La innovación y el mercado acostumbra a ir siempre varios pasos por delante de la regulación, así que muchas veces nos encontramos con productos y servicios que ni tan siquiera hubiéramos imaginado que existían hace unos años. De ellos, los más exitosos lo son porque terminan beneficiando a la gran mayoría aunque, por supuesto, también perjudican a una minoría. Es por ello, que se requiere una legislación que no priorice los intereses de estos pocos y se fije únicamente en el interés general. Esta semana hemos tenido dos ejemplos en el mismo mercado de que desgraciadamente no es así y el legislador insiste en poner obstáculos a la innovación y determinar como deben ser los productos y servicios que los consumidores pueden comprar o no.
Plataformas como Airbnb han permitido que particulares se pongan en contacto para alquilar pisos por cortos espacios de tiempo. Como es lógico, este tipo de plataformas constituyen una importante amenaza a los hoteles tradicionales, de la misma manera que aplicaciones como Uber son una amenaza en el mercado del taxi (ver al respecto esta entrada de Jesús Fernández-Villaverde). Así que esta semana hemos visto como dos comunidades autónomas han decidido tomar cartas en el asunto y ejercer de legislador justiciero.
- El lunes pasado, Cataluña decidió multar a Airbnb por comercializar apartamentos ilegales. Aparentemente, la Consejería de Empresa y Empleo lo considera competencia desleal y multa entre otras cosas por intermediar en el alquiler de apartamentos que no están incluidos en el Registro de Turismo de Cataluña y además incluir transacciones entre particulares, algo al parecer prohibido. Además solicita a Airbnb que retire de la plataforma todas las viviendas que no cumplen con los requisitos anteriores.
- El viernes pasado se hizo público el nuevo decreto de la Comunidad de Madrid que regulará las apartamentos turísticos y que, entre otras ocurrencias, especifica de manera totalmente arbitraria que solo se pueden alquilar apartamentos por un mínimo de cinco días.
Huelga decir que en ambos casos la regulación constituye un golpe considerable a las plataformas de alquiler de corto plazo entre particulares, y tienen mucho en común con otras regulaciones que he discutido en este blog. Así, no es el primer caso donde el legislador decide arbitrariamente qué características debe tener un servicio. Lo discutí en el caso del crowdfunding cuando el gobierno puso límites a la inversión tan bajos que habría matado el mercado y se vio obligado a revisarlos. Tampoco es el primer caso donde los intereses de algunos parecen pasar por delante del interés general. Algo parecido está sucediendo con la tasa Google que he discutido en un post recientemente.
¿Qué se debería hacer? Mis precarios conocimientos de derecho no me permiten proporcionar una alternativa concreta, pero una regulación razonable desde el punto de vista económico podría ir en la siguiente dirección. Primero, se debería proporcionar un marco que introduzca seguridad jurídica para las plataformas, los propietarios e inquilinos, en lugar de obligar a que se adapten a una regulación que claramente no es adecuada para estos nuevos servicios. Segundo, la legalización de estos servicios debería ir asociada a una regulación fiscal que haga que compitan en igualdad de condiciones con otros servicios turísticos (evitando así la competencia desleal). En el caso concreto de estas plataformas, esto parece fácil de conseguir puesto que tienen registro de todas las transacciones y, por tanto, podrían recaudar el impuesto en nombre de los particulares involucrados.