competencia ejercido por las Low-Cost (véase Fageda y Perdiguero, 2014).

En las siguientes líneas trataremos solamente de ordenar ideas para el (muy) necesario debate acerca de cómo utilizar el dinero de los contribuyentes.

La fusión Iberia-Air Europa

El último trimestre de 2019 recogió la noticia sobre la pretendida compra de Air Europa por parte de Iberia, compañía esta última miembro del Grupo IAG. La venta se produciría por una cuantía en torno a los 1.000 millones de euros, incluyendo cláusulas de penalización a favor de Air Europa si finalmente no pudiera llevarse a cabo (en torno a 40 millones de €).

Este proceso, que aún se encuentra en evaluación por Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, supondría la desaparición de una de las principales compañías en el mercado aéreo español y, también, un competidor relevante en rutas de larga distancia entre Europa y América.

Un ejemplo. Con datos de noviembre de 2019, solo para el mercado Península-Islas, los cambios en las rutas que operaban ambas compañías simultáneamente señalan que 15 rutas pasan a ser monopolio de Iberia y 13 más se ven afectadas. Y estas rutas, además, sufren los negativos efectos que los descuentos a residentes tienen sobre los precios (véase informe Airef o post).

En esta situación, Iberia trata de justificar la existencia de “complementariedad” entre ambas compañías pero, contrariamente a su afirmación, tomó medidas a través de la cesión de rutas a la aerolínea Volotea para mejorar las probabilidades de que la fusión fuera aceptada (Volotea es una compañía muy cercana a Iberia, ya que el fundador de Volotea lo fue también de Vueling, y Vueling es del Grupo Iberia). Esta acción es muy discutible por cuanto Iberia está llegando a un acuerdo con una empresa, para que la cubra en un mercado, y eso podría suponer una infracción de las normas de competencia. Y en cualquier caso, per se, no es señal de alta competencia en el mercado.

Por tanto, la fusión presenta dudas en términos de competencia en determinadas rutas aéreas y, además, crea recelos por parte de representantes de los trabajadores.

¿Qué rol muestra el Gobierno en la fusión?

Como en cualquier mercado libre, el papel de la Administración debería ser el mínimo posible, evitando interferir en la libre competencia. Pero tanto por la evolución de la pandemia como por las pérdidas que anuncia Air Europa para 2020 (literalmente, el presidente de Globalia ha dicho que, “si no nos ayudan como Alemania y Francia, vamos a durar menos que un telediario”) el Gobierno ha tomado cartas en el asunto.

La principal es que el Ministerio de Transportes calificó la fusión de “estratégica” y con ello, permite acceder a financiación pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De una parte, la empresa recibió 140 millones de € de financiación vía el Instituto de Crédito Oficial. Y de otra, solicitó una ayuda de 400 millones de € en septiembre de 2020 al Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Según el RD 25/2020 que lo regula, el Estado tiene 6 meses para resolver pero, como deben adscribirse al Marco Temporal de la Comisión sobre Ayudas de Estado, deberá ser efectiva antes del 31 de diciembre de 2020. Al parecer, la fórmula que se baraja es la de un crédito participativo y un préstamo, solicitando expresamente la compañía que el Estado no entre en el accionariado.

Esta intervención pública muestra dos dudas principales: interfiere claramente en un proceso de concentración empresarial (favoreciéndolo, quizás) que a priori tiene repercusiones sobre la competencia; y porque se utilizaría dinero público para una empresa que muestra debilidades financieras (según sus propios gerentes, aunque Globalia repartió dividendos justo antes de la aparición del Covid-19).

¿Qué se debería hacer?

Como ya explicó Natalia Fabra en un hilo de twitter, habría que distinguir dos cuestiones de naturaleza distinta:

(i) el rescate de Air Europa.

(ii) el proceso de concentración por parte de Iberia.

Sobre el rescate, los problemas de liquidez de Air Europea causados por la Covid-19 justificarían la concesión de ayudas de estado para salvaguardar su supervivencia (siguiendo el marco europeo antes mencionado e incluso las ayudas aprobadas a varias empresas del sector), pero esta ayuda no debiera ser un fin en sí mismo que redujese el precio de adquisición por parte de Iberia (el valor de la transacción ya ha bajado hasta los 500 millones de €).

De hecho, el Gobierno debería poder condicionar algunas de sus decisiones (nombramientos, composición del capital, retribuciones, etc.), de forma similar a lo que ocurre con otras empresas también consideradas estratégicas (e.j. Red Eléctrica). ¿Cómo? A través de la entrada del Estado en el capital de Air Europa (TAP o Alitalia son ejemplos recientes de ello).

Pero otra cuestión es la adquisición de Air Europa por otra compañía: si el Estado apoya a Air Europa con recursos públicos, debería poder recuperar la rentabilidad de su inversión, estableciendo mecanismos para evitar que el rescate beneficie a los nuevos propietarios vía un precio menor de adquisición, o a sus actuales propietarios vía un precio mayor de venta del que hubiera resultado en ausencia de rescate.

Posiblemente, entre todas las posibles, la fusión con Iberia sea la que presente los problemas más serios de competencia por su solapamiento de rutas, cuestión que la Comisión Europea está investigando

Conclusión:

La decisión en el uso del dinero público debe ser doble y secuencial: entrar sí y solo sí es necesario (evitar mantener empresas deficitarias); y, si se decide entrar, acceder a la gestión de la empresa con la finalidad de recuperar la inversión pública, fortalecer la competencia y adquirir compromisos medioambientales. Facilitar fusiones privadas (y anticompetitivas) con dinero público sería un craso error.