Principios básicos para la gestión de la crisis del Covid-19

Tras varias semanas de confinamiento y a medida que parece que el descontrol sanitario de la pandemia remitirá pronto, crece la preocupación por sus consecuencias económicas. Durante las últimas semanas han surgido numerosas propuestas sobre cómo aminorar esas consecuencias  y acelerar la recuperación económica tras una recesión que será histórica por su intensidad y, probablemente, también por la permanencia en el tiempo de algunos de sus efectos (solo por citar este blog, algunas medidas se han discutido aquí, aquí, aquí y aquí). En esta entrada, en lugar de abundar en ellas, se recuerdan varios principios generales para la gestión de una crisis económica que, siendo excepcional, puede requerir de enfoques diferentes a los tradicionales. Se trata de volver a la “casilla cero” y reconsiderar la estrategia de política económica con la información, la experiencia y el conocimiento adquiridos durante las últimas semanas.

Son tres estos principios básicos. Se refieren a las prioridades y urgencias en el corto plazo, a la composición de un paquete eficaz de medidas para abordar dichas prioridades y urgencias y a la consideración (o no) de medidas estructurales de más largo plazo que cambiarían el “modelo económico y social”.

“Si tienes que apagarlo, asegúrate que sabes cómo volver a encenderlo”

Lo más urgente es preparar una vuelta segura a la normalidad (“la lucha contra la pandemia”). Los problemas sanitarios causados por el Covid_19 no acabarán cuando los números de contagiados y fallecidos disminuyan significativamente. Mientras no exista un tratamiento adecuado o una vacuna eficaz, el riesgo de que aparezca una nueva oleada de contagios con consecuencias graves es muy elevado. Por ello, la recuperación de la actividad económica solo puede producirse gradualmente para permitir que los trabajadores puedan reiniciar sus actividades con seguridad (la suya y la de los demás). Para ello es necesario aumentar significativamente los recursos dedicados a proveer de tests sobre contagios e inmunidad , a realizar seguimientos masivos y a acelerar que tratamientos y vacunas estén disponibles para toda la población.

Pero dedicar más recursos a la lucha contra la pandemia no será suficiente sin mejoras en la administración y en la gestión. Se acumulan los indicios de que se llegó tarde al reconocimiento de la gravedad del Covid-19 y a la preparación de los recursos sanitarios necesarios para hacerle frente. Recordarlo ahora solo sirve (o debería servir)  para evitar que también se llegue tarde a la preparación de la salida del confinamiento de la población y de la vuelta gradual a la recuperación de las actividades económicas. Cómo y cuándo se van a producir el son variables fundamentales para la toma de decisiones de trabajadores y empresarios durante las próximas semanas. Se trata, sobre todo, de reducir la incertidumbre, lo que resulta imposible sin un plan sanitario que las contemple.

Otra tarea urgente es asegurar rentas y liquidez (“el alivio del desastre económico”). En el corto plazo, otra prioridad absoluta debería ser la cobertura de rentas de trabajadores y empresarios que no pueden realizar sus actividades laborales y empresariales de manera normal. Solo pueden conseguirlo transferencias de renta hacia los colectivos perjudicados (trabajadores asalariados y autónomos con restricciones de liquidez, PYMES, etc.) o “créditos blandos” (bien gestionados, tal y como se explica aquí). Moratorias y suspensiones de pagos solo son eficaces si el deudor tiene restricciones de liquidez y el acreedor no las tiene. Creer que se pueden diseñar estos instrumentos discriminando en función de las restricciones de liquidez de deudores y acreedores es una quimera. Como también lo es creer que como acreedores podemos dejar de pagar y como deudores seguir cobrando.

“Si funciona, no hay por qué arreglarlo”

La tentación del “exceso de activismo”. La excepcionalidad de esta crisis se debe también a que tiene una incidencia muy variada y desigual por grupos de población y actividades económicas. Es hasta cierto punto comprensible que los responsables de las políticas económicas sientan la tentación de intervenir en todos los frentes con una amplia batería de medidas ad hoc que traten de resolver problemas específicos (la confección  de “trajes a medida” para que "nadie se quede atrás"). Sin embargo,  en esta situación una medida de amplio espectro (como por ejemplo, el pago de salarios por el Estado, "a la danesa", o trasferencias a tanto alzado por debajo de un determinado nivel de renta, "a la USA", o, mejor incluso, con una garantía de renta "a la canadiense") es mucho más eficaz que muchas condicionadas y dirigidas a colectivos particulares. Y es así por múltiples razones: primero porque la respuesta a la crisis requiere inmediatez y transparencia, que normalmente se pierden cuando se trata de diseñar medidas concretas y específicas con condiciones delimitadas, especialmente cuando es difícil comunicarlas, como es ahora el caso; en segundo lugar, porque la implementación de muchas medidas al mismo tiempo requiere una gestión mucho más complicada y costosa, justo cuando la capacidad de las Administraciones Públicas  para ello se ha visto muy mermada, y, finalmente, porque ahora es mucho más importante la eficacia de las medidas (“hacer todo lo que sea posible”) que su eficiencia (“la preocupación por si se está haciendo demasiado”).

