Leemos en la prensa que el agua cotiza en el mercado de futuros e, inmediatamente, leemos también reacciones al respecto. Suelen ser de gentes que se llevan las manos a al cabeza ante la gravedad del asunto. ¡Se comercializa el agua! ¿Qué será lo próximo, el aire? Intentaré explicar la situación, para que, si ha de haber alguna crítica, se haga con rigor.
Empecemos aclarando que la noticia se refiere a que parte del agua de California, la que ahora se cotiza en la bolsa de Nueva York, pasará a cotizarse también en el mercado de futuros. Creo entender que la crítica a la comercialización del agua no se refiere específicamente a que cotice en el mercado de futuros, sino al simple hecho de que haya un mercado para ella, de manera que, en cuantos más mercados esté, peor para el aprovechamiento y reparto del recurso. Sobre la conveniencia de que exista un precio para el agua es ilustrativa la experiencia de agua gratis en Sudáfrica, de la que hablé en esta entrada. Pero vayamos poco a poco.
En California, como en España, hay propietarios de derechos sobre el agua. Comunidades de regantes, propietarios de un terreno, etc. pueden tener la propiedad o el usufructo de algunas cantidades de agua de un caudal o un acuífero, definidas en términos absolutos o en proporción a la cantidad total. Si se tiene la propiedad, se podrá vender esa agua, sea porque excede la cantidad que se necesita o porque el beneficio de venderla es mayor que el de usarla. En cualquier caso, esa agua, gracias al mercado, irá a quien la use de manera más eficiente, es decir, a quien no la dilapide.
En cualquier asignación de derechos de propiedad sobre el agua deben preceder consideraciones ecológicas y de acuerdos suprarregionales. Así, se debe respetar un caudal mínimo para la conservación de un ecosistema o para garantizar los derechos de los habitantes que viven aguas abajo. También conviene recordar que no habrá un mercado global de agua, sino muchos mercados locales, por cada cuenca hidrográfica o grupo de cuencas conectadas por canales de amplia capacidad, por lo que no es cierta la noticia de que el precio de la cotización a futuros podrá ser referencia del precio en otra parte del mundo.
Pero volvamos a los regantes y otros propietarios de una región que ahora pueden vender su agua. ¿En qué afecta que el agua de este mercado cotice en bolsa? Son dos consecuencias principales:
(i) Oferentes y demandantes tienen ahora más fácil el comprar o vender agua de esa región. Un municipio podrá ir al mercado y comprar toda el agua que quiera sin tener que negociar, uno por uno, con los distintos propietarios.
(ii) Las compras y ventas están abiertas a un número mayor de individuos. Yo, que no soy ni propietario ni consumidor del agua de la región de California, puedo comprar y vender esa agua.
A veces, los contratos entre particulares son para el futuro. Por ejemplo, una ciudad puede acordar con un propietario de agua un precio de suministro para ciertas cantidades que se proveerán dentro de un año. Si esto se hace en la bolsa de valores, dentro de un mercado de futuros, estamos en la misma situación que antes. Será más fácil firmar este tipo de contratos y será más fácil que entren más agentes en el mercado.
Así, pues, si no hay problemas morales con permitir un mercado de agua, no debe haberlos con permitir que salga a bolsa o que se abra un mercado de futuros. Si hay un problema con ello será porque se teme que su cotización pública haga más fácil el acaparamiento del recurso o el ejercicio de poder de mercado. ¿Es así?
