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Negociación colectiva: hay que acabar con el bloqueo institucional, pero ¿cómo?

(por Florentino Felgueroso y Luis Garicano)

La ruptura del pacto sobre negociación colectiva no es noticia. Ilusos quienes creyeran que se llegaría a un acuerdo bipartido por estar en una situación económica tan maltrecha. Más ilusos aún quienes esperaban que fruto de este acuerdo se conseguiría  la modernización de un modelo de negociación colectiva que se viene demandando desde hace décadas.  Estamos de nuevo ante un bloqueo institucional de una reforma clave (seguramente la reforma clave) para intentar evitar un par de lustros (al menos) de estancamiento económico.

Lo necesario

Tanto desde este blog, como desde Fedea, en esta propuesta de 9 puntos, y desde los medios de comunicación, con FAQs y hasta en forma de parábola, hemos insistido por activo y por pasivo en la necesidad de emprender cambios radicales en nuestro modelo de negociación colectiva. Conviene recordar las veces que haga falta que sin su reforma integral difícilmente podremos hacer frente al reto de mejorar nuestra competitividad, cuidando más de nuestros precios en el corto plazo y de nuestra productividad en el medio plazo. Sin esta reforma tampoco se podrán hacer frente a los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, sus altos niveles de paro, precariedad y empleo irregular.

El siguiente  gráfico ilustra el problema. A pesar de que la caída del PIB fue mayor en el RU que en España, en el Reino Unido una caída del salario del 5.3% amortiguó la caída del empleo que solo cayó el 0.8% entre 2008 y 2010; mientras en España los salarios reales en convenio subieron, en lo peor de la crisis, un 4,7% entre 2008 y 2010, acelerando la caída del empleo a un 10.1% entre 2008 y 2010. El caso más extremo de nuestro absurdo sistema de negociación colectiva se produjo en la construcción, donde los salarios reales subieron un  6% en 2008-2010 y colaboraron a que el empleo cayera un 40%.

Una reforma integral del modelo de negociación colectiva debe consistir en cambios sustanciales que permitan un mejor ajuste de las condiciones laborales a la productividad de nuestras empresas (en especial a nuestras PYMEs) y que racionalicen una  estructura  y unas reglas de determinación salarial que  resultan ser las peores posibles desde una perspectiva macroeconómica.  Los convenios, más de la mitad de los cuales son negociados a nivel provincial, no responden a las realidades económicas ni permiten a las empresas adaptarse.  El hecho de que los convenios tengan eficacia normativa general (fuerza de ley), a pesar de que los que los negocian representen a pocos,  y que su duración sea  hasta que haya acuerdo para reemplazarlo (la llamada ultractividad)  los hace rehenes de unos pocos y completamente inadecuados para ayudar a nuestras empresas a gestionar una respuesta a la crisis. No olvidemos que el convenio de los controladores es de 1999, duraba 5 años, es decir que se lleva negociando su sustituto desde 2004, y han hecho falta, como decía Pablo Vázquez “dos decretos leyes y un real decreto para pararlo”

Los nueve puntos de nuestra propuesta son necesarios para que la modernización de la negociación colectiva llegue a todos los sectores de nuestra economía. Con la legislación actual, esta modernización ya es posible, y de hecho, ya se ha realizado en unos pocos sectores, entre el que cabe destacar el de las industrias químicas, que bien podrían servir de modelo para el resto.  Sin embargo, en el resto, los convenios colectivos se han ido convirtiendo en reinos de taifa de unos pocos empresarios y sindicatos, responsables en definitiva de un bloqueo institucional al cambio.

La historia se repite

Ha pasado un año desde la aprobación de una última reforma laboral. Por estar sometida previamente a un acuerdo con los agentes sociales, resultó una reforma poco innovadora, descafeinada (como argumentó en junio Samuel Bentolila aquí y aquí). En consecuencia, sus efectos han resultado casi imperceptibles (ver aquí y aquí).

