José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz)
España está siendo fuertemente golpeada por la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Son varias las características que hacen que el impacto sobre nuestra economía vaya a ser mayor que en otros países: un sector asociado al turismo con mayor peso en el PIB, un tejido empresarial con mayor porcentaje de PYMEs y por lo tanto con mayores dificultades para acceder a financiación y un mercado laboral muy precario donde muchos trabajadores temporales o se han ido ya al desempleo o, muy probablemente, no van a ser contratados en la campaña turística. Pero, sobre todo, también agrava dicho impacto una situación fiscal previa a la aparición de la COVID-19 muy deteriorada.
En efecto, España se enfrenta a esta crisis sanitaria sin haber resuelto la crisis fiscal generada en 2008. Un análisis detallado (como hicimos en este post) del déficit estructural, es decir el déficit que tendríamos si la economía funcionará a pleno rendimiento, nos muestra que, desde el año 2014, este no ha parado de aumentar. Podemos decir que desde el año 2014, sea quien sea el partido en el gobierno, ninguno se ha tomado en serio la consolidación fiscal o la reducción del déficit. Ya sea por implementar una bajada de los impuestos de forma estructural sin acompañarlo con bajadas correspondientes del gasto o por aumentar el gasto de forma permanente sin acompañarlo de subidas de los ingresos, lo cierto es que nuestro déficit estructural no ha parado de crecer desde 2014. Para entender la importancia de la disciplina fiscal, basta comprobar que si hubiéramos sido capaces de mantener el saldo estructural primario del año 2014 hasta hoy (bajo la hipótesis de que el crecimiento del PIB hubiera sido el mismo), tendríamos casi 13 puntos de PIB menos de deuda pública (ver aquí) que nos hubiera permitido tener un mayor margen fiscal para afrontar esta pandemia.
Enfrentar una pandemia con una situación fiscal deteriorada y con un fuerte impacto sobre el crecimiento económico va a llevar nuestras cuentas publicas a niveles de déficit y de deuda pública históricamente altos. Es normal que, ante este panorama, surjan todo tipo de temores y rumores, entre los que destaca un rescate total o parcial de la economía que obligue entre otras cosas a bajar las pensiones. Todavía está reciente en la memoria el mes de mayo del año 2010, cuando las presiones de los organismos internacionales llevaron a España a congelar las pensiones y bajar el sueldo de los funcionarios públicos para conseguir relajar las tensiones sobre nuestra prima de riesgo. Evidentemente no tengo una bola de cristal y, por lo tanto, no puedo saber lo que va a pasar. Tengo la esperanza de que la gestión internacional de esta crisis sea ahora diferente por varios motivos. En primer lugar, porque esta crisis, a diferencia de la del 2008, no ha sido causada por culpa de los desequilibrios económicos de los propios países. En segundo lugar, porque siendo una crisis simétrica en el origen, los virus no conocen de fronteras, el impacto económico esta siendo asimétrico, afectando con mayor intensidad a las economías donde tienen mas peso las actividades más afectadas por el virus, como por ejemplo la hostelería o el turismo. Por ello, los problemas de riesgo moral que generaría cualquier tipo solidaridad fiscal entre países y especifica al COVID-19 serían de segundo orden. De hecho, tanto el BCE como la UE están actuando con mayor contundencia que en la anterior crisis.
En el supuesto razonable de que continúen las compras de deuda pública masivas por parte del BCE, se desplieguen los fondos del nuevo programa MEDE sin el estigma de la condicionalidad o del SURE y se repartan los recursos del Fondo de Reconstrucción propuesto por España, que parece está a punto de implementarse, todo ello solo conseguiría que pudiéramos hacer frente a nuestras obligaciones fiscales derivadas de la COVID-19. En ningún caso, estos mecanismos nos van a ayudar a corregir los desequilibrios fiscales que ya teníamos antes de que esta terrible pandemia paralizara la economía global. Entre estos desequilibrios pendientes, probablemente el más preocupante sea el de las pensiones.
