En el último año hemos asistido a un ejemplo más de cómo la acción política no atiende, por lo general, ni a la teoría económica ni a las evidencias empíricas. Es la política del “hacer por hacer” y confundir (a propósito) objetivos con resultados.
Como ya expusimos en este blog, las políticas públicas deben siempre ser evaluadas, aún más en pandemia. Pero antes de evaluarlas hay que decidir cuáles aplicar y de qué forma, siendo el criterio mínimo exigido el sentido común (ojo, ¡el sentido común!).
La crisis mundial derivada de la pandemia ha sido más relevante en España por la dependencia del sector turístico y para tratar de incentivar la demanda y recuperar niveles anteriores, varios gobiernos regionales de España han implementado una política similar: el bono turístico.
No es una idea originaria de España. De hecho, The Economist se planteó hace un año si es esta la mejor manera de que los contribuyentes apuntalen los puntos de interés turístico.
Ante la proliferación de estos mecanismos en España, y aunque lo discutimos sucintamente hace unos meses, por actualidad los traemos a debate: ¿son los bonos turísticos una buena medida?
¿Qué son los bonos y quiénes lo han aplicado en España?
Los bonos turísticos suponen usar dinero público para incentivar la demanda de servicios turísticos. Este se configura generalmente en forma de descuentos aplicados a residentes de la región, nacionales o turistas en general, con cuantías de subvención máximas.
En España lo han aplicado al menos 12 regiones y sus principales características se resumen en la tabla siguiente:
Bonos turísticos en España. 2020-2021
Fuente: Elaboración propia a partir de Tourinews y El Mundo. (*) No es definitivo.
Las cuantías utilizadas por las regiones (no disponemos de toda la información, por aquello de los problemas de transparencia de las Administraciones) van de los 9 millones de € de Andalucía, a los 5 de Madrid o los 16,5 que estima utilizar Canarias.
¿Por qué un bono turístico es un mal uso del dinero público?
Contextualicemos: España se encuentra sumido en una importante crisis económica en la que, a diferencia de las anteriores, no ha habido shock de oferta o demanda endógeno (salvo que consideremos la pandemia como fruto del sistema…).
De hecho, aunque en 2020 la renta bruta disponible de las familias cayó un 3,3%, la tasa de ahorro aumentó un 14,7%, elevando la capacidad de financiación de las familias al 6,5% del PIB, el mayor valor de la serie (aquí los datos). Es decir, quienes han mantenido su empleo (importante matiz), es muy probable que dispongan de más dinero ahorrado que en 2019.
En este marco, la secuencia de preguntas es la siguiente: ¿debe intervenir el sector público para incentivar la demanda turística, principal sector de la economía nacional? La respuesta es sí, para tratar de acelerar el proceso de recuperación. La siguiente cuestión es: ¿debemos financiar con dinero público los gastos turísticos? La respuesta es, desde mi humilde opinión, no.
Los motivos para esta respuesta negativa son los siguientes:
1. En primer lugar, porque todas las políticas de bono turístico se han hecho (o se van a hacer, en el caso de Canarias), independientemente del nivel de renta del individuo. Es decir, se paga lo mismo seas rico o menos rico, y no conozco definición de medida regresiva mejor que esta.
2. Los datos previos a la pandemia muestran que solo pueden viajar las personas de mayor renta. Del trabajo de David Boto, para hábitos de turismo en España, se puede derivar que los individuos de baja renta y poca formación serán los que más reduzcan su probabilidad de viajar, ya que su menor hábito viajero les hace más propensos a dejar de consumir ese bien. Por ejemplo, como explicaba Dani Cela, casi la mitad de los andaluces no pudieron permitirse viajar antes de la pandemia por su bajo nivel de renta.
3. En la situación actual de pandemia la decisión de viajar no está necesariamente condicionada por la renta (recuerde, quienes no han perdido el trabajo es muy probable que hayan ahorrado más), sino por el miedo al contagio durante el viaje. Esto hecho es lo que habría que mejorar para que los individuos decidan viajar.
4. Con todo lo anterior, el sector público interviene en los mercados ante la existencia de fallos en el mismo y/o para corregir o incentivar externalidades. En otras palabras: las medidas que se establezcan deben modificar comportamientos o crear incentivos. Si no es así, ¿para qué aplicarlas? ¿qué efectos generarán? Piénselo de otra forma: ¿cuántos consumidores cambiarán su decisión de no viajar por la de viajar al verse reducido el coste del alojamiento en un porcentaje determinado (sabiendo que quienes viajan son los de mayor renta)? Es decir, ¿incentiva nueva demanda la medida o simplemente reduce el coste de quienes ya habían decidido viajar? Dado que la política afecta a los más ricos, su decisión de viajar no se modificará sustancialmente por abaratar el alojamiento (todo ello suponiendo que, efectivamente, se abarate), por lo que la política no es efectiva.
5. Genera una negativa competencia (entiéndase el oxímoron) entre regiones que creen que gastando más dinero público en bonos turísticos evitarán que sus consumidores locales no viajen a otras regiones.
Me atrevo a afirmar que ninguna región evaluará los resultados de estas políticas, más allá de afirmar “el bono ha sido un éxito porque se han gastado los fondos disponibles para ello”. ¡Pues claro que se gastan, porque los individuos iban a viajar igualmente!
¿Qué debemos hacer?
Si se desea incentivar nueva demanda (no hacer más barato a quienes ya iban a viajar), que debería ser el fin de la política, habría que:
1. Hacerlo dependiente de la renta, para así incentivar a las personas de menor nivel de renta y no usarlo para quienes no lo necesitan y no van a modificar su consumo por ello.
2. Generar confianza a los consumidores para que puedan viajar. Y la confianza ahora mismo se gana con la vacunación.
3. Evaluar la medida para conocer si se debe, o no, aplicar. Para ello es necesario invertir en análisis económico que sea capaz de analizar efectos causales. Y en España deberíamos haber, al menos, diseñado un esquema de incentivos que permitiese alcanzar mejor los objetivos planteados.
¿Recuerdan el cheque-bebé de 2007, por el que se pagaron 2500€ por cada niño nacido, independientemente de la renta? Pues las diferencias con el bono turístico son reducidas.
Y si no se entiende con esta comparación, nada más tengo que aportar. Recuerden: nada es gratis.