La propia Ley de reforma laboral (35/2010, de 17 de septiembre), daba un plazo de 6 meses para acometer la reforma de la negociación colectiva. En su disposición adicional 21 decía que en un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, “el Gobierno, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales, adoptará las iniciativas que correspondan para abordar, entre otros, la definición de mecanismos de articulación de la negociación colectiva, su papel como procedimiento de fijación de las condiciones laborales y de determinación de las políticas de empleo, su capacidad de adaptación a las necesidades de los trabajadores, las empresas y sectores productivos y la mejora de la productividad, así como todos aquellos elementos e instrumentos que relacionados con los objetivos señalados configuran el actual sistema de negociación colectiva.”  Pues bien, los 6 meses han pasado ya hace 3, y el lenguaje de la Ley es papel mojado (como lo es el del la ley de disposición 10ª que daba hasta el 18 de junio del 2011 para la aprobación de un Fondo de capitalización a la Austriaca).

El último intento de reforma de la negociación colectiva  se produjo hacia ya diez años, con un gobierno de otro signo, sin llegar incluso a poder cambiar la legislación. La reforma de 1994 fue la única que se atrevió a introducir algún cambio en la estructura y contenido de la negociación. Se hizo de forma unilateral, sin depender de consultas a agentes sociales. También resultó inútil. El bloqueo institucional en este caso se produjo en la práctica, anulando los efectos que se podían esperar los cambios introducidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Hacia otra no-reforma

Atendiendo a las declaraciones del Gobierno, no cabe esperar que la reforma que pretende legislar la semana que viene tenga visos de cumplir con la mayoría de los puntos de este programa.

“el Ejecutivo partirá desde los puntos de encuentro constatados entre las partes y ha dejado claro que tratará de buscar un "equilibrio" entre flexibilidad interna en las empresas y la protección de los derechos de los trabajadores.

Así, el Gobierno apuesta por acudir a mecanismos de arbitraje en caso de conflicto y ha avanzado que la nueva normativa no contemplará el decaimiento de los convenios colectivos cuando no haya acuerdo para su renovación.”

¿Cómo hacer frente al bloqueo institucional?

No nos confundamos, ni sindicatos, ni patronal están por la labor de cambiar las graves deficiencias de nuestro mercado de trabajo, ni una regulación contractual, ni una negociación colectiva desquiciantes.  El bloqueo se produce porque el beneficio que reciben por no llegar a un acuerdo es mayor que el que recibirían en caso de acuerdo. Y si se produce una reforma a medias, ya se encargarán de anular sus efectos en el día a día de la negociación colectiva, tal como ocurrió en el pasado. La razón: ambos se benefician de unas reglas que sustentan un modelo caduco.

Por ello,  sólo hay una forma de hacer frente a este bloqueo: una revisión seria de reglas de representatividad y  legitimidad para negociar y sobre todo las que otorgan una eficacia tan absoluta a los convenios, necesitan una revisión seria.  Estas reglas fueron útiles durante el período de transición,  pero han configurado un modelo de negociación demasiado sui géneris en el contexto europeo. Aprendamos de nuestros vecinos. Intentemos que nuestros agentes sociales, tanto sindicatos como patronales, se merezcan el poder para condicionar nuestra economía y las decisiones de gobiernos de uno u otro signo.  Mientras, persistirá el bloqueo institucional de ésta y cualquier otro tipo de reformas. Pero ¿quién se encargará de esta labor?

Coda: El Euro y la negociación colectiva

En los últimos meses estamos observando un deterioro dramático de la confianza entre acreedores y deudores en la zona euro. Esto, junto con los crecientes rescates lleva a muchos a dudar que el Euro pueda seguir en su composición actual en unos años. Deseamos que no haya tales problemas. Pero por si los hay, es necesario hacer lo posible por transmitir confianza como país. Todos los pasos atrás; todas las promesas no cumplidas; todas las deudas ocultas; todos los mecanismos institucionales absurdos y obviamente capturados por unos pocos (como la ultraactividad) contribuyen a dar una imagen de España cañí que, si en unos años Merkel o sus sucesores tienen que decidir con quiénes dan un paso hacia una unión económica complementaria de la unión monetaria, nos puede hacer mucho daño. Por el bien de España, no podemos abandonar ahora las reformas.   Y no es que las reformas las hagamos por ellos, no, es por nosotros; pero si no somos capaces de hacer las cosas obvias que interesan a todos, no podemos esperar que nadie haga una apuesta por nosotros.