Poco antes que el expresidente de los Estados Unidos aprobase nuevos aranceles al acero y al aluminio (marzo de 2018), varios profesores de economía de las mejores Universidades de ese país fueron cuestionados sobre la siguiente afirmación: “La imposición de nuevos aranceles mejorará el bienestar de los estadounidenses”. Las respuestas fueron contundentes: el 76% estuvo muy en desacuerdo y el 24% en desacuerdo. Ningún economista dudó.
En otoño de ese mismo año, Duflo, Banerjee y Stantcheva formularon la misma pregunta a una muestra representativa de estadounidenses. Sus respuestas fueron muy diferentes: el 37% estuvo muy en desacuerdo o en desacuerdo y el 33% estuvo de acuerdo (este pasaje se extrae del excelente libro de Duflo y Banerjee titulado “Buena economía para tiempos difíciles”).
La pregunta inmediata es: ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que recomiendan los economistas y lo que la sociedad cree que es lo mejor? ¿Acaso estamos (los economistas) tan equivocados respecto a lo que la sociedad necesita, o es al contrario?
El ejemplo de los aranceles nos resultará útil para realizar un paralelismo con otra política intervencionista: el control de precios en los mercados de alquiler de viviendas.
España: vivienda, políticas y ¿futuro?
Los mercados de vivienda, tanto de venta como alquiler, presentan múltiples problemas en España (y en muchos otros países). Estos han sido analizados en este blog por Antonia Díaz (aquí o aquí) y la solución no es única ni sencilla, pero sus efectos son claros.
Quizás el más evidente es el que nos describen Aumaitre y Galindo (2021) como “la generación de la doble crisis”: quienes nacieron en España entre 1985 y 1994 tienen un 13% menor renta acumulada a los 33 años que quienes nacieron entre 1975-1984. Ello les supone vivir peor que sus padres y posponer proyectos vitales, entre los que se encuentran las menores tasas de emancipación y vivienda en propiedad. Esto también sucede en Italia y Portugal, pero no en Alemania.
Para tratar de dar solución, una de las medidas que se están planteando políticamente (o ya se han ejecutado) es la de controlar el precio de los alquileres (David Cuberes lo analizó en este blog).
¿Qué piensan los economistas y la sociedad (sobre todo los jóvenes) acerca de esta medida?
Lo que piensan los jóvenes (según INJUVE)
El Instituto de la Juventud es un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “cuya actividad principal se dirige a promover actuaciones en beneficio de los y las jóvenes.” Su presupuesto anual (2018) asciende a 32,9 millones de euros.
Recientemente, el Injuve realizó una consulta que estaba “dirigida a jóvenes de hasta 35 años, organizaciones juveniles o prestadoras de servicios a la juventud y direcciones generales de juventud de las comunidades autónomas o municipios, [cuyo objetivo] ha sido fomentar la participación dando voz a los jóvenes como protagonistas de la puesta en marcha de actuaciones que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).”
El Injuve expone que recibieron 1.271 respuestas entre particulares, entidades juveniles y administraciones públicas, siendo el principal titular de su estudio el siguiente: “9 de cada 10 jóvenes apoyan regular los precios del alquiler según la Consulta Pública a la Juventud del Injuve”.
En los resúmenes de resultados se hace relación a la vivienda, en la que los jóvenes valoran por debajo de 4 (sobre 10) sus posibilidades de acceder a una vivienda antes de los 30 años y marcan como principales obstáculos la inestabilidad laboral en un 37%, la insuficiencia de ingresos en un 33% y el alto precio de los alquileres en un 20%. Es decir, que los encuestados ven el principal problema en la inestabilidad laboral.
El estudio no tiene representatividad estadística, es meramente descriptivo, no controla por factores que puedan afectar a las respuestas (estudios, nivel de renta, género, etc.) y (probablemente) tiene un sesgo de selección relevante en las respuestas. En definitiva, no se puede hacer inferencia alguna con ninguno de estos resultados.
Pero ejerzamos de economistas (teóricos): supongamos que representa lo que los jóvenes creen respecto a regular los precios del alquiler (reitero: es mucho suponer). En tal caso, ¿están en lo cierto? ¿Es buena esta política?
Lo que los economistas piensan: evaluaciones recientes de los controles de alquileres.
Quizás el profesor José García-Montalvo sea la persona con más conocimiento académico sobre este sector en España. En una de sus entrevistas en prensa denominó a los controles de precios como “economía de chancleta”. En general sostiene que regular el alquiler produce efectos contrarios a los deseados, como mayor desigualdad y menor oferta (vea otras entrevistas aquí o aquí), como también sostienen las aportaciones de José María Raya (EsadEcPol), Gabriel Doménech o Manuel Hidalgo.
La mayoría de referencias académicas aportan resultados igualmente críticos (hasta donde conozco). Solo señalo algunas recientes. Así, López-García (2019) realiza un amplio repaso a políticas públicas aplicadas a este sector, y sus efectos: control de alquileres, subvenciones, impuestos a la tenencia, etc. En él resume los efectos negativos del control de precios: reducción de incentivos a alquilar, exceso de demanda, reducción mantenimiento de viviendas, etc.
El trabajo de Kholodilin y Kohl (2020), con un panel de 60 países en el periodo 1910-2017, realiza un repaso histórico a las políticas de control de alquileres. El principal resultado que muestran es que estas generan efectos negativos derivados de la restricción de oferta, al inhibir nueva construcción.
