Muchos analistas evalúan la sostenibilidad de la deuda pública atendiendo a la relación entre deuda y PIB. De acuerdo con este criterio, argumentan, la situación fiscal de España es sostenible, ya que la ratio de deuda a PIB es relativamente baja (España 0.60, Japón 1.92, Italia 1.15, Grecia 1.10, Reino Unido .65). La figura siguiente, tomada del reciente Fiscal Monitor del FMI con fecha 14 de mayo del 2010) confirma esta observación.
Aunque esta ratio estática, es sin duda un indicador útil, no tiene mucho sentido económico en una situación de cambio y crisis como la actual. En el numerador hay un stock en €, la deuda acumulada en el pasado por el sector público de un país. En el denominador un flujo en € por año, la producción actual. Es decir la ratio da una magnitud en años. La interpretación sería “¿cuantos años de producción actual harían falta (si no comemos ni nos vestimos) para pagar la deuda que hemos contraido?”
Los problemas con este cálculo son análogos a los que surgen cuando se evalúa el valor de una acción usando la ratio de precio a beneficios (Price-earnings ratio o P/E). En este caso en el numerador está el precio en € por acción, en el denominador los beneficios anuales (de este año) en € por acción y año. La interpretación de nuevo, en años: ¿cuantos años de beneficios tendríamos que recibir para recuperar el precio de la acción? Por ejemplo, una tienda que genera beneficios anuales de 100,000 euros, ¿sería razonable pagar por ella un precio que supusiera esperar ocho años a recuperar los beneficios? Depende. ¿De qué? De nuestras expectativas sobre el crecimiento futuro de los beneficios, es decir del riesgo del negocio, de las posibilidades de crecimiento, de la competencia… Comprar acciones de Google en la IPO a $85 hubiera sido una ganga a pesar del centenario P/E .
De forma similar, la deuda de un país puede parecer excesiva cuando en realidad hay unos activos relativamente líquidos para compensarla. Por ejemplo, si se obligara al Reino Unido a consolidar la deuda de Lloyds y RBS, subiría la deuda del Reino Unido a 1.65 veces el PIB, ¿sería esta medida, que ignora los activos de estos bancos, mejor que la actual? Por otro lado, la deuda de un país puede no parecer elevada pero ser peligrosa si el crecimiento económico se estanca y los gastos crecen anualmente de forma elevada porque, por ejemplo, el déficit estructural es demasiado elevado.
¿Como medir la sostenibilidad de la posición fiscal adecuadamente? En una economía sin moneda propia (es decir, ignorando la posibilidad de monetizar) la deuda es sostenible si el valor presente de los ingresos futuros es mayor que el valor presente de los flujos de gasto, más los intereses, más el principal de la deuda. Es decir, el futuro (como en Google, o en la compra de una tienda), en todo esto, es la clave. Pero el futuro no lo conoce nadie, sólo hay expectativas más o menos “racionales”. O sea que las expectativas del mercado importan, y muchísimo. El mercado (que no son los especuladores, Sr. Blanco y Sra. Merkel, sino los pensionistas holandeses que temen por sus bonos, los inmigrantes ingleses que tienen una pequeña cuenta de ahorro en su banco de Alicante y lo pueden mandar, con un click de su ratón, a su cuenta de Liverpool, los gestores de grandes multinacionales con sede en España que ven que se exponen a una OPA hostil dado el castigo bursátil que reciben por estar basados en España y se plantan llevarse la sede del negocio a Londres o a Ginebra) necesita ver una senda sostenible de ingresos y gastos, y una política previsible, bien diseñada, que se adelante a los acontecimientos en vez de ir por detrás de ellos.
Por ello, las políticas de contención del gasto que se han llevado a cabo hasta ahora sirven para parar el pánico inicial, pero no sirven para dar la confianza necesaria a los inversores extranjeros. Es necesario planificar una senda de crecimiento del gasto más baja, y una senda de crecimiento de los ingresos, y de la economía en su conjunto, mayor. Sobre esta aritmética no puedo añadir nada al excelente post de ayer Jesús Fernández Villaverde de ayer. Lo contrario nos somete al vaivén de los planes repentinos, que son, como Grecia ha aprendido, como la pescadilla que se muerde la cola: viene la crisis, se plantea un repentino plan de ajuste duro, baja la previsión de crecimiento, con lo que viene otro pánico, otro ajuste, y así hasta que no queda economía que ajustar porque nos la hemos cargado.
