Este post es una versión ampliada del artículo que publique en El País el 21 de noviembre
Hace unos días tuve honor de comparecer en la Comisión del Empleo y Seguridad Social para valorar una iniciativa legislativa popular sobre establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos (PIM). Tal como expuse en mi comparecencia, comparto plenamente la motivación y los objetivos de la persigue la PIM, pero creo que tiene tres importantes problemas de diseño en cuanto a los incentivos que potencialmente puede pervertir algunos objetivos que persigue, así como, disparar su coste.
Según diversos organismos internacionales, España tiene un importante problema de personas en riesgo de pobreza, y lo que es más preocupante, si cabe, tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de los países industrializados. Y, por lo tanto, es acertada la necesidad de la lucha contra la pobreza, principalmente infantil, ayudando a las personas con graves problemas para encontrar trabajo (principalmente parados de larga duración).
El montante de la nueva prestación sería el 80% del IPREM, unos 5.162 euros anuales. Pero, la ley también contempla un complemento adicional por cada uno de los menores u otros familiares a cargo. Los requisitos para los beneficiarios son los siguientes: i) ser mayor de 18 y menor de 65 años; ii) residir legalmente en territorio español en los 6 meses anteriores; iv) no reunir requisitos para percibir otro tipo de prestación, iv) encontrarse inscrito como demandante de empleo (por al menos 12 meses) y v) carecer de “recursos económicos”. Este último requisito, implica que la renta percapita del hogar debe ser inferior al 75% del SMI, en la actualidad seria 6.368 euros anuales. Para este control de rentas no se tienen en cuenta ni las prestaciones familiares, ni las pensiones alimenticias, ni las prestaciones asociadas a la dependencia o favor de la infancia.
La PIM es incompatible con el trabajo tanto por cuenta propia como ajena, y prácticamente las únicas obligaciones de los beneficiarios son participar en políticas activas y aceptar empleos propuestos por los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación, siempre y cuando se consideren “adecuados”. Como muchos lectores pueden anticipar, la propuesta tiene al menos tres importantes fallos de diseño en cuanto a los incentivos.
En primer lugar, tenemos un problema con las CCAA que tienen la competencia en asistencia social. Todas ellas tienen programas que persiguen los mismos objetivos que la PIM. Es sorprendente, ver el siguiente cuadro, la imaginación de la distintas CCAA para no usar el mismo nombre para la prestación. Sin entrar en la Constitucionalidad de la propuesta, parece evidente cual es el incentivo de las CCAA: no gastar dinero en estos programas (o lo menos posible) y esperar la acción subsidiaria del Estado Central con la PIM. O aun peor, dejar la financiación al Estado y ocuparse ellas de gestionar el gasto, perdiendo la corresponsabilidad fiscal.
En segundo lugar, tenemos un problema de incentivos para aceptar ofertas. Supongamos un beneficiario que recibe una oferta laboral por un salario igual a la cuantía de la PIM más 1 euro. En este caso, su renta sería únicamente un euro más alto si acepta el empleo. Es decir, si acepta el empleo estaría trabajando todos los días por un euro. Esto es equivalente a un impuesto al trabajo del 99,99%.
En tercer lugar, tenemos un problema con los inactivos que tienen un incentivo muy grande a apuntarse al desempleo simplemente para percibir la prestación. Imaginemos un hogar formado por una pareja con dos hijos, donde la mujer trabaja y el hombre está inactivo (es decir ni trabaja ni busca trabajo). En este caso, si la renta familiar total es inferior a 25.474 (o en términos per cápita al 75% del SMI), activándose el hombre y esperando 12 meses tendría derecho a la PIM. Pero, ¿Cuántos serian potencialmente los inactivos con incentivos a “activarse laboralmente” para percibir la PIM?, una estimación conservadora, pues en algunos hogares podría haber más de un inactivo que cumpla los requisitos, realizada con la inestimable ayuda de Floren (Gracias!!!) usando la Encuesta de Condiciones de Vida (2016), nos dice que podrían ser 1,3 millones.
Para solucionar estos problemas de diseño se me ocurren tres enmiendas. En primer lugar, involucrar a las CCAA tanto en el diseño, la gestión y como en su financiación. En segundo lugar, que el trabajador no pierda la PIM si encuentra trabajo, sino que pierda solo un porcentaje de la misma. Empezaría siendo una prestación para quien no trabaja y no tiene recursos y terminaría, al menos durante algún tiempo, siendo un complemento salarial. En este post, explicamos como sería su diseño usando un “negative income tax”. En tercer lugar, para evitar el efecto llamada de los inactivos y controlar el gasto, al menos en una fase inicial, se podría empezar restringiendo el colectivo de beneficiarios a los desempleados, que, habiendo trabajado en el pasado, lleven de más de dos años en paro o haya transcurrido más de un año una vez terminada la prestación.
Un mal diseño de una buena idea, puede no solo desvirtualizar la medida, sino también disparar su coste. Los potenciales de beneficiarios serían más de 2,8 millones: i) según la EPA tenemos 1,5 millones de parados de larga duración sin prestación, y ii) 1,3 millones de inactivos que irían al “efecto llamada”. Es decir, como podemos ver en la siguiente tabla el gasto podría superar los 17 mil millones.
Y no podemos olvidar que los ingresos no son ilimitados y por lo tanto tienen un coste de oportunidad. Y, más aún, en un país como el nuestro, que aún no ha resuelto su crisis fiscal, con un déficit del 3%, una Deuda Publica rondando el 100% y que destina mas de 30.000 millones anuales al servicio de la misma.
Y, donde aún es necesario aumentar el presupuesto de programas del bienestar, desde mi punto de vista más efectivo para los objetivos que persigue la PIM, como son la educación o la sanidad. En ambos, como vemos a continuación gastamos menos que la media europea.
