La Organización Internacional del Trabajo calcula que 152 millones de niños y niñas realizan trabajo infantil en todo el mundo, de los que aproximadamente la mitad lo hacen en trabajos que entrañan peligro físico extremo como minas ilegales. La prevalencia es particularmente alta en África, donde afecta a uno de cada 5 niños.
Pero, ¿qué se entiende por trabajo infantil? Las Naciones Unidas definen como tal todo trabajo realizado por debajo de la edad legal mínima para trabajar que es perjudicial para el desarrollo físico y psicológico de los niños, interfiriendo con su educación. El trabajo infantil está prohibido en el artículo 32 de la Carta Europea de Derechos Humanos, y la lucha contra esta práctica ocupa desde hace décadas un lugar prioritario en la agenda política de gobiernos y organizaciones internacionales.
Además, en las últimas décadas, el trabajo infantil ha sido objeto de estudio por parte de economistas y académicos de otras disciplinas, cuyos trabajos teóricos y empíricos nos permiten entender mejor el origen y las consecuencias de este fenómeno, generando también evidencia sobre cómo enfrentar este problema de forma efectiva.
Las causas y consecuencias del trabajo infantil
La mayor parte de expertos identifican el trabajo infantil como un fenómeno diverso en el tiempo y en el espacio en el que a menudo interactúan diversas causas. Por un lado, intervienen factores culturales, y a menudo desastres o conflictos. Por otro, también interactúan factores como el alto coste de la educación o la pobreza crónica o transitoria en la que viven muchos de estos hogares. En ausencia de ayudas o de acceso a crédito, estas situaciones pueden además llevar a muchas familias a tomar decisiones pensando más en el corto que en el largo plazo, lo que a menudo implica que los niños del hogar abandonen la escuela y comiencen a trabajar.
Uno de mis estudios preferidos sobre las consecuencias del trabajo infantil es el trabajo de Mica Sviatschi, recientemente publicado en Econometrica. La autora muestra que, cuando aumenta el retorno a trabajar en las plantaciones ilegales de coca en Perú, los niños de los alrededores son más propensos a dejar la escuela y a participar en actividades ilegales, iniciando una carrera criminal y haciendo más probable su futuro encarcelamiento por crímenes violentos o relacionados con el tráfico de drogas.
Otro de los estudios más citados sobre las consecuencias del trabajo infantil es el que publicaron hace unos años Beegle, Dehejia y Gatti en el Journal of Human Resources. Utilizando como variables instrumentales la incidencia de desastres naturales en la comunidad y los precios del arroz para corregir posibles problemas de endogeneidad, las autoras muestran que, en Vietnam, el trabajo infantil tiene un efecto negativo en la escolarización, pero no en la salud. Las autoras encuentran que 5 años después las personas que empezaron a trabajar de niños ganan más y tienen una mayor probabilidad de trabajar en el sector formal, posiblemente porque tienen más experiencia laboral. Por el contrario, a partir de los 30 años, las personas que empezaron a trabajar durante su niñez tienen menores ingresos y peores trabajos.
¿Cómo luchar contra el trabajo infantil?
Cada vez más conscientes de las consecuencias negativas del trabajo infantil, numerosos gobiernos y organizaciones internacionales movilizan cada año ingentes recursos en la lucha contra el trabajo infantil. Sin embargo, ¿qué intervenciones se han demostrado efectivas para reducir la incidencia del trabajo infantil?
La mayor parte de los estudios se han centrado en entender si aquellas intervenciones que aumentan el coste de oportunidad del trabajo infantil o su coste directo ayudan a reducir el trabajo infantil encontrando, por lo general, resultados positivos.
Una primera política que intuitivamente podría reducir el trabajo infantil serían las transferencias condicionadas de efectivo. Estas intervenciones, muy populares desde los años 90 en numerosos países en desarrollo, ofrecen pagos a familias vulnerables a cambio de que estas lleven a los niños a la escuela y asistan de manera regular a los servicios de salud. En la medida en que este tipo de programas reducen las necesidades económicas de las familias y exigen que los niños vayan a la escuela, podrían ayudar a combatir el trabajo infantil. En su revisión de la literatura, Rosati concluye que, en general, las transferencias condicionadas de efectivo reducen el trabajo infantil, sobre todo cuando van acompañadas de reducciones en los costes de acceso a servicios de salud y educación. En línea con estas conclusiones, el trabajo de Sviatschi citado anteriormente también muestra que las transferencias condicionadas de efectivo en Perú reducen el trabajo infantil en las plantaciones ilegales de coca.
Otra intervención que podría ser efectiva en la lucha contra el trabajo infantil es la expansión del acceso a crédito (Baland y Robinson; Beegle et al.), que ofrece a las familias vulnerables una alternativa con la que sobrellevar períodos transitorios como sequías en los que obtienen menores ingresos sin necesidad de que los más pequeños abandonen la escuela.
Las remesas de los emigrantes también se han demostrado efectivas para reducir el trabajo infantil. Utilizando la crisis del 2008 como experimento natural, un estudio reciente de Andrés Cuadros Menaca y Arya Gaduh muestra que las remesas enviadas por emigrantes colombianos a sus familias reducen el trabajo infantil, particularmente el de los niños más pequeños y el de las niñas, aunque no parecen tener un efecto relevante sobre la escolarización. Los resultados de este estudio sugieren que intervenciones orientadas a facilitar el envío de remesas podrían ayudar a reducir el trabajo infantil.
Por otro lado, Iliana Reggio encuentra en este trabajo resultados que sugieren que las intervenciones que aumentan el poder de negociación de las mujeres en sus hogares también podrían ayudar a reducir el trabajo infantil de las hijas en el hogar, pero no así el de los niños.
¿Y prohibir el trabajo infantil? ¿Sirven de algo cambios legislativos en países en los que la capacidad de las instituciones para hacer cumplir las leyes es limitada? Esta pregunta ha sido investigada empíricamente por Caio Piza y André Portela en este trabajo, que muestra efectos beneficiosos pero relativamente moderados para Brasil. Utilizando un modelo de diferencias en diferencias, los autores muestran que retrasar la edad legal mínima para trabajar desde los 14 hasta los 16 años reduce la participación laboral de los niños de 14 años en 4 puntos porcentuales, principalmente en el sector informal, mientras que apenas existen efectos para las niñas, que parecen pasar del sector formal al informal.