La presencia de más agentes en un mercado implica más personas incentivadas para obtener toda la información relevante del mercado: qué nuevas tecnologías se prevén, cómo afectará el cambio climático al recurso, cómo evolucionará la demanda, etc. Esa información se trasladará al precio, indicando la mayor o menor escasez del bien. Esa bondad se añade a la facilidad de compra-venta anteriormente señalada. Si alguno de esos agentes tiene capacidad para hacerse con gran parte del mercado para luego ejercer su poder de cuasi-monopolio es algo que debe vigilarse tanto en el mercado informal como en el cotizado. Para ello necesitamos que el regulador tenga acceso a las transacciones realizadas y eso es así en todos los mercados de valores. Será la legislación anti-trust la que evite la concentración, tanto si el bien cotiza en bolsa como si no. Las quejas de los agricultores sobre el precio que pagan a las comercializadoras no pueden achacarse a un mercado de valores, puesto que su producto no cotiza en bolsa. La experiencia de Brasil con los mercados de futuros en productos agrícolas, por otra parte, indican por dónde puede ir una buena regulación (aquí se recoge cómo en India pueden aplicar su experiencia).
Pasar de un mercado corriente (cotizado o no) a uno a futuros no facilita el acaparamiento ni la colusión, más bien lo contrario. En los modelos teóricos, el resultado es que la competencia aumentará con su uso o, como mucho, se mantendrá igual. La manera de que no aumente requiere que las empresas no usen el mercado o, usándolo, mantengan un cártel a lo largo del tiempo. En cualquier caso, la disminución de la competencia es algo difícil de obtener. Los resultados experimentales corroboran estos modelos. La evidencia empírica, por su parte, también va en esa dirección, aunque esta es todavía escasa y no se refiere específicamente al caso del agua. (Aquí hay una lista de referencias). Por otra parte, es difícil temer una burbuja especulativa en el mercado de futuros del agua: si se considera que el precio a futuros para regar el año que viene es demasiado alto, basta con no comprar a futuros y esperar. Por fuerza las cantidades compradas para ese año a futuros por especuladores saldrán al mercado. Si, efectivamente, había burbuja, estallará ahí mismo, para beneficio de quien no compró a futuros.
En El País hemos leído una serie de críticas a estos mercados. Se daban tres argumentos. Veámoslos a la luz de lo escrito hasta aquí.
Los ejemplos de Australia y Chile. Se señala que en estos dos países se han dado muchos derechos sobre el agua a agricultores, sin tener en cuenta los objetivos medioambientales. El problema no es, por tanto, el mercado de futuros ni el mercado normal. Lo es la asignación de derechos de propiedad. Si el Estado se olvida del medioambiente en la asignación de derechos, ¿qué hace pensar que una gestión pública, ajena al mercado no haría lo mismo? Por otra parte, aunque la asignación se haya hecho tan mal, esos regantes podrán vender su agua a quien se la pague. Si el Estado considera que el valor medioambiental supera el precio no tiene más que comprar. Sí, será absurdo haber regalado lo que luego va a comprar, pero de esa absurdidad tiene culpa el gobierno de turno, no el mercado.
Un derecho no se puede vender. Se dice que es (¿éticamente?) reprobable el vender un derecho que se obtuvo gratis. No se dice por qué, solo se apela a las emociones. Si un regante ayer usaba agua, pero hoy no necesita tanta (ha mejorado su tecnología de riego, p.e.), ¿por qué no puede vender la que le sobra? De hecho, esa posibilidad es lo que le incentivó a mejorar su tecnología. ¿Por qué impedir esto? De nuevo, el problema no es el mercado de futuros, ni siquiera el mercado normal, sino un prejuicio contra los mercados.
Los arroceros en el Guadalquivir. Los arroceros que tienen derecho a una cantidad de agua en la desembocadura del Guadalquivir deciden vender parte a otros regantes aguas arriba. Esa agua, se nos dice, deja de bajar por el río, con lo que "eso supone para otros usuarios o los servicios medioambientales". Se deja a la imaginación (y a las emociones) del lector qué es lo que supone. Veamos: a los otros usuarios no les supone nada, porque es una cantidad de agua que no pueden usar, aunque pase por delante de su propiedad, a no ser que se la compren a los arroceros. A los servicios medioambientales, tampoco nada, porque el cauce ecológico se determina primero y tiene prioridad sobre otros usos, o así debería ser. Y, si no lo es, ese es el problema, y no el mercado. De nuevo, esta pega tampoco tiene nada que ver con los mercados de futuros.