Una de las noticias que me ha llamado la atención durante el mes de mayo es el anuncio por parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de la retirada de su conocida base de datos de desastres climáticos y meteorológicos del billón de dólares. Como su nombre indica, esta base de datos cuantifica las pérdidas totales de desastres climáticos y meteorológicos que individualmente hayan generado costes superiores a 1 billón (1000 millones) de dólares. La agencia ha decidido que mantendrá un archivo de los datos que ha obtenido hasta ahora, pero 2024 será el último año en el que se actualizará esa base de datos. Esta decisión es consecuencia de la orden ejecutiva 14154 de 20 de enero de 2025 (denominada “Unleashing American Energy”). La sección 6 de esa orden prohibe explícitamente a las agencias federales encargadas de conceder autorizaciones o redactar normas, que calculen los costes derivados de las emisiones de CO2. Asimismo, les insta a que consideren exclusivamente los criterios y requisitos incluidos en la norma legal vigente en lo que respecta a temas ambientales. Dicho esto, la misma orden ejecutiva 14154 revoca una serie de ordenes ejecutivas y normas anteriores relativas al medio ambiente que, según el gobierno Trump, impedían desatar el potencial energético de Estados Unidos y su impacto en la prosperidad del país.
De acuerdo con la orden ejecutiva 14154, el “cálculo de los costes sociales de las emisiones de CO2 está marcado por deficiencias lógicas, una escasa base de evidencia empírica, politización y ausencia de fundamento legal”. Por otro lado, como recoge el memorando M-25-27 de 5 de mayo de 2025 que desarrolla la guía para implementar las disposiciones incluidas en la referida sección 6 de esta orden ejecutiva, otra razón para la prohibición se refiere a las enormes incertidumbres que rodean estos cálculos. Estas incertidumbres posibilitarían engañar a los ciudadanos americanos, lo que reduciría la confianza en el gobierno federal resultando en unas decisiones públicas erróneas.
Esta maniobra de la administración Trump es un paso adicional dentro de su agenda negacionista. Si no hay datos referidos al cambio climático será difícil para el público encontrar evidencia del mismo y evaluar su coste. En este contexto, estamos observando como el apoyo a partidos radicales de extrema derecha está aumentando en Europa y en el mundo (podemos encontrar crónicas recientes sobre este fenómeno aquí y aquí). Dado que uno de los ejes centrales de estos partidos es el negacionismo climático, existe la posibilidad que este tipo de políticas de censura de datos se imponga tan pronto como estos partidos alcancen el poder.
El talón de Aquiles del negacionismo climático
Sin embargo, aparte del discurso negacionista, los partidos de la extrema derecha radical coinciden también en otra idea: su confianza ciega en el mercado. Los programas electorales de estos partidos suelen prometer una reducción de la regulación e intervención del Estado en la economía. Estas promesas suelen venir acompañadas de un listado de las bondades del mercado y de los beneficios que para la sociedad tendría que asignara los recursos de un país sin los obstáculos que impone el sector público. Sin embargo, es, precisamente, esta confianza que los partidos de extrema derecha tienen en el mercado, el talón de Aquiles de la posible censura de los datos derivadas de sus ideas negacionistas.
Porque, aunque, según estos partidos el cambio climático no exista, haberlo, hailo, como nos han recordado y recuerdan Anxo Sánchez y Antonio Cabrales en varias entradas de este mismo blog. Y si hay cambio climático y genera riesgos sobre el valor de los activos, se debería ver un efecto sobre el precio de esos activos, o sobre los productos financieros que se dedican a asegurarlos o a financiar su producción e intercambio. Por tanto, la pregunta sería ¿qué dice el mercado sobre los riesgos derivados del cambio climático?
Como señalan Eren, Merten y Verhoeven (2022) así como Campiglio, Daumas, Monnin y von Jagow (2023) en sus respectivos artículos recopilatorios de la literatura, se observa que los riesgos relacionados con el cambio climático comienzan a afectar los precios de los activos, aunque el mercado continúa infravalorando esos riesgos. Además, también hay evidencia en cuanto a que tras un evento climático hay un cambio significativo en el precio de esos activos.
Un ejemplo paradigmático de estas revalorizaciones lo tenemos en el estudio que Matías Lamas Rodríguez, Mari Luz García Lorenzo, Manuel Medina Magro y Gabriel Pérez Quirós publicaron en la revista Nature en 2023. Estos autores utilizan datos del Colegio de Registradores sobre el precio de la vivienda en las zonas anexas al Mar Menor que sufrieron un deterioro ambiental tres la llamada “sopa verde” de 2015 en relación al precio de viviendas similares en zonas sin ese deterioro. La conclusión es la siguiente:
“La combinación de eventos climáticos extremos y la degradación ecológica en el Mar Menor han provocado pérdidas inmobiliarias de más de 4.000 millones de euros en la zona. Esta cifra multiplica por diez las ganancias obtenidas en los últimos veinte años por la conversión de los terrenos circundantes en regadío, uno de los principales factores del deterioro medioambiental del área.”