Rectificar es de sabios, salvo si es para reemplazar errores con otros . Otro de los inconvenientes del exceso de activismo es que con más medidas adoptadas, mayor es el riesgo de que algunas de ellas no cumplan con los objetivos previstos y tengan consecuencias no deseadas. Desde el 17 de marzo se han publicado en el BOE cuatro RDL sobre medidas económicas y sociales de respuesta a la crisis del Covid-19 (1, 2, 3 y 4). Disposiciones transitorias de los más recientes modifican artículos de los anteriores. La improvisación de respuestas poco meditadas y analizadas previamente seguidas inmediatamente por rectificaciones aumenta la incertidumbre y, con ella, los costes de las decisiones de ajuste que las empresas y trabajadores han de tomar. Por ejemplo, anunciar la flexibilización de los ERTEs para convertirlos en el principal mecanismo de mantenimiento del empleo (lo cual tiene sentido ante una situación temporal de paralización obligada de las actividades de las empresas) se complementa mal con medidas posteriores que limitan la capacidad de las empresas de acceder a ellos (en el espacio y en el tiempo). La llamada “prohibición” de despidos por causas económicas asociadas a la incidencia del Covid-19 no solo es ineficaz (por no impedir dichos despidos que solo pasarán a ser improcedentes en lugar de procedentes) sino que además puede ser contraproducente al retrasar la recepción de las indemnizaciones correspondientes por los trabajadores afectados (para lo cual se necesita de intervención judicial justo cuando los Juzgados de lo Social no están operativos).

“Con la tormenta perfecta y en alta mar, no es el momento de remodelar el barco”

Las medidas solo serán eficaces si se dirigen a aliviar el desastre económico que sufrirían muchas empresas y trabajadores en su ausencia. Durante las últimas semanas se han avanzado “grandiosos” planes de actuación en respuesta a la crisis del Covid-19. Por ejemplo, se ha hablado de un “Plan Marshall”, de la implantación de una renta básica universal o de la mutualización de todo su coste en el ámbito europeo (“coronabonos”). Todos estos planes suponen cambios radicales bien en los pilares básicos de las políticas económicas, bien en el modelo de su gobernanza. Dedicar tiempo y recursos discutiéndolos, presumiéndoles una viabilidad política de la que carecen, es perder tiempo y recursos. Es el momento de medidas transparentes, inmediatas y eficaces; no lo es para rediseñar e inventar instrumentos, medidas, planes de inversión, etc.,  que en algunos casos solo tienen el respaldo del dogmatismo ideológico y se dirigen a la búsqueda de réditos políticos, que, por otra parte, no se conseguirán cuando la población sea consciente, de primera mano, de la ineficacia de las medidas adoptadas en un momento tan inolvidable como el actual. Se trata de evitar que el barco se hunda; no de construir uno nuevo.

El coste de las medidas necesarias es asumible, pero recaerá fundamentalmente sobre cada país. Obviamente, las medidas necesarias tienen un coste presupuestario muy elevado. Sin embargo, las restricciones fiscales no deberían ser tales en estos momentos. Hay que hacer uso de todos los recursos posibles (y más), aun cuando ello suponga un aumento de varios dígitos en el déficit y en la deuda públicas. Con un plan coherente y el respaldo del BCE, estos aumentos no deberían causar un perjuicio importante en el coste de financiación de dicha deuda, más bien al contrario a medida que los mercados perciban que se emprende el rumbo adecuado. Incluso si fuera necesario, el recurso al MEDE puede resultar conveniente (ver aquí). También sería muy conveniente y deseable una respuesta coordinada europea que incluyera, a ser posible, la señal de una emisión de eurobonos que mutualice una partte del coste de la crisis. Sin embargo, apostarlo todo a esta opción es una estrategia equivocada y muy arriesgada porque puede acabar socavando la confianza en las instituciones europeas justo cuando más necesitamos de ella.

Con la vuelta a la normalidad, será el momento de plantarse cómo repartir el pago del aumento de la deuda pública entre los ciudadanos. La creación de un impuesto especial sobre la renta, en función de las incidencias individuales de la crisis del Covid-19 (por ejemplo, calculándolo sobre la variación de renta entre 2019 y 2020) debe ser un instrumento esencial para ello. Pero habrá otros, esperemos que coherentes con principios básicos (y, por otra parte, de sentido común) de la política económica.