¿Dónde estamos?
El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación a la nueva realidad demográfica. Aunque se trata de un reto común a todos los países desarrollados, las proyecciones de población de España plantean que el progresivo envejecimiento de la población será mucho más intenso. En concreto, según el INE, en las próximas cuatro décadas habrá 8,7 millones menos de personas en edad de trabajar (entre 16 y 66 años) y al mismo tiempo 8 millones más de personas mayores de 67 años. Si se cumplen las proyecciones, aunque alcancemos el pleno empleo, en apenas unas décadas tendremos un jubilado por cada trabajador. No podemos olvidar, que, si se cumplen las proyecciones, España será en 2050 el país mas envejecido de Europa.
No obstante, las reformas de 2011 y de 2013 han empezado a adaptar el sistema de pensiones a esta nueva realidad demográfica. En la primera reforma de 2011 se aprobó la modificación simultánea de dos parámetros clave del sistema: la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, pasando de 15 a 25 años, y el retraso en la edad de jubilación, de los 65 a los 67 años. Esta reforma, conseguida además dentro del consenso del Diálogo Social y de efectos muy positivos según todos los estudios solventes, tan solo era capaz de solucionar un tercio de los problemas de sostenibilidad financiera futura. La reforma de 2013, por su parte, introdujo un factor de sostenibilidad y un nuevo índice de revalorización de las pensiones. El factor de sostenibilidad diseñado en España permite el ajuste automático de la pensión ante cambios futuros en la esperanza de vida, y estaba previsto inicialmente que entrara en vigor a partir del año 2019.
La reforma de 2013 también introdujo un nuevo factor de revalorización de las pensiones. Desde el año 1997, el crecimiento de estas en España estaba vinculado a la evolución de los precios a través del Índice de Precios al Consumo (IPC). Esto cambió con la última reforma: a partir de 2014 las pensiones varían en función de cómo evolucione la restricción presupuestaria a lo largo del ciclo económico. En concreto, si los gastos son superiores a los ingresos a lo largo del ciclo (es decir, déficit), entonces las pensiones solo suben un 0,25%. Y si ocurre al contrario (que hay superávit) las pensiones pueden aumentar hasta un máximo de la variación del IPC más un 0,5%.
Reforma de 2013: semilla de la nueva reforma
El factor de revalorización, que viene determinado por el cumplimiento de una restricción presupuestaria a lo largo del ciclo, aun sin más reformas, tiene un impacto muy grande sobre la evolución del gasto en pensiones futuro (según diversos estudios puede llegar a 5 puntos de PIB). Pero, este factor tiene dos problemas importantes.
En primer lugar, si no se emprenden nuevas reformas, durante mucho tiempo los ingresos van a resultar insuficientes para financiar los gastos, y por lo tanto la sostenibilidad se va a conseguir subiendo las pensiones tan solo un 0,25% al año. Luego, si el BCE consigue su objetivo de inflación del 2%, las pensiones perderán un 1,75% de poder adquisitivo cada año. Es decir, este mecanismo proporciona una pensión con un poder adquisitivo menguante en el tiempo, pues transcurridos 20 años desde la fecha de jubilación permitirá comprar entre un 30% y un 40% menos de bienes y servicios que en el año de jubilación. Una pensión menguante con la supervivencia es ineficiente y genera un sufrimiento al jubilado pues es muy difícil gestionar una renta que pierde capacidad de compra en un periodo de tiempo que es incierto.
En segundo lugar, es políticamente insostenible. Era fácil anticipar que, tras varios años en deflación, tan pronto llegara la inflación llegaría la presión social para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Y, así ha sido, el ejecutivo anterior no aguanto ni un año esta presión. En la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, se ha suspendido la aplicación del IRP de la reforma de 2013, y se ha aprobado una subida de pensiones del 1,6% para los años 2018 y 2019. Al mismo tiempo se ha retrasado la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad como tarde hasta 2023.
Pero, si era obvio desde que se aprobó la reforma de 2013 que una congelación perene de las pensiones no era políticamente sostenible, ¿por qué nuestros políticos no han trabajado para buscar una reforma alternativa e igual de potente, pero donde todo el coste de la sostenibilidad no recaiga únicamente sobre los actuales jubilados?
Al final han optado por satisfacer a los pensionistas en el corto plazo en lugar de buscar una reforma de pensiones de largo plazo. Con las actuales proyecciones demográficas, si volvemos al IPC y no hacemos nada más, diversos estudios muestran que en 2050 el desajuste entre ingresos y gastos estará en el entono de 7 puntos de PIB. Esto indica que la reforma alternativa, para hacer sostenible el sistema tendrá que reducir de forma significativa la ratio entre la pensión media y el salario medio (i.e la tasa de sustitución). Esta reforma, evidentemente tendría un coste político alto y es por esto que nuestros representantes en el Parlamento prefieren optar por soluciones de corto plazo, aunque con ellas se agraven los problemas de largo plazo.
Mirar al Futuro
Nos podemos deprimir, observando como nuestros dirigentes prefieren ocultar la cabeza y no afrontar los problemas. O nos podemos poner positivos y pensar que estos dos años donde se paraliza la reforma de 2013, se van a utilizar para encontrar nuevas reformas que hagan nuestro sistema de pensiones sostenible en el medio plazo.
