Muchas de las reformas que requiere este país consisten en introducir competencia y reducir las restricciones a la entrada en muchos mercados. Es por ello que cualquier iniciativa que vaya en esa dirección es especialmente bienvenida. Estos días hemos sido testigos de la implementación de una reforma que podría haber ido en esa dirección. Lo interesante, sin embargo, es como los antiguos beneficiarios han articulado un mensaje afirmando que como la reforma ha conseguido el objetivo deseado el cambio no solo es injusto con ellos sino también malo para el país. Y lo peor es que su presión ha conseguido el objetivo deseado.
¿A qué me refiero? La semana pasada se celebró la primera subasta de interrumpibilidad eléctrica (aquí está la publicación del BOE). Como parte del funcionamiento del mercado el gestor del mercado eléctrico, Red Eléctrica Española, debe garantizar que la demanda no supere la oferta y así evitar apagones. Una manera de hacerlo es, cuando se generan picos de demanda, solicitar que algunos grandes consumidores reduzcan temporalmente su uso de la electricidad. En particular, se compraba de algunos consumidores el derecho a poder reducir su consumo durante el año según las necesidades a un precio fijo. Este sistema ha sido criticado por la Unión Europea como una ayuda encubierta de Estado, al beneficiar a algunos consumidores con un precio que no refleja el valor del servicio que se estaba comprando a las empresas. Tema aparte sería entender porque este tipo de ayudas de Estado (aunque con formas más sutiles) pudiera estar sucediendo en otros países europeos y no se ha ido contra ellos.
A pesar de que la reforma eléctrica ha sido en España un ejemplo de chapuza e improvisación que hemos criticado en varias ocasiones en este blog (aquí, aquí o aquí), el asignar los derechos de interrumpibilidad mediante subasta es sin duda un progreso. Las empresas interesadas podían pujar por el precio al cual estarían dispuestas a ceder el derecho a que su servicio se viera interrumpido durante el año 2015. El diseño de la subasta era como mínimo curioso, dado que consistía en ofrecer 9 lotes 90MW y otros 238 de 5MW de manera secuencial, cual subasta de atunes en el mercado de Tsujiki. No se que propiedades deseables tiene este tipo de subastas (comparado con una subasta simultánea simple) pero es sin duda una mejora substancial con respecto al anterior sistema.
Como resultado de esta subasta se habría reducido notablemente el importe a pagar por este concepto (y que, no olvidemos, indirectamente estamos pagando todos en nuestra factura de la luz) de 550 millones de euros al año a unos 350. Sin embargo, las empresas “afectadas”, tal y como reflejan algunos medios de comunicación, han calificado el resultado de esta subasta como un “desastre” porque se ha encarecido el coste de su electricidad. Es decir, parte de la subvención que recibían anteriormente mediante la compra de derechos a precio fijo se ha diluido debido a la competencia y con ello han aumentado sus costes.
La explicación de la supuesta injusticia que ha llevado a una disminución de sus ingresos es como mínimo sorprendente. Se habla de que el precio cayó porque “nuevos entrantes han hundido el precio” o “aquellos para los que los costes energéticos no son relevantes han aceptado cualquier precio”. Este tipo de comentarios son precisamente un síntoma de que la subasta ha funcionado. El objetivo era precisamente obtener los derechos de aquellas empresas para las que interrumpir el servicio generara un coste menor y, mediante la competencia, que estos derechos se cedieran de la manera que minimizara el coste para el Estado de hacerlo.
Sin embargo, el hecho de que las empresas beneficiadas anteriormente quieran hacer pasar este cambio como una injusticia (y los medios de comunicación lo hayan comprado) es un reflejo de la extraña manera que algunos entienden el funcionamiento de una economía. Bajo el sistema anterior la interrumpibilidad era únicamente la excusa para que algunas empresas recibieran un subsidio, poniendo de manifiesto que las objeciones de la Unión Europea eran fundadas. Con la subasta se ha abierto el acceso a otras empresas, promoviendo la competencia y una asignación más eficiente de los derechos. Como resultado, los consumidores pagaremos menos y se reducirá la distorsión sobre la competencia entre las empresas que recibían compensación y las que no. Pero los "afectados" no intentan cuestionar esto, sino que se quejan porque como el nuevo sistema está pagando a empresas para las que la interrumpibilidad tiene un menor coste, ellas se han quedado fuera.
Esto podría haber sido el final feliz de la historia pero este país siempre nos depara nuevas decepciones. Algunos de los "afectados" han anunciado su intención de cerrar plantas de producción en España y han relacionado esta decisión a que no han recibido la subvención deseada, aunque parece que también tiene que ver con que sus plantas utilizaban una tecnología antigua que ya no era eficiente sin subsidios. Aparentemente, su presión ha llevado al Ministro de Industria a rectificar, después de su acertada resistencia inicial, y comprometerse a que los 200 millones que las empresas no iban a cobrar debido a la subasta se asignen en una segunda ronda. Así que parece que, después de todo, el capitalismo castizo goza de la buena salud de siempre.
Evidentemente, este despropósito no es excusa para olvidar que en España tenemos un importante problema con el mercado energético. Las malas decisiones de política energética de los últimos 15 años (ver, por ejemplo, la información reciente sobre los CTCs) han encarecido el coste de la electricidad, reduciendo gravemente la competitividad de las empresas españolas. Este es el problema de primer orden y no que se intente utilizar un mecanismo pensado para gestionar la interrumpibilidad del sistema como una manera de... gestionar la interrumpibilidad del sistema.