Cierra los ojos despacio / pestaña contra pestaña, / solo es español quien sabe / las cuatro lenguas de España. (Gabriel Aresti)
Si una lengua es hablada por 100 personas, poco le queda más que morir. Puede documentarse, facilitar que ese grupo pase a las siguientes generaciones algunas palabras, canciones o expresiones culturales y que así perviva de alguna manera en el grupo social que alguna vez la habló. En el otro extremo, las lenguas muy extendidas, oficiales en sus sociedades y habladas por millones de personas monolingües no tendrán problemas. Pero, ¿qué hacemos con las lenguas que no están en esos extremos? En particular, ¿qué hacemos con aquellas, como el euskera, gallego, catalán-valenciano, asturleonés, aragonés o aranés, que conviven con lenguas mayoritarias?
Intentaré decir algunas cosas relevantes desde mi óptica de economista, sin obviar otros puntos de vista y análisis, como el jurídico o el educativo. Como la pregunta es sobre qué hacer, la postura será normativa y, por tanto, sujeta a sesgos y preferencias personales moldeados por el apego personal a las lenguas que me han acompañado toda la vida (castellano, euskera y gallego) y mi curiosidad por las demás. Con todo, intentaré justificar mis ideas de dos maneras: (i) la defensa de unos objetivos que creo son de adscripción mayoritaria y (ii) el análisis de unos medios justificados por su coherencia con los fines. Es esta coherencia la que necesita de todos los análisis posibles, incluidos el económico, estadístico y de teoría de juegos (además del legal, psicológico, sociológico o pedagógico) para entenderse bien.
El análisis económico aplicado a las lenguas se ha centrado en temas como el beneficio de adquirir una segunda lengua, el análisis coste-beneficio de la diversidad lingüística o la evolución del uso de las distintas lenguas (aquí y aquí hay sendos panoramas de la investigación). No obstante, también hay trabajos con análisis de bienestar asociados a la promoción del uso de una lengua (aquí) o de los equilibrios subóptimos que pueden ocurrir en la interacción social donde hay una lengua minoritaria (aquí). Desde el análisis económico, la lengua puede ser considerada un bien público, con fuertes externalidades de red y en el que se presentan problemas de coordinación. Estas consideraciones implican que la promoción pública de una lengua tiene perfecto sentido. Por supuesto, esto no implica cualquier nivel de apoyo, que dependerá de la intensidad de las características anteriormente señaladas, de la extensión de la lengua y de las preferencias de la sociedad en la que se habla. Los apoyos pueden ir desde su visualización en ámbitos muy localizados (el aragonés) hasta la oficialidad (el gallego). Sí implica, en cambio, que el discurso de no hacer nada desde la cosa pública para promocionar una lengua minoritaria, basándose en que las acciones individuales de los hablantes bastarán para llegar a un equilibrio óptimo, no tiene sustento alguno.
Para dilucidar la cuestión, los objetivos políticos adecuados, según entiendo los consensos habidos en España, refrendados en la Constitución, Estatutos de Autonomía y sentencias del Tribunal Constitucional, se pueden resumir en (i) facilitar que los hablantes de cualquier lengua puedan pasarla a sus hijos, (ii) facilitar que, en las comunidades bilingües, todos los hablantes conozcan ambas lenguas y (iii) facilitar la cohesión social. Estos objetivos se refieren a los derechos y bienestar de las personas y no apelan a un supuesto derecho de las lenguas a ocupar un espacio. Es de destacar que no es un objetivo el revertir la situación de una lengua a la que tenía en épocas pasadas. Eso será algo a lo que se tienda, o no, según las generaciones siguientes la usen. La idea de una división lingüística como en Suiza o Bélgica pudo haber sido una posibilidad hace un siglo para algunas lenguas españolas, pero no lo es ahora, dada la convivencia de hablantes. Tampoco es un objetivo el que los niños estén escolarizados en su lengua materna. Ciertamente es un argumento que se usó en su día para las lenguas minoritarias y hoy día se usa para el español, pero no está establecido ni implícita ni explícitamente en las leyes. En el País Vasco, por ejemplo, son los padres quienes deciden la lengua de escolarización (y a menudo no coincide con la materna), mientras que en Cataluña no hay elección.