En mi opinión, solo hay dos vías para reducir la tasa de sustitución de las pensiones, mas allá de la cuasi congelación de las pensiones. Por un lado, transformar el sistema actual en un sistema puramente asistencial, en el que se reduzcan de forma paulatina las pensiones que se sitúan por encima de una pensión media para que al final todos los trabajadores perciban la misma pensión al jubilarse, cuyo importe sería de subsistencia. Por otro lado, mantener la contributividad, pero transformando el sistema hacia uno de cuentas nocionales donde la caída en el alta de la pensión se haría teniendo en cuenta el esfuerzo contributivo de los trabajadores, de modo que las pensiones percibidas tuvieran una mayor correspondencia con las cotizaciones realizadas. En mi opinión, España debería optar por la segunda pues es la que han tomado otros países con sistema de pensiones contributivos como el nuestro.
Los tres elementos clave de la Futura Reforma
Parece que se acerca un posible acuerdo en el seno del Pacto de Toledo. La parte fácil es encontrar el consenso sobre la necesidad de proteger las pensiones frente al IPC, para evitar una perdida de poder adquisitivo. La parte complicada es encontrar el consenso sobre como financiarlo o como hacer que el sistema sea sostenible en el medio plazo. Los problemas de sostenibilidad no son solo de corto plazo, como muestra el importante déficit que presenta el sistema en la actualidad, sino de medio plazo, donde los déficits serán muy superiores. El reto que tiene el pacto de Toledo es encontrar medidas que con un impacto similar a la injusta e ineficiente cuasi-congelación de las pensiones.
A la hora de buscar este consenso, es importante tener en cuenta el orden de magnitud del que estamos hablando. Si volvemos a actualizar las pensiones con el IPC, el desajuste entre ingresos y gastos será tan grande en las próximas décadas, tal como hemos indicado anteriormente, que seguramente será necesario actuar en tres dimensiones.
En primer lugar, transformar nuestro sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales, donde la pensión que percibe el trabajador será menos generosa que la que percibe actualmente. Este nuevo sistema sostenible debería entrar en vigor para los trabajadores menores de una determinada edad. Además, el nuevo sistema de cuentas nocionales, permite de una forma mas justa y transparente que si un trabajador quiere cotizar más en su “cuenta nocional” puede alargar su etapa laboral, y así aumentar su pensión futura y evitar dicha la caída en su tasa de sustitución. Habría que determinar, cual deber ser la edad le la generación a la que se le empezara a aplicar el nuevo sistema.
En segundo lugar, y aun sabiendo que es imposible hacer sostenible el sistema actuando únicamente por la vía de los ingresos, en el periodo transitorio hasta que las nuevas jubilaciones vengan del nuevo sistema, es probable que sea necesario dotar de mas ingresos al sistema. Habría que determinar, cual es el nivel de ingresos que podríamos aportar de forma transitoria dada la situación de las finanzas publicas españolas, con un nivel de déficit y de deuda pública rozando el 3% y el 100% del PIB respectivamente.
En tercer lugar, para repartir el coste del ajuste entre las distintas generaciones, será necesario qué en los periodos de crisis económica, no todas las pensiones se actualicen de forma automática con el coste de la vida. Habría que determinar, cual es el máximo nivel que una pensión puede llegar a perder en términos de poder adquisitivo.
El Pacto Nacional por las Pensiones
Creo sinceramente que es de estas cosas de las que deberíamos estar hablando. No pongo en duda que sea rentable electoralmente para los políticos centrarse en el corto plazo y olvidarse del medio plazo. Pero cuanto más tarde se introduzcan las reformas estas serán mas drásticas e injustas pues afectarán a trabajadores más cerca de su jubilación y sin margen de adaptarse a los cambios. Pudiendo llegar al extremo de países como Grecia o Portugal donde se recortaron las pensiones entre un 20 y un 30% de un día para otro.
Al final, no podemos olvidar que las reformas no son otra cosa que reescribir el contrato intergeneracional para que sea éste pagable por las futuras generaciones. Es importante tener en cuanta en un sistema de pensiones de reparto es una institución inter-generacional, donde la generación de trabajadores de hoy paga las pensiones de los trabajadores del pasado a cambio de percibir pensiones pagadas por las generaciones de trabajadores del futuro. Y, ¿de qué sirve que el Parlamento de hoy vote por no hacer las reformas necesarias si en el futuro los trabajadores no van a poder pagar las pensiones que nos han prometido hoy?. O, dicho de otra forma, ¿alguien cree que, si en las próximas décadas habrá un trabajador por cada jubilado, este trabajador, apenas mayor de edad hoy, se levantara y pagará el solo una pensión entera, tal como la tenemos hoy, y además el resto de los programas del Estado del Bienestar? ¿Y lo hará, por qué así lo han decidido los políticos de hoy? Y esta es clave, y la razón última por la cual todos los países acaban realizando las reformas necesarias para la sostenibilidad de las pensiones: para hacerlas pagables por las futuras generaciones. Lo que nos estamos jugando ahora es hacerlo cuanto antes, para que se pueda hacer de la forma menos dañina y mas justa para los trabajadores. Dada la experiencia del pasado, solo con un gran Pacto Nacional por la Pensiones que atienda a la solidaridad intergeneracional, entre las principales fuerzas políticas, veo posible dejar un sistema de pensiones sostenible y suficiente a las futuras generaciones.
NOTA: Este post fue publicado en el Instituto Santa Lucía.