Pues bien, en lo que serán en los próximos años con toda seguridad las dos fuentes principales de crecimiento del gasto, la sanidad y las pensiones, el gobierno ha adoptado, de momento, políticas cortoplacistas, de congelación, no de reforma. Y sin embargo los problemas demográficos van a a requerir mayor ajustes fiscales en España que en el resto del mundo, como demuestra este muy esclarecedor gráfico del FMI:
Como podemos ver, en España, a largo plazo, crecen más que la media los gastos relacionados con la demografía, y a la vez nos encontramos con la necesidad de hacer uno de los ajustes fiscales más duros del mundo- de acuerdo con el FMI, sólo EEUU e Irlanda van a requerir un ajuste fiscal tan duro en los próximos 20 años.
Lógicamente, una política más pro-activa y menos reactiva debería ir enfocada a las reformas en profundidad para solucionar estos dos problemas en el medio plazo. La ventaja de tales medidas es que no afectaría negativamente al crecimiento presente (y si positivamente debido al efecto “Alesina” como le llama Jesús F-V, vamos la caída del tipo de interés y la subida de la confianza).
En las dos áreas, pensiones y sanidad, hemos propuesto varias iniciativas de reforma que os invito a leer con calma. En Sanidad, en un estudio de la Cátedra FEDEA-McKinsey que dirijo, con mucho trabajo (¡no remunerado!) de la consultora McKinsey. En Pensiones en un documento suscrito por un grupo de 100 economistas españoles. Creo que esas propuestas, y otras similares, contienen las bases para hacer más sostenible el estado del bienestar y, por tanto, la economía en su conjunto.
Pensiones
Es bien sabido que el sistema de pensiones públicas de reparto español es insostenible a largo plazo como consecuencia de la evolución demográfica. Ofrece unas prestaciones que, para ser sostenibles en el tiempo, requerirían una pirámide de población de base ancha y cúspide estrecha, justo lo contrario de lo que prevé la demografía. La esperanza de vida al nacer de los españoles ha aumentado desde 1991 a un ritmo anual de 0,2 años por año (si conseguimos que llegue a aumentar a 1 año por año, pues no nos moriremos, estadísticamente, nunca ;-)). Los gráficos de natalidad y las pirámides demográficas son asombrosos, como podéis ver en la entrada que escribí sobre este tema.
Lo explosivo no es, sin embargo, la demografía por si sola, sino la combinación de demografía y sistema de pensiones. La cifra clave es la relación entre la pensión media y salario medio. Mirad el gráfico de la OCDE, no incluido en mi entrada previa, pero si en el estudio:
Podéis hacer el cálculo más reciente usando estos datos: la pensión media de los entrantes en la jubilación en España en el régimen general es de 1.357 Euros al mes en Marzo de 2010, o alrededor de 18.000 euros al año (son 14 pagas pero no completas). Por otro lado, el salario medio es de aproximadamente 21,500 euros.
Creo que no hace falta nada más para ver que el sistema que tenemos no es sostenible. Los pensionistas que hayan llegado hasta aquí, que por favor no piensen que “vamos contra ellos”. Creo que el sistema de pensiones es la conquista más importante del estado del bienestar. Pero para que la conquista perdure debe hacerse de manera que sea sostenible. Como dijo Antonio Cabrales en un excelente y provocativo post en N€G, las pensiones no serán sostenibles si los que las tienen que pagar descubren que no va haber nada para ellos y se niegan a pagar (Antonio puso el argumento muy claro “A mi me entran muy serias dudas de que, dadas las proyecciones demográficas, la generación de mis hijos vaya a querer sostenerme cuando me jubile en la década de los 30. ¿Y si no me van a pagar, para qué demonios estoy dejándome hoy el 10 por ciento de mi renta?”). En cualquier caso ninguna de las reformas estructurales necesarias deben afectar a los jubilados actuales.
¿Qué hace falta hacer? La propuesta del gobierno en este tema, congelar el año que viene pero no reformar puede ser negativa desde el punto de vista de sostenibilidad a medio plazo. Rompe el consenso político sin conseguir un cambio sustantivo; y si al final no hay inflación el año que viene (bastante probable) todo por no conseguir nada. Congelar es poner parches.
Por otro lado el gobierno ha propuesto dos valientes reformas estructurales (1)posponer la edad de jubilación en dos años poco a poco (dos meses cada año por ejemplo) y (2) cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones, ahora basada en 15 años de contribución; esta segunda propuesta parece ser literalmente radioactiva porque tuvo una vida útil de dos o tres horas antes de desintegrarse -- fue retirada y tachada de error burocrático (como la propuesta de parar el endeudamiento de las corporaciones locales). Las dos propuestas son buenas , las dos necesarias para hacer un sistema justo (recordemos que alguien que cotiza exactamente 15 años al final de su vida puede tener una pensión mejor que alguien que haya trabajado y cotizado toda su vida aunque la cantidad pagada por el segundo sea muy superior) y sostenible.
