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Este rescate debe suponer un nuevo comienzo, en El Mundo

(en El Mundo de hoy)

De las primeras noticas que hemos recibido anoche, se desprende que España ha conseguido un acuerdo razonable de rescate de su sistema financiero. El dinero que Europa prestará al estado permitirá que se saneen fuera de toda duda los balances de todas las entidades financieras, empezará a permitir que se produzcan compraventas en el mercado inmobiliario, al facilitar que los precios converjan a su valor de mercado, y permitirá que las entidades financieras vuelvan a cumplir su función: facilitar la financiación a las empresas. Todas estas son buenas noticias, que contribuyen a reducir fundamentalmente la incertidumbre que rodea a la economía española.  Y son noticias que suponen un corte definitivo con la política pasada de la patada a seguir y el ocultamiento sistemático de nuestras vergüenzas.

Desgraciadamente, España no ha podido conseguir un objetivo clave en estas negociaciones: que Europa asuma parte del riesgo del rescate del sector financiero, sin que este recaiga directamente sobre los  ya sobrecargados hombros del contribuyente español. Al fin y al cabo, los que prestaron a nuestro sistema financiero fueron los bancos, cajas y compañías de seguros del norte de Europa, y deberían correr con las consecuencias de estas decisiones.

Pero esto no va a ser así. Aunque el préstamo es al FROB, el Reino de España es responsable de su devolución. Y ello supone que continuamos por el camino que nos lleva a que la ingente deuda privada de España, contraída en operaciones más o menos alocadas, más o menos politizadas, de agentes privados,  o casi-privados como las Cajas, termine recayendo en el sector público. A día de hoy, según el cálculo del informe del FMI de ayer, el apoyo del Estado al sector financiero ha llegado a los 140 mil millones de euros, ya el 13.1% del PIB.

Aunque parece un éxito que el rescate no tenga condicionalidad fiscal adicional, esto es en parte cosmético: como indica el comunicado del Eurogrupo, este “confía en que España cumplirá con sus compromisos  dentro del procedimiento de déficit excesivo y con respecto a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desajustes macroeconómicos… el progreso en estas áreas será estudiado con regularidad y frecuencia.“ Es decir, España deberá cumplir con las recomendaciones que el reciente informe de la comisión requiere (IVA, pensiones, mercado laboral, etc.). En fin, es indudable damos un paso más en un continuo de pérdida de soberanía que empezó en Mayo del 2010 y siguió cuando el BCE mandó una carta al Presidente Zapatero en agosto del 2011 pidiéndole un cambio constitucional, y el cambio se produjo en unos días.

Ahora lo importante es que el rescate funcione. ¿Cómo sabremos si esto es así? Muy fácil. El rescate funciona si la brutal salida de capitales de España que se lleva produciendo en los últimos meses se detiene, y comenzamos a ver inversión extranjera en España. Es decir, el rescate funciona si sirve para devolver la malherida confianza de los inversores en España. ¿Será así?

Sin duda, parte de la incertidumbre va a desaparecer, ya que es en el sector financiero donde se encuentra el mayor problema inmediato de nuestra economía. Y las buenas noticias, a pesar de todo, existen: la deuda pública sigue siendo mucho más reducida que la media de la UE, los costes laborales unitarios descienden , recuperando competitividad, las exportaciones se han comportado de forma excelente durante la crisis, al menos hasta hace pocos meses, y el déficit por cuenta corriente, que refleja cuanta financiación exterior necesitamos, se ha reducido desde el 10% a algo más del 3% en estos años.

¿Pero entones, preguntarán, como es posible que un país con una de las deudas más bajas de la UE no pueda acceder al mercado, que tenga que pedir un rescate por un agujero de menos de 40,000 míseros millones de Euros? ¡Si el rescate de tres bancos ingleses costó 47,000 millones de euros!

Sencillamente, porque durante estos años el mundo ha perdido su confianza en España y en sus instituciones. Esta pérdida de confianza de nuestros acreedores se debe a la misma razón a la que se debe la pérdida que sufren los españoles: la  asombrosamente mala gestión de la crisis desde que esta comenzó en EEUU en el verano del 2007 hasta el día de hoy. Todas las realidades se han negado, todas las decisiones se han tomado tarde, empezando por la inicial huida hacia adelante en el sector financiero del Goberno de Rodríguez Zapatero y el descontrol de  los déficit autonómicos y terminando por este inevitable rescate al estado para que rescate a su sector financiero.

El nuevo gobierno ha tenido una oportunidad única para devolver la confianza, llegando con mayoría absoluta y con un impulso enorme de los españoles que querían ver cambios sustanciales en el funcionamiento del estado. Y sí, al final las decisiones necesarias se terminan tomando en muchos casos, pero siempre a regañadientes y tras jurar que no se tomarían, y en todo caso nunca en el contexto de un plan de futuro.

El resultado es que la incertidumbre entre consumidores, entre inversores, y entre nuestros socios es máxima. Permítanme un ejemplo. En una reciente conferencia, un gestor de un gran fondo internacional de inversión me decía: “queremos invertir en el sector eléctrico español, porque los precios de las empresas están por los suelos. Pero no podemos hacerlo porque no tenemos ni idea, ni parece que nadie la tenga, sobre cuál es el futuro del sector, ya que nadie sabe quién va a cargar con el enorme déficit tarifario, de 25000 millones de euros.” Lo mismo que en el sector eléctrico pasa en el financiero, el de infraestructura, y muchos otros. Nadie puede invertir, ni tomar decisiones, porque hasta ahora nadie sabe realmente cuáles son los planes del gobierno a medio plazo.

Generar confianza requiere certidumbre, seguridad jurídica, estabilidad. Requiere saber lo que vamos a hacer, qué modelo de país queremos: ¿uno donde se tomen las agencias por los políticos, en base a amigos? ¿O uno con fuertes instituciones y agencias independientes que protejan a los ciudadanos? Y transmitir esta confianza no es cuestión de comunicación y mensajes, sino de hechos. Salvo la Presidenta de Madrid (con su decisión de reducir el parlamento autonómico), la mayor parte de las decisiones que se han tomado hasta ahora han impuesto costes a los ciudadanos, pero no a la clase política.

España necesita reformas profundas del funcionamiento del estado y de los incentivos de la clase política, no recortes cosméticos. Necesita también  cambios profundos en la administración de justicia y en la regulación de los mercados. Necesita incrementar los ingresos del estado, en este momento los más bajos de Europa. En definitiva, necesita asegurar la sostenibilidad del estado del bienestar, reconociendo que, como país, nos hemos corrido una fiesta gigante y que no nos podemos permitir seguir en ese camino. España no debe ser el país con más kilómetros con AVE de Europa.

Hay que  utilizar esta para un nuevo comienzo para España, un comienzo que será difícil, en una situación de extrema dificultad para la economía mundial. España no debe bajo ninguna circunstancia presentarse en diciembre pidiendo una segunda ronda.