(por Samuel Bentolila y Luis Garicano)
"Somos notarios del acuerdo no escrito que había ya en la mesa", ha declarado la Secretaria de Estado de Empleo. Este es el mejor resumen del por qué el real decreto-ley de reforma de la negociación colectiva aprobado el pasado viernes es, como la reforma de 2010, muy insuficiente. En los tres posts siguientes discutimos la reforma efectuada. En este primer post hablamos de la necesidad de la reforma. En el siguiente, analizamos lo más positivo, la descentralización y sus límites. Y en el tercero hablamos de lo más negativo, de lo que la reforma no hace o hace mal.
La necesidad de esta reforma
La reforma de la negociación colectiva es quizá la reforma más importante de las que necesita España. Nuestra economía debe reasignar una cantidad ingente de recursos de un modelo productivo agotado, de baja productividad y basado en la construcción, a otras actividades, particularmente en el sector de bienes exportables. Esto requiere una flexibilidad enorme a todos los niveles. Además, las empresas deben adaptar sus prácticas de trabajo, horarios, costes, etc. a un contexto interno y externo mucho menos favorable. Sin flexibilidad para adaptarse, la economía española simplemente destruye centenares de miles de empleos en un sector sin ser capaz de crearlos en otros. No es la primera vez que el mercado laboral español se comporta de manera absolutamente ineficiente –de hecho es la tercera crisis en democracia en que la tasa de paro se acerca o supera el 20%.
El catastrófico funcionamiento de la negociación colectiva, como hemos argumentado en este blog en múltiples ocasiones, es responsable en parte de tan mal desempeño. Burócratas provinciales decretan incrementos salariales que responden a una única realidad, la inflación, y no a las situaciones concretas de la economía de las empresas. Convenios con claúsulas generosas fruto de un momento de expansión perduran durante años y años, siendo imposible cambiarlas sin mejorarlas, lo que a veces es imposible.
Y no nos entiendan mal, las mejoras de las condiciones de trabajo son un objetivo desable y crucial en cualquier país civilizado. Pero las mejoras al margen de la realidad económica, las mejoras que las empresas no se pueden permitir llevan, inevitablemente, a la pérdida de puestos de trabajo y al cierre de las empresas. Imaginemos un convenio sectorial que dijera que los salarios deben subir 10 puntos por encima de la inflación cada año. ¿Qué les pasaría a las empresas del sector? Claramente, no se lo podrían permitir, ¿no?. Pues bien, los salarios pactados en convenio colectivo durante lo peor de la peor crisis de la economía española han crecido, en términos reales, entre 2008 y 2010, un 4,7%, acelerando la caída del empleo hasta un 10.1% en ese periodo. Incluso en la construcción, los salarios reales de convenio subieron un 6% en 2008-2010 y colaboraron a que el empleo cayera un 40%. En definitiva, nuestro sistema de negociación colectiva tiene unos resultados catastróficos en términos de destrucción de empleo –en detrimento de los parados, los empleados temporales y las PYME– por su falta de respuesta al ciclo económico (ver aquí) y por la falta de una remuneración adecuada del nivel educativo (ver aquí) y de la productividad (ver aquí y aquí).
¿Consigue la reforma acercar la negociación colectiva a la realidad y sacarla del país de las hadas? En síntesis, como veremos en los dos posts siguientes, la respuesta es no.