La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 está impidiendo que los estudiantes puedan acceder físicamente a las aulas. Muy previsiblemente, la situación en el plazo de unas semanas seguirá desaconsejando también la realización de exámenes presenciales. Con las clases y los exámenes tradicionales suspendidos, las universidades han realizado un acelerado y meritorio esfuerzo por continuar proporcionando a sus estudiantes enseñanza a través de medios digitales. Desde conexiones de vídeo en directo con profesores que imparten clases desde el salón de sus casas, hasta grabaciones de audio en plataformas de mensajería instantánea, existe un amplio abanico de propuestas útiles e innovadoras que han suplido excelentemente y en tiempo récord a las tradicionales clases presenciales.
Cubierta la enseñanza a través de medios digitales, la otra cuestión a dilucidar es el modo de evaluar a los estudiantes. En este artículo defiendo que la mejor opción en las circunstancias actuales es la no evaluación. Mi propuesta parte de dos premisas. La primera es que, desde la lejanía física del confinamiento, no existe ningún medio que pueda garantizar la asignación de la autoría intelectual del trabajo evaluado a sus verdaderos autores (los estudiantes que realmente lo han realizado). Esta premisa se refuerza con la constatación de que la mayoría de las universidades públicas españolas no han podido adaptarse, ni técnica ni legalmente, a los requisitos de las tecnologías más avanzadas que ofrecen mayor garantía sobre la autoría del trabajo. Un ejemplo de estas tecnologías son los sistemas de reconocimiento bométrico o Proctoring.
La segunda premisa considera que los estudiantes conocen la anterior restricción y, una parte de ellos, utilizarán esta ventaja para pasar por suyo material evaluable cuya autoría intelectual no es suya. Suponer que todos los estudiantes son los autores de los trabajos firmados por ellos y presentados a evaluación, incluyendo las respuestas a exámenes online, es sencillamente una quimera. De hecho, una universidad con tanta tradición en educación a distancia como la UNED realiza sus exámenes de forma presencial en tiempos normales.
Las dos premisas anteriores conducen a la siguiente conclusión: cualquier forma de evaluación no presencial generará una devaluación en términos relativos (con respecto a sus compañeros) de los estudiantes que antes del confinamiento tenían un mejor expediente. Esto es así porque la ventaja potencial en términos de calificación que proporciona la evaluación virtual es mayor cuanto peor es el historial académico del estudiante.
El expediente académico de un estudiante tiene más relevancia de lo que la gente piensa. La nota media es un criterio importante (aunque no el único) para acceder a los programas de postgrado más exigentes, de los que saldrán los mejores científicos, gestores o directivos . También influye en la oportunidad de que un candidato recién graduado sea convocado a una entrevista de trabajo por las grandes empresas, donde los salarios son más elevados. En la medida en que la evaluación a distancia adolece de los problemas mencionados, su aplicación durante el confinamiento introduciría una distorsión injusta que penalizaría a los estudiantes que hasta la fecha han construido su expediente con su esfuerzo o talento.
Para proteger a nuestros mejores estudiantes, como norma general, las universidades deberían renunciar a la evaluación de las asignaturas en las que los estudiantes han estado matriculados durante el confinamiento. Dicha calificación quedaría abierta hasta que los estudiantes terminaran de cursar el resto de créditos, momento en el que se asignaría la nota media del expediente a las asignaturas matriculadas durante el periodo de reclusión. De este modo se evitarían las distorsiones en las calificaciones que cualquier intento de evaluación basado en indicadores virtuales causaría.
La no evaluación no implica el no aprovechamiento de la enseñanza. Como ya se ha indicado, los estudiantes tienen a su disposición un conjunto de material variado con el que preparar las asignaturas, así como la disponibilidad online del profesor para solucionar sus dudas. Los estudiantes han de hacerse responsables de gestionar su trabajo y el tiempo de estudio para sacarle el máximo provecho a este material. Para incentivar esta actitud, las instituciones implicadas en la enseñanza de grado y postgrado han de anunciar su compromiso con mantener en el periodo de post-confinamiento la exigencia de los programas y los criterios de evaluación vigentes antes de la cuarentena.
Los estudiantes han de saber que no aprovechar el tiempo en las circunstancias actuales, mediante la disciplina de estudio y la autoevaluación, dificultará el seguimiento de otras asignaturas o la realización de exámenes en el futuro. Nada resultaría más dañino en términos de formación de nuestros jóvenes estudiantes que los indicios de que podrían disfrutar de prebendas futuras mediante la relajación de la exigencia académica, para compensar los efectos del periodo de confinamiento. Esto aplica también a pruebas estandarizadas habilitantes como el examen del MIR, cuyo diseño no debería sufrir mermas de calidad por este motivo.
Esta propuesta tiene como excepción los cursos de máster, que en la mayoría de casos constan de un año, y en los que una gran cantidad de créditos evaluados se imparten hacia finales de curso. En estos casos se propone como prueba objetivable y complemento a la evaluación continua la realización de exámenes presenciales concentrados en una semana, tan pronto como la situación sanitaria lo permita. Teniendo en cuanta que normalmente se trata de cursos poco masificados, muy posiblemente después del verano se podrían dar las condiciones para permitir la realización de estas pruebas de un modo seguro. Dado que la mayoría de las previsiones económicas apuntan a que en los dos siguientes trimestres la actividad económica va a sufrir un importante deterioro, el retraso de la obtención del título a los estudiantes de máster no debería de tener un coste de oportunidad elevado. Tampoco aplica a los trabajos de fin de grado, donde la interacción a nivel individual con el estudiante (incluyendo entrevistas online) permite un seguimiento similar al de los tiempos normales.
Una cuestión diferente es la aplicabilidad de la propuesta en los niveles inferiores de la enseñanza. En estos ciclos la primera premisa que he enumerado más arriba es más difícil de sostener. Esto se debe a un mayor conocimiento y cercanía del profesor con los estudiantes, y que facilita el seguimiento continuo en su progreso y la detección de desviaciones con respecto a la normalidad. En primaria y la ESO, además, el recibir ayuda externa durante el confinamiento puede incluso ser positivo para el estudiante, que puede ganar motivación si observa, por ejemplo, que sus padres o compañeros se implican más en sus estudios. Además, tanto en primaria como en la ESO, los cambios en la ordenación de estudiantes de acuerdo a su expediente, no es una cuestión tan relevante. En relación al bachillerato, aunque la evaluación continua también puede ser vista como una posibilidad deseable, ésta no debe realizarse sobre la base de la reducción de la exigencia de las pruebas de acceso a la universidad, y así debería anunciarse ya desde las autoridades educativas competentes.
Las universidades deberían pensar la conveniencia de seguir adelante con un sistema de realización de exámenes que, se puede anticipar, no sólo va a generar grandes problemas logísticos a profesores y estudiantes, sino que, sobretodo, supondrá una pérdida fundamental de calidad del expediente como señal de competencia de los egresados. El daño causado por el coronavirus en este sentido ya no tiene remedio, y el empeño en asignar una nota ahora a los estudiantes sólo puede empeorar las cosas.