Un solo conector para gobernarlos a todos

¿Quién no ha abierto un cajón y se ha enredado en un sinfín de cables y cargadores que hace tiempo que no utiliza? La variedad de dispositivos electrónicos que hay en nuestros hogares hoy en día – muchos de ellos con características específicas para un aparato o marca concreta – ha dado lugar a una ineficiente acumulación de basura electrónica. Para abordar este problema, el pasado 4 de octubre de 2022, la Comisión Europea (CE) aprobó una propuesta de modificación de la Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos como un primer paso hacia la obligatoriedad de un conector “universal” para dispositivos electrónicos portátiles (PEDs, por sus siglas en inglés). A partir de 2025 todos los teléfonos móviles, tabletas, cámaras, etc. que se vendan en la Unión Europea tendrán que venir equipados con un cargador con conector USB-tipo C para facilitar su interoperabilidad entre marcas y fabricantes. A partir de 2026, esta obligación se extenderá a ordenadores portátiles y otros equipos.

Aunque la idea de disponer de un cargador armonizado estaba presente en la agenda de la CE desde mediados de la década de 2000, no era fácil alcanzar un consenso sobre el grado de intervención requerido y sus efectos sobre la innovación. En 2009, por ejemplo, el entonces vicepresidente de la Comisión, Günther Verheugen, consideraba más que suficiente el memorando voluntario de entendimiento sobre la adopción del conector micro-USB para smartphones. De hecho, tres años después el número de cargadores incompatibles en el mercado europeo ya se había reducido de casi treinta hasta solo tres. Sin embargo, no todos los fabricantes estaban de acuerdo, ya que Apple decidió seguir utilizando su propia tecnología de carga. El fracaso de este acuerdo voluntario convenció a la CE de la necesidad de una mayor intervención y, tras casi una década de negociaciones, se llegó por fin a un consenso que imponía como estándar obligatorio el conector USB-tipo C.

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA ARMONIZACIÓN

La introducción obligatoria de un estándar de carga y conexión es un paso más dentro del denominado Pacto Verde Europeo, un amplio paquete de iniciativas políticas adoptado en 2021 cuyo objetivo es situar a la Unión Europea en el camino hacia una transición ecológica y la neutralidad climática en 2050. En concreto, la modificación de la mencionada Directiva 2014/53/UE se justificaría por la necesidad de reducir los residuos electrónicos. Europa es el continente que más desechos de este tipo genera (16,2 kg per cápita), buena parte de los cuales corresponde a PEDs, incluyendo sus cables y baterías. La existencia de programas de reciclaje no ha conseguido reducir el volumen anual de residuos generados (que se mantiene alrededor de unas 11.000 toneladas), calculándose que el estándar USB-tipo C reduciría al menos un 10% esa cifra.

Además de estos beneficios medioambientales, la Comisión sostiene que su propuesta tendrá un impacto positivo para los consumidores. Cada año se compran en la Unión Europea casi 160 millones de teléfonos móviles y 260 millones de otros dispositivos. Cada europeo posee, en promedio, tres cargadores para teléfonos móviles, de los cuales utiliza regularmente dos y, sin embargo, el 38 % de los usuarios tiene problemas para cargar sus teléfonos móviles por falta de cargadores compatibles. Con la nueva normativa, los consumidores ya no necesitarán disponer de un cargador diferente para cada dispositivo y cuando sustituyan o renueven un dispositivo podrán seguir utilizando el mismo cargador. Esta mayor flexibilidad se aplicaría tanto a los distintos dispositivos suministrados por el mismo fabricante como entre distintos fabricantes, lo que aumentará las posibilidades de elección, redundando – según la Comisión – en precios más bajos. El ahorro anual al evitarse la compra de cargadores innecesarios se estima en unos 250 millones de euros.

ARGUMENTOS CONTRARIOS A LA ARMONIZACIÓN

Por otra parte, quienes lógicamente no están muy a favor de esta medida son las empresas que comercializan dispositivos no compatibles. De hecho, todas las miradas se centran en la oposición del mayor fabricante mundial, Apple cuyo puerto Lightning ha tenido pocas mejoras en términos de velocidad de carga y transferencia a lo largo de los últimos años. En todo caso, su decisión parece ser más estratégica que técnica, pues algunos de los productos de esta compañía sí que adoptan el estándar USB-tipo C. El resto de fabricantes, incluyendo los asiáticos, parece no tener demasiados problemas con la nueva normativa. La mayoría de sus dispositivos de gama media y alta portan ya el conector USB-tipo C.

