La administración de las vacunas, mercado y planificación

¿Qué mecanismo es adecuado para proceder a la vacunación contra la covid-19?

En un mercado, la decisión individual de vacunarse tendría el problema de no interiorizar las fuertes externalidades positivas de la vacunación y negativas de no hacerlo. Además, la decisión está rodeada de incertidumbres ¿seré del 95 % para los que la vacuna es efectiva? ¿cuál es la probabilidad de los efectos secundarios? ¿me conviene vacunarme ahora, pagando un precio más alto, o esperar a que baje el precio de la vacuna? ¿vacuno a mis hijos pequeños, que apenas tienen riesgo? Sabemos que este tipo de incertidumbres y decisiones temporales están muy sesgadas por toda suerte de circunstancias ajenas a lo que el propio individuo desearía si fuera consciente de todo el proceso de decisión y de cada consecuencia. Lo sabemos porque en estos casos a menudo se toman decisiones inconsistentes y porque hay arrepentimientos que, por otra parte, tampoco tienen por qué ser racionales.

Lo anterior justifica que la decisión de vacunar sea tomada por las autoridades: se vacunará a la mayor cantidad de gente posible y el Estado correrá con los gastos. Lo primero es una manera de resolver el problema de las externalidades, lo segundo es una transferencia de renta implícita hacia los más pobres (el gasto se sufraga con impuestos) a la vez que una manera de evitar el que alguien intente no vacunarse en el caso de que le hicieran pagar el coste. No parece mal mecanismo, toda vez que el coste de la vacunación no es muy alto y los beneficios son muy grandes, tanto en vidas y salud como en actividad económica. Si la vacuna ha de ser obligatoria (salvo para casos especificados por razones de salud o cualquiera otra que las autoridades estimen oportuna) o voluntaria es otra discusión. Una vez decidido si ha de ser lo uno o lo otro, el mecanismo apuntado tiene sentido frente al mercado. Estamos en una de esas circunstancias que traté en una entrada anterior sobre cuándo funciona bien la planificación: sabemos que hay que poner una vacuna por persona, que hay que poner cada vacuna en el momento en que esté disponible y que el orden debe estar muy relacionado con la vulnerabilidad, la exposición y las externalidades en cada colectivo.

Lo anterior deja todavía muchas cosas sin resolver. Ahora hay que poner las vacunas y, por cuestiones técnicas de fabricación, suministro e intendencia, hay que resolver en qué orden se realiza la administración. No es un tema menor, puesto que se estima que se necesitarán unos seis meses antes de que esté vacunada una gran parte de la población, de manera que interesa ponderar la vulnerabilidad individual, las externalidades por contagio y el impacto económico. La solución dada en España y, por lo que sé, en la mayoría de países, es la de establecer un orden desde el gobierno: mayores en residencias, personal sanitario en primera línea, personas mayores de 64 años, colectivos con gran discapacidad y de riesgo, etc. El orden tiene su explicación, pero siempre habrá dudas. ¿No convendría vacunar antes a este colectivo que a este otro? Dentro de un colectivo ¿todos deben tener la misma prioridad? ¿No sería mejor aislar a este colectivo y vacunarlo más tarde en lugar de vacunarlo ahora? ¿Sería conveniente vacunar antes a algunas personas de muchos contactos y alta productividad en su trabajo diario, pero que pertenecen a colectivos que están al final de la lista?

Aquí y allá se han leen análisis a favor de introducir una subasta en el proceso de administración de la vacuna. No necesariamente como sustitución al orden establecido por el gobierno, sino como complemento; por ejemplo, sacando un pequeño tanto por ciento de las vacunas a subasta. En este trabajo, que me hizo notar José Pablo en los comentarios de mi entrada anterior, se estudia una subasta en que cualquiera, institución o persona física, puede pujar por vacunar a quien quiera, no necesariamente a sí misma. Recogidas las pujas, el subastador (el gobierno) asigna un momento para vacunar a cada individuo de manera que se maximice el monto de las pujas ganadoras. La clave de esta subasta es que el subastador no paga su puja, sino el coste que su puja impone sobre los demás. Es decir, se calcula cuál sería el monto con y sin la presencia de cada individuo y este paga la diferencia. El resultado es que (i) todos los individuos tienen incentivo a declarar sus verdaderas preferencias, que incluyen el beneficio real de verse vacunado en tal momento y también y más importante, el beneficio real de cómo le influyen las vacunas de los demás y (ii) la asignación de subastas es eficiente. El lector que conozca la literatura de subastas, se habrá dado cuenta que estamos ante una versión de los mecanismos Vickrey-Clarke-Groves, que permiten conocer las verdaderas preferencias de los individuos.

Para que la subasta anterior funcione bien, es necesario que todos los individuos sepan qué beneficio obtienen por ser vacunados ellos mismos y por ser vacunada cada una de las personas con las que potencialmente puedan tener contacto. Esto es demasiada información, que además de no conocerse, se refiere a sucesos inciertos y futuros, sobre los que, como hemos dicho, abundan los malos cálculos por el uso inconsistente de las probabilidades y de los factores de descuento. (Aquí hablé de lo mal que calculamos las externalidades y aquí de las inconsistencias en las decisiones intertemporales y cómo en ambos casos una acción estatal puede mejorar el resultado). Si a ello añadimos la dificultad de organizar tal subasta, nos quedamos, de momento, con un interesante trabajo teórico sin aplicación práctica. Recordemos cómo otras subastas, para ser exitosas, tuvieron que refinarse tras mucha experimentación durante un tiempo del que ahora se carece.

En su blog, John Cochrane propone simplemente que se deje actuar al mercado. Si el Estado decide que es importante vacunar pronto a un colectivo en particular no tiene más que acudir al mercado y comprar las vacunas necesarias, sin impedir que cualquiera pueda acudir al mercado. El precio de las vacunas reflejará su escasez en cada momento y quienes verdaderamente necesiten la vacuna antes serán quienes paguen ese precio. Siendo este mercado equivalente a una forma de subasta que no es un mecanismo de Vickrey-Clarke-Groves, no habrá ninguna garantía de que sea óptima incluso si cada individuo, institución y Estado tienen toda la información que necesitan sobre los beneficios, costes y externalidades. Cochrane, así todo defiende su propuesta aduciendo que, por imperfecto que sea el mercado, el Estado lo es aún más. No hay más explicación que esta, acompañada de algunos ejemplos.

Más interesante, y de más fácil aplicación, es la propuesta de sacar a subasta unas cuantas vacunas de cada lote que va llegando. Es decir, la mayoría de las vacunas siguen el orden dictado, pero el gobierno subasta unas cuantas. Es la propuesta que Richard H. Thaler publicó en el NYT. De esta manera, algunas grandes empresas, equipos de fútbol u otras organizaciones con grandes beneficios potenciales por vacunar prontamente a sus empleados, podrían pagar grandes cantidades de dinero por esta prerrogativa, para beneficio de las arcas públicas, que podrían usarlo a su vez para su campaña de vacunación o para financiar sus servicios de salud, colapsados por la pandemia.

Como siempre, la labor del economista es exponer las posibilidades con todo lo que buenamente podemos anticipar de cada una de ellas a la luz de lo que sabemos. A mi entender, solo una propuesta del tipo que hace Thaler está sustentada teórica y empíricamente. Si es o no conveniente para este caso, será algo que tengan que decidir los poderes públicos, sopesando las ganancias públicas y privadas de permitir esa opción frente al coste de retrasar algunas semanas la vacunación a algún colectivo; pero no rechazando por apriorismos ideológicos o consideraciones de estrategia política un tipo de mecanismo u otro.