El reto que el sistema de pensiones tiene por delante es encontrar el consenso para implementar las medidas necesarias para hacer compatible que las pensiones no pierdan poder adquisitivo y al mismo tiempo que el sistema sea sostenible (o cumpla su restricción presupuestaria inter-temporal). Esto es algo que teníamos que haber hecho antes de la pandemia y con mayor motivo habrá que hacer cuando recuperemos la normalidad. A la hora de buscar este consenso, es importante tener en cuenta el orden de magnitud del que estamos hablando. Si volvemos a actualizar las pensiones con el IPC, el desajuste entre ingresos y gastos será tan grande en las próximas décadas -entre 4 y 6 puntos de PIB según el escenario demográfico que usemos (ver siguiente tabla)- que será necesario conseguir un gran pacto nacional por las pensiones entre las principales fuerzas políticas, para actuar en las siguientes tres dimensiones, que tendrán implicaciones diferentes en las distintas generaciones.
En primer lugar, la reforma debería afectar lo menos posible a los actuales jubilados pues estos, ya no tienen capacidad para adaptar sus decisiones de ahorro y empleo a los cambios en el sistema de pensiones. Y seria injusto, y seguramente ineficiente, cambiarles drásticamente, y en mitad de su etapa de jubilación, su pensión.
En segundo lugar, transformar nuestro sistema de pensiones a uno de cuentas nocionales, donde la pensión que percibirá el trabajador en el futuro sea menos generosa que la que percibe actualmente, en el momento del alta. Este nuevo sistema más sostenible debería entrar en vigor para los trabajadores menores de una determinada edad. Los trabajadores, por encima de esta edad, podrán tener libertad para elegir si quieren que se les calcule la pensión con el viejo sistema o con el nuevo. El nuevo sistema de cuentas nocionales, debe ser muy flexible y permitir de una forma justa y transparente que los trabajadores, que lo deseen, alarguen su etapa laboral, y así evitar la caída en su pensión inicial. Evidentemente cuanto más retrasemos la reforma, más injusta será pues afectará a trabajadores mas cerca de la edad de jubilación. Además, para preservar el grado de redistribución intrageneracional del sistema de pensiones actual, el nuevo sistema de cuentas nocionales, también debería contar con una pensión mínima y máxima.
En tercer lugar, en el periodo transitorio hasta que un porcentaje suficientemente alto de las nuevas jubilaciones vengan del nuevo sistema de cuentas nocionales, será necesario dotar de más ingresos al sistema. O, dicho de otra forma, dotar al sistema de mas ingresos, de forma transitoria, para ayudar a financiar la jubilación de los “babyboomers”. Una forma de justificar el uso de ingresos públicos, no provenientes de las cotizaciones y no afectar a la naturaleza contributiva del sistema, es hacerlo como compensación por los años donde las cotizaciones social de los trabajadores financiaron la sanidad pública en España.
En definitiva, ante la crisis de deuda del año 2010, la presión internacional en un primer momento optó por exigir la congelación las pensiones, pero enseguida empezó a reclamar reformar el sistema alargando la edad de jubilación hasta los 67 años. Reformar un sistema de pensiones para hacerlo sostenible, mejora la solvencia de las finanzas públicas de un país sin necesidad de afectar al gasto presente. Como sabemos las pensiones constituyen una institución intergeneracional y aliviando el gasto futuro para hacer el sistema consistente con la nueva longevidad, puede evitar algunos recortes actuales y mejorar la solvencia financiera del país. En 2010 la deuda pública era de poco más del 60% del PIB, mientras que en el mejor de los casos este año terminaremos con un nivel de deuda del 120%, el doble. Desconozco lo que sucederá en esta ocasión, pero confío en que las presiones internacionales sean para reformar el sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva realidad demográfica en la línea que he indicado anteriormente. Sin duda, es más justo reformar nuestro sistema de pensiones afectando a los futuros jubilados, en lugar de recortar las pensiones de forma generalizada como, por ejemplo hicieron Grecia o Portugal, eliminando las pagas extras, tras la crisis de 2008.