Además de la posible expulsión de fabricantes, existen otros argumentos contrarios a la compatibilidad obligatoria. Así, la estandarización podría no implicar necesariamente precios más bajos para los consumidores. La estimación de la Comisión se basa en considerar que los productos que utilizan tecnologías propietarias tienen precios de venta al público más elevados que los que utilizan la conexión USB-tipo C; por tanto, al imponer la tecnología “barata” como estándar, los precios para los consumidores deberían ser más bajos. Sin embargo, este razonamiento asume que los productos son homogéneos, lo cual no es siempre cierto en este sector.

De hecho, algunos trabajos recientes (por ejemplo, Innocenti y Menicucci, 2021) demuestran que la compatibilidad parcial puede ser un resultado eficiente en un mercado no regulado cuando se ofertan productos verticalmente diferenciados: las empresas con mayor calidad siempre tendrán incentivos para ofrecer productos incompatibles con los de sus rivales para diferenciarse de estos y poder cobrar precios más altos (que los consumidores estarán dispuestos a pagar).

Igualmente, Shuai et al., 2022 también muestran que, partiendo del equilibrio con compatibilidad parcial, imponer obligatoriamente una compatibilidad total podría dar lugar a precios más altos y, por tanto, acabar perjudicando a los consumidores (a pesar de que estos dispongan de mayores posibilidades de elección). Esto se debe a que, con la estandarización, la competencia sería menos intensa. Dicho de otro modo, imponer una compatibilidad total induciría a las empresas que ofertan productos de mayor calidad a intentar aumentar sus márgenes de beneficio (para compensar sus mayores costes), por lo que sus competidores – en un contexto de competencia estratégica en precios – también querrían aumentarlos. Como resultado, los consumidores saldrían peor parados.

Podría argumentarse que el riesgo de precios más elevados es de orden menor en el contexto de los cargadores, ya que estos suelen tener precios relativamente bajos. Sin embargo, y como segunda crítica, imponer una tecnología estándar podría tener efectos más graves a largo plazo sobre los incentivos para desarrollar tecnologías de carga nuevas y potencialmente superiores, algo de lo que ha sido perfectamente capaz la industria, como se ha visto.

CONCLUSIONES

Los economistas no somos especialmente hábiles en anticipar el futuro. Por ello, la nueva directiva europea admite la posibilidad de actualizar el estándar cuando se haya desarrollado una tecnología superior. Sin embargo, acordar esto en la práctica suele requerir negociaciones largas e inciertas y, por si fuera poco, la estandarización obligatoria podría alterar los procesos de desarrollo de nuevas tecnologías a largo plazo. De hecho, son posibles al menos dos escenarios.

El primero es que la mayor parte de las nuevas investigaciones en este campo tenga lugar en países terceros y que la Unión Europea tenga que recurrir a esos esfuerzos externos para evaluar las nuevas tecnologías. Una segunda posibilidad es que la normativa comunitaria sí afecte a otros países (por ejemplo, mediante el denominado ‘efecto Bruselas’ descrito por Anu Bradford) haciendo que las empresas tecnológicas de países terceros decidan diseñar sus productos ajustándose a la normativa europea incluso cuando vendan en otros lugares.

En cualquiera de estos dos escenarios la nueva regulación tendría efectos nocivos sobre la innovación que se realiza en Europa. Internamente, porque ninguna empresa europea podría obtener una ventaja tecnológica (ni siquiera temporal) sobre sus competidores por desarrollar un mejor producto para este mercado. Externamente, porque si el ‘efecto Bruselas’ está presente, también se reducen los incentivos de las empresas comunitarias para innovar en otros lugares.

Sin entrar a valorar lo presuntuoso que implica denominar una tecnología como “universal”, ni lo ineficiente que resulta tardar tanto tiempo en adoptar decisiones sobre armonización tecnológica, elegir una postura definitiva a favor o en contra de la estandarización europea no resulta sencillo para un economista, ya que nos obliga a evaluar adecuadamente dos efectos a largo plazo: la mejora medioambiental frente a los incentivos a la innovación. Este es un dilema sobre el cual cada vez más deberemos tomar postura. Espero que este post le sirva para plantearse la suya.