Para conseguir el objetivo (i) es necesario que la lengua minoritaria tenga una presencia pública. El uso familiar y vecinal, que ha permitido la transmisión generacional del euskera durante siglos, es insuficiente en las épocas modernas por el gran peso de los medios de comunicación y la vida pública. Eso requiere del desarrollo de un estándar lingüístico, algo que ha ocurrido en todas las lenguas mayoritarias, aunque sus hablantes actuales no sean conscientes de ello y aunque haya sido un proceso lento. En las lenguas minoritarias este proceso suele ser más rápido una vez existe la voluntad política de promover esa lengua a un estatus oficial. La necesidad de esta estandarización tampoco es argumento en contra de la promoción de la lengua. Más importante, y delicado, es su uso en la educación, en los medios de comunicación y en los distintos ámbitos sociales, donde convive con otra lengua. Muchos equilibrios son, en principio, posibles: diferentes lenguas pueden predominan en diferentes ámbitos (en educación puede prevalecer una y en la justicia la otra) y pueden repartirse los demás en diferente grado (prensa, trabajo, p.ej.). En cualquier caso, será imposible que ciudadano pueda demandar que a su alrededor se forme una burbuja en la que todo se exprese en su lengua de preferencia. Para la consecución del objetivo (i) no es necesario ni posible que el 100 % del espacio público esté en cada lengua.
En aras del objetivo (ii) se han establecido multitud de programas de aprendizaje, además de la escolarización, y se han promocionado las ventajas de conocer la lengua minoritaria. En este sentido, en algunas comunidades se obliga a la escolarización en la lengua minoritaria, mientras que en otras solo se impulsa esta opción. La escolarización en la lengua minoritaria puede convivir con la escolarización en la lengua mayoritaria o ser exclusiva. De estas opciones, es difícil defender la escolarización exclusiva como instrumento para conseguir ninguno de los objetivos señalados. El Tribunal Constitucional ha ratificado la legalidad de que el catalán sea la lengua más usada en la educación, pero a su vez ha señalado que el castellano debe ser también usado en la docencia (p.e., aquí). Sin embargo, la manera en la que los padres o tutores pueden ejercer este derecho implica una petición explícita, con un coste añadido al tener que resistir una presión y sentirse señalado, o la petición de reembolso de los costes de escolarización en un centro privado (en Hay Derecho lo explican bien). Ambas maneras son contrarias a toda la literatura sobre la manera de impulsar decisiones; en este caso, la escolarización exclusiva en catalán. Una de las conclusiones de la economía del comportamiento y de la literatura de “empujoncitos” (nudges) requiere que la opción que no se ofrece por defecto esté inmediatamente disponible y sea de fácil ejecución. Tampoco favorece ninguno de los objetivos el que, p.ej., una escuela rehúse comunicarse con los padres de un alumno en la lengua que requieran ellos o que se valore desproporcionadamente el conocimiento de una lengua para ser cirujano.
El objetivo (iii) necesita que los hablantes de ambas lenguas estén razonablemente satisfechos con los equilibrios a los que se lleguen. Nada garantiza que el objetivo sea posible (p.ej., si uno de los dos grupos de hablantes mantiene actitudes contrarias a la otra lengua), pero siempre debe intentarse. En cualquier política pública se cometerán errores de tipo I (cuando no llega a cumplir su objetivo) y de tipo II (cuando la política tiene efectos no deseados). Por ejemplo, una política lingüística de apoyo a una lengua puede no llegar a igualar la situación de sus hablantes con la de la otra lengua en lo que a transmisión generacional se refiere (error tipo I) y a la vez conculcar los derechos de los hablantes de la otra lengua con alguna de las medidas (error tipo II). No es que la política se quede corta o vaya demasiado lejos, es que ambas cosas pueden suceder a la vez. Señalar esto no es posicionarse en la equidistancia, pues nada se dice acerca de que ambos errores se estén cometiendo por igual, pero sí implica que hay que prestar atención a ambos. Si bien en su día la lengua minoritaria podía estar en situación muy precaria, de tal manera que se podía avanzar en su impulso sin caer apenas en errores tipo II, esto no tiene por qué ser cierto hoy en día. Reconocer esta situación y actuar en consecuencia será necesario para la convivencia. Los errores tipo I inciden en el desafecto de los hablantes de la lengua que se promociona y los de tipo II en el desafecto de los hablantes de la otra. Ambos deben evitarse.