Por su parte, Donner y Kopsch (2021) analizan los efectos redistributivos de controlar los alquileres en la ciudad de Estocolmo (Suecia). Los autores encuentran que el control de alquileres beneficia a los más ricos ya que, quienes alquilan, tienen salarios mayores que aquellos que no pueden acceder. Además, las casas más caras van para personas mayores con mayor renta, ganando más los inquilinos más ricos.
Hahn et al (2020) analizan el control de precios de alquiler en la ciudad de Berlin (denominado Mietendeckel). El estimador en diferencias que utilizaron sostuvo tres resultados principales: en primer lugar, disminuyeron los precios de los alquileres (algo obvio, ya que se obligaba a ello por Ley); en segundo lugar, aumentaron los precios en las ciudades vecinas (Potsdam y otras ciudades limítrofes) al producirse un efecto sustitución; y, sobre todo, se redujo el número de anuncios de alquiler, lo que supone un indicador de una menor oferta, empeorando por tanto a los jóvenes.
Finale.
Entonces, si la evidencia empírica no sustenta esta medida, ¿por qué se defiende? La respuesta es, al menos, doble. 1) Es una medida barata (no cuesta nada, directamente, a las arcas públicas). 2) Es muy sencilla de entender y “vender” (¿cómo puede salir mal una política tan simple como prohibir que suba un precio?). Pero, como todos sabemos, nada es gratis.
¿Soluciones? Parece que todas coinciden en aumentar la oferta de vivienda, principalmente la pública. El parque de viviendas públicas en España es de los menores de la Unión Europea (0,9 viviendas por cada 100 habitantes, frente a los 12,5 de Países Bajos o 10,3 de Austria).
Luego se barajan otros instrumentos, que deben ser analizados por sus contrastados efectos (algunos negativos). De un lado, gravar las viviendas vacías que, según Segú (2020), en Francia redujo un 13% los pisos vacíos, especialmente en mercado a largo plazo. De otro los subsidios al alquiler, pero estos consiguen aumentar los precios de las viviendas y no se trasladan completamente a bajadas de precios (véase Braakmann y McDonald, 2020 o Hyslop y Rea, 2019).
En cualquier caso, como apuntó Conde-Ruiz, el conocimiento, una vez identificado un problema, ayuda a buscar la mejor medida para solucionarlo; mientras que la ideología, impide buscar la mejor medida para solucionarlo.
Exijamos, tanto jóvenes como no tan jóvenes, que en cualquier decisión se utilicen argumentos, no opiniones ideológicas. Los académicos realizamos evaluaciones independientes, contrastables, replicables y criticables. ¿Conoce Vd. mayor garantía que esa? No, no existe. Se llama Ciencia.
PS: Para los tradicionales críticos que acusan (algo ya habitual) que esto es “cherry picking” (es decir, que se muestra solo la evidencia que nos es favorable al argumento), invito hacer su particular “cherry picking” en sentido contrario: aporten evidencias empíricas que muestren que es una buena medida. En el debate se encuentra la solución.
Hay 3 comentarios
Muy interesante artículo. Coincido en la descripción del problema, pero discrepo en algunas conclusiones.
La política defiende esta política sabiendo que es ineficaz. El motivo no creo que sea la sencillez de la medida y su comprensión, sino la facilidad de compra de votos de los sectores de población afectados.
Existe un problema de oferta, y el parque de viviendas público es escaso, fruto de políticas de consolidación fiscal derivadas de la crisis de 2008. Pero incrementar la oferta sería más efectivo fundamentalmente a través de una mayor seguridad jurídica, en un sector ya excesivamente intervenido
Cuando además hay estudios que indican que las viviendas vacías pueden ser no habitables, siendo excesivamente caro rehabilitarlas, o encontrarse en lugares sin demanda. Cuando los subsidios pueden trasladarse al propietario, pero probablemente si son generalizados, no dirigidos a sectores de población.
En Economía las medidas efectivas, cuando las hay, a veces no son estables (en el sentido de que si cambian las condiciones, lo que en economía es frecuente, dicho cambio puede afectar a los efectos). Y sobre todo, pueden tardar mucho tiempo en dar resultados y a veces el efecto no es el mismo para todos. Es el caso de los aranceles. En efecto a medio y largo plazo perjudican a la sociedad, pero hay sectores que pueden verse beneficiados. No sé si el ejemplo de los alquileres es comparable, pero es seguro que los que puedan conseguir viviendas a precios reducidos después de la limitación, se habrán beneficiado.
Las regulaciones se utilizan cuando las leyes del mercado no funcionan, y esas no lo hacen porque políticamente han sido alteradas, por lo cual se convierten en una chapuza para corregir otra chapuza.
Para empezar deberíamos preguntarnos si el precio de la vivienda es real, porque de serlo regularlo está de más y solo nos puede acarrear problemas, como subidas de precio o caídas que conviertan su industria en insostenible. Dicho esto, la vivienda es una necesidad además de un derecho, por lo cual con su salario una persona debería disponer una en condiciones y a su medida. De ser una pareja, lo mismo, etc. La realidad no es así, con un salario normal una persona no puede pagar un alquiler y a la vez vivir dignamente, por lo cual el precio de la vivienda está sobrevalorado o su coste es demasiado elevado por razones que escapan a la ley de mercado, y que para corregirlo evidentemente hay que subvertir.
Quizá el problema de la vivienda es que el mercado se ha regulado para convertirla en un bien de lujo o simplemente especulativo. De ser así, lo correcto es corregir, sin prejuicios ideológicos ni miedo a ser acusados de reguladores, este modelo regulador.
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