O sea que en este tema el Gobierno está por delante de la oposición- el gobierno ve la realidad clara, sabe lo que hay que hacer, y está dispuesto a hacerlo. La oposición juega en este asunto a la fábula de la cigarra- canta, observa y no se da plantea que, dentro de uno o dos años, el problema va a ser probablemente suyo, y que va a ser una reforma increíblemente difícil de hacer sin consenso (y el PSOE estará enrabietado y no dispuesto a ayudar, y así seguiremos). Como veremos, en el otro gran tema, la sanidad, el problema ha sido el opuesto.
Sanidad
Es bien sabido que el consumo sanitario de los españoles es muy superior a la media mundial. En 2006 los españoles acudieron al médico más de 8 veces al año, lo que supone un 40% más que el promedio del EU-15 ; el gasto farmacéutico per cápita en España es un 40% superior al de países como Bélgica, Dinamarca, Reino Unido o Portuga. El problema demográfico también es clave aquí, ya que el 70% de las recetas se concentran en un 20% de la población que está exenta de pago (pensionistas), que recibían en 55 recetas por año entre 2000 y 2004 (frente a las 7 de la población activa). Estas mismas personas, en sistemas donde se debe contribuir con un 30% del coste (por ejemplo, todos los funcionarios públicos en MUFACE), consume un 40% menos (el estudio de McKinsey-Fedea contiene las fuentes de estas afirmaciones)
Y sin embargo el sistema sanitario español es bastante barato, de momento. ¿Por qué? Básicamente, y este es el secreto del asunto, porque los médicos trabajan casi gratis (bueno, el grupo que trabaja a destajo, claro, porque hay otro grupo en cada servicio que no da golpe) comparado con los sueldos en otros países. Por ello, de nuevo, el tipo de recortes salariales, peores que lineales, que se han hecho en la función pública son pan para hoy y hambre para mañana. Los salarios en los puestos de entrada porteros, bedeles etc. en la función pública son mayores que los equivalentes del sector privado, mientras que en la parte más alta (Médicos, Jueces, Abogados del Estado, etc.) son bastante inferiores.
Es necesario por tanto controlar el aumento de la demanda y aumentar la cantidad y calidad de la oferta. ¿Qué hacer? La solución obvia es el copago sanitaria: un pago reducido, similar al coste de una película de cine, que se paga por cada visita al médico o a urgencias hospitalarias. En el estudio de Fedea- McKinsey podréis encontrar los detalles de una propuesta. Hay multitud de sistemas de cobro e implementación que evitan perjudicar a los más débiles, como el expuesto por el excelente economista sanitario español Guillem López Casanova en la sección 3 de este artículo. Se podrían utilizar los ingresos recibidos para desarrollar un sistema de incentivos para compensar a los profesionales del sistema que llevan la mayor parte de la carga de este.
Pues bien, en este caso la situación es la opuesta. Algunas de las CCAA del PP y algunas de las del PSOE, lideradas por la Consejera Catalana Marina Geli, trabajaron en el Consejo de Sanidad durante todo el año pasado para tratar de comprometer a todas las autonomías (una historia algo inexacta aquí ) y al Gobierno a un sistema de este tipo. Al final, el Gobierno, no se ha atrevido a proponer el cambio y en la reunión del martes 1 de Junio lo ha dado por enterrado, a pesar del posible apoyo general a la medida. En su lugar, recorte farmacéutico, como se anunció en el Consejo previo (de 19 de marzo) y “congelación de la masa salarial”, que ahora se ha transformado en reducción del 5%.
Conclusión
La presencia de un importante desequilibrio estructural a largo plazo, de raíz demográfica, es una de las razones (la otra es la interacción entre el sector financiero e inmobiliario de la que hemos hablado en otras ocasiones y de la que seguiremos hablando) por las que las decisiones de contención del gasto que el gobierno español ha tomado últimamente, aunque han servido para frenar la catástrofe que se avecinaba, no han creado la confianza necesaria. Restablecer la confianza requiere tomar decisiones de calado con respecto al gasto en pensiones y al sanitario, cuyo potencial de crecimiento a largo plazo es muy alto en España por razones demográficas e institucionales. Como el mercado laboral, estos son problemas que hay que resolver de todas formas, crisis o no crisis, y cuanto antes se haga, mejor.