Esta semana se celebró la segunda (y sobrevenida) subasta de interrumpibilidad eléctrica. Como contaba en mi entrada anterior, Europa exigió que los derechos de interrumpibilidad de las empresas se adquirieran por medio de subasta y no a un precio fijo como se hacía hasta ahora. El uso de la subasta llevó a un ahorro para el Estado en la compra de estos derechos de casi 200 millones de euros pero también dejó fuera a empresas (o plantas de producción) que tradicionalmente gozaban de este subsidio encubierto. Las quejas fueron inmediatas y Alcoa anunció el cierre de sus dos plantas en Avilés y La Coruña, lo que dejaría en la calle a unas 800 personas.
El Ministerio de Industria no tardó en rectificar y anunció esta segunda subasta extraordinaria con el objetivo de repartir hasta los 200 millones ahorrados, que ya es conocida como la Subasta Alcoa. Curioso este país, en el que las normas del gobierno se pueden rebautizar con el nombre de la empresa a la que van dirigidas y que se une a ejemplos como la Tasa Google o la Ley (anti) Mercadona. En esta subasta se adjudicaron lotes por importe de 155 millones de euros, de los que Alcoa consiguio 142 millones. Con ello Alcoa ha anunciado que renuncia al cierre de esas dos plantas durante el año 2015.
Como esta segunda subasta no estaba planificada porque no era necesaria (de hecho algunos expertos consideran que la primera tampoco lo era teniendo en cuenta el exceso de capacidad existente) podemos calcular el precio que el gobierno asigna a algunos puestos de trabajo: 177,500 euros por año. Y no, no es una inocentada de Nada Es Gratis.