El caso de las farmacias es paradigmático de muchas de las restricciones que existen en este país. Las regulaciones estarían justificadas si contribuyeran al bien común. Sin embargo, todo parece indicar que más bien es al contrario y estas restricciones son perjudiciales para la economía y los ciudadanos en general. Afortunadamente, varias reformas del gobierno podrían reducir su incidencia en el futuro.
El mercado de las farmacias es atípico en varias dimensiones. La más importante es que, a diferencia de lo que sucede en otros mercados, gran parte de los productos que venden tienen un precio fijado. Además, la demanda de medicamentos habitualmente no está determinada por la elección de los consumidores sino por el producto que receta su médico. Esto hace que, entre otras cosas, las farmacias tengan pocas dimensiones en las que competir más que, probablemente, su localización y la calidad de su servicio.
En este mercado las regulaciones son abundantes. Dos de las más significativas son las limitaciones a quién puede poner una farmacia y los límites a su número. En cuanto a la primera, se incluye la incomprensible restricción de que para poseer una farmacia uno deba ser farmacéutico. Aquí existe una confusión entre lo que significa la propiedad y la gestión. Parece razonable que para trabajar en una farmacia se tenga que ser farmacéutico pero ¿por qué se tiene que ser farmacéutico para invertir en una farmacia? Es una limitación que existe en muy pocos mercados. Otro caso paradigmático, por cierto, es el de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual que, tal y como discutí en una entrada anterior, solo pueden ser creadas por artistas. Afortunadamente, el anteproyecto de ley sobre los servicios profesionales que hizo público el gobierno en diciembre (o más bien el powerpoint del mismo) parece que eliminará esta restricción para las farmacias.
Las limitaciones al número de farmacias son algo prevalente a nivel Europeo. Mientras que en EEUU y Canadá no existen restricciones, de acuerdo con la Unión Europea, 17 de sus miembros las tenían en 2006. La legislación española de 1997 fija un ratio de una farmacia por cada 2800 habitantes. Entre otras cosas, también limita la distancia entre farmacias a 250 metros. El motivo que se argumenta habitualmente para estas restricciones es el interés general. En particular, se sugiere que al reducir el número de farmacias se proporciona incentivos para que los farmacéuticos proporcionen un mejor servicio y dispensen menos medicamentos, al tener asegurada una clientela. Ninguna de las dos explicaciones parece demasiado verosímil. Como comentaba anteriormente, en la medida en que la calidad del servicio es una de las pocas dimensiones en las que las empresas pueden competir, las restricciones a la entrada lo que conllevan es más bien a lo contrario: un menor interés en proporcionar un buen servicio dado que su demanda es cautiva. Por otro lado, no parece muy fácil entender por qué la necesidad de dispensar medicamentos debe estar relacionada con el nivel de beneficios que se obtienen. La hipótesis de las rentas de monopolio parece más plausible.
¿Qué efectos tendría eliminar estas restricciones al número de farmacias? Esta es una pregunta en general difícil de contestar porque a menudo significa extrapolar a partir de la situación actual. Afortunadamente, para el caso de las farmacias tenemos un (semi) experimento natural que nos permite evaluar estos efectos. Esto es precisamente lo que hace Borrell y Fernández-Villadangos (2009) y constituye la base del siguiente análisis.
En el año 2000 el parlamento de Navarra aprobó una legislación que reducía las restricciones considerablemente. La distancia mínima se reducía a 150 metros y se buscaba garantizar un mínimo de una farmacia en cada zona. Entre 2000 y 2006 el número de farmacias en la región se duplicó. Este cambio en la legislación permite, utilizando un modelo de entrada clásico (y centrándose en municipios de menos de 15000 habitantes), entender los efectos de los cambios en la regulación. Los autores, además, usan su modelo para analizar el efecto que tendría relajar estas restricciones en otras comunidades autónomas como Euskadi o Andalucía.
La tabla anterior muestra que las restricciones aplicaban a la práctica totalidad de los mercados y, por tanto, limitaban de manera muy significativa el número de farmacias que existían en Navarra. La regulación era menos relevante en las otras regiones. Por este motivo, no es sorprendente que, tal y como muestra la siguiente tabla, los cambios en la regulación aumentaran substancialmente el número de farmacias en cada zona. En zonas donde antes había un máximo de dos farmacias el número aumenta, en muchos casos, a más de cuatro.
La estimación del model permite hacer contrafactuales consistentes en eliminar las restricciones en otras comunidades autónomas. Estos contrafactuales, inspirados en el trabajo clásico de Bresnahan y Reiss (1990), consisten en medir el tamaño mínimo del mercado que permite sostener un número determinado de farmacias. En mercados donde no existe competencia entre empresas un mercado el doble de grande debería dar lugar al doble de empresas. Esto no es, sin embargo, lo que se observa en los contrafactuales del modelo, por ejemplo, para el caso de Andalucía, donde los incrementos necesarios son notablemente mayores. Dado que la competencia en precios es muy limitada los autores interpretan este incremento del tamaño mínimo que sostiene un mayor número de farmacias como resultado de la competencia a nivel de servicio. Es decir, a diferencia del discurso habitual en el sector, relajar la regulación conllevaría un incremento en la calidad del servicio y no su reducción.
El modelo que los autores estiman en este artículo no permite realizar un análisis explícito de bienestar. Afortunadamente, Borrell y Cassó (2011), utilizando los mismos datos pero concentrándose en Pamplona, estima un modelo de localización que sí permite analizar el efecto sobre el bienestar de los consumidores de la nueva regulación en Navarra. Sus resultados muestran que el incremento en el bienestar de los consumidores derivado de la mayor proximidad a una farmacia es significativo.
Los trabajos anteriores no recogen las consecuencias sobre la ocupación de los farmacéuticos. Ahora que está de moda hablar de la movilidad exterior es importante constatar que entre los licenciados en farmacia españoles éste es un fenómeno que ha existido desde hace muchos años y según algunos estudios los españoles encabezaron, entre 2001 y 2005, el ranking de licenciados de farmacia extranjeros que se registraron en el Reino Unido, por ejemplo.
Eliminar las regulaciones a que se establezcan en España sería, por tanto, una manera sencilla no solo de mejorar el funcionamiento de este mercado sino también de hacer voluntaria la movilidad exterior. Según parece el gobierno tiene intención de aprobar una reforma de este sector. Esperemos que no se demore.