Asimismo, existen estudios que encuentran un impacto de los riesgos relacionados con el cambio climático en las condiciones de los préstamos y, en particular, de las hipotecas. Por ejemplo, Duan y Li (2024) muestran como tras un periodo de inusuales altas temperaturas, se generan menos hipotecas y las que se aprueban son por menores cantidades. Este efecto es mayor en países con mayor riesgo de una subida del nivel del mar y no viene explicado por peores condiciones económicas locales o por la calidad de los prestatarios. Resultados similares aparecen en Fontana, Jarmulska, Scheid, Scheins y Schwarz (2025) o en Nguyen, Ongena, Qi y Sila (2022).
Datos del Consorcio de Compensación de Seguros
Aparte de mirar a datos del precio de los activos o de las condiciones de los préstamos, tales como las hipotecas, para evaluar en qué medida incorporan los riesgos asociados al cambio climático, otra fuente de información procede del mercado de seguros, en particular, de los consorcios de compensación de seguros. Para el caso de España, le corresponde al consorcio “la cobertura, en régimen de compensación, de los siniestros por riesgos extraordinarios” entre los que se incluyen fenómenos de la naturaleza tales como inundaciones extraordinarias o tempestades ciclónicas atípicas, entre otros. Sus datos son públicos y están disponibles en la denominada “Estadística. Riesgos extraordinarios 1992-2023” y pueden descargarse aquí. Esta base de datos recoge información, entre otras cosas, sobre el número de pólizas cubiertas por el consorcio, el capital asociado a las mismas, así como la siniestralidad en número de pólizas e indemnizaciones por distintas causas.
El gráfico 1 recoge el número de siniestros por cada 10.000 pólizas en relación a inundaciones y tempestades ciclónicas atípicas, dos fenómenos en los que el cambio climático puede tener un efecto. A continuación, en el gráfico 2, se recogen las indemnizaciones por las mismas causas como porcentajes de los capitales asegurados. Se observa que, si bien la siniestralidad tiende a aumentar en los últimos años, proporcionalmente al número existente de pólizas, las indemnizaciones que generan no parece que crezcan. La razón es que el coste medio de los siniestros ha ido disminuyendo en los últimos años.
Gráfico 1
Gráfico 2
No trato de analizar estos datos exhaustivamente aquí. Los canales por los que el cambio climático se traslada a los datos financieros son variados y complejos y merecen un análisis riguroso. Por ejemplo, tanto el número absoluto de pólizas como el valor total de los capitales asegurados han crecido de manera significativa desde 1990. En promedio, el número de pólizas y el capital asegurado se ha multiplicado por 4 entre 1990 y 2023. Por lo tanto, el aumento de la siniestralidad puede ser debido a que hay más densidad de riesgos asegurables y, por tanto, un fenómeno como una inundación afecta a un mayor número de pólizas. Sin embargo, los gráficos muestran otro fenómeno. El consorcio clasifica los desastres naturales en función de la zona geográfica a la que afectan. Por un lado, están los fenómenos locales que se pueden asignar a una zona geográfica concreta y que están representados por el color azul en los dos gráficos. Como ejemplo, la barra de 2019 se corresponde a una inundación que ocurrió en el sureste peninsular. Por otro lado, se recogen fenómenos generalizados que afectan a todo el territorio y que se representan por el color naranja. Como ejemplo, la barra naranja de 2009 corresponde a la tormenta Klaus. Observamos como 8 de los 15 años que van desde 2009 a 2023 tienen asociado un fenómeno generalizado, algo que no había pasado anteriormente donde los fenómenos meteorológicos eran todos localizados.
La extrema derecha radical es una de las principales generadoras de bulos. Ahora nos enfrentamos a la censura de datos para dificultar el avance científico que nos permite precisamente identificar esos bulos. Ante este riesgo, es importante contar con fuentes de datos alternativas para poder luchar contra la desinformación de los hechos alternativos que nos quieren imponer.
Hay 2 comentarios
Muchas gracias por la entrada.
Tanto el problema de la "postverdad" como el asunto de gestión de riesgos son problemas de primer orden. Todas las herramientas, ya sean de mercado o de planificación, se vuelven inútiles si carecen del alimento de los datos. Es un problema existencial para la ciencia y para la democracia. Por eso es tan importante la difusión por todos lo medios posibles de los datos que haya . Por cierto, la base de datos enlazada sobre riesgos extraordinarios es muy útil. Regracias.
Gracias, Jorge, por su comentario
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