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Se obedece pero no se cumple: la AIReF y Montoro

Ayer jueves leímos en el periódico una noticia poco común en España: un organismo público, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha decidido impugnar una orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (HAP/1287/2015) con un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.

Estos enfrentamientos abiertos entre los controladores y los controlados son raros por nuestros lares. Los controlados suelen elegir a controladores “obedientes”. Así se ahorra uno muchos problemas innecesarios (en palabras del propio Montoro, no se crean “problemas donde no los hay”) y, de paso, le encuentra trabajo a amigos que hay que colocar. Personas como Elvira Rodríguez, el nombramiento más vergonzoso en el área de economía de toda la legislatura, cumplen a la perfección este objetivo. No saber nada de mercados financieros no es un demérito, es la mejor cualificación posible para el puesto.

El que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal haya tomado este paso legal es más que bienvenido. Y es una buena noticia independientemente de si la Autoridad tiene o no razón. La actividad de control, como la teoría monetaria, solo tiene gracia si hay “fricciones”. Por su mera naturaleza, tiene que haber enfrentamientos entre unos y otros. Decanato se tiene que pelear con cierta frecuencia con el departamento de economía. Si no hay pelea alguna, o el decano no esta haciendo su trabajo de supervisión del departamento o el director del departamento no esta luchando lo suficiente por su gente. Y el gobernador de un banco central no puede tener “excelentes relaciones” con el ministro de economía: si esto es así, uno de los dos no está completando la diligencia debida. Esta idea es el fundamento de la separación de poderes, horizontal y vertical: transformar la ambición de cada poder en una fuerza, gracias a los pesos y contrapesos, para el bien común. Es igualmente, el fundamento del “adversarial system” de la common law al que he aprendido a apreciar tanto en mis años en Estados Unidos. A riesgo de sonar pelín Hegeliano, es del enfrentamiento vigoroso del que surge el progreso.

Por supuesto estos enfrentamientos tienen que mantenerse en un margen razonable para no escalar en la disfuncionalidad, pero tampoco pueden ser inexistentes. Espero, por ello, que este sea el primer enfrentamiento de muchos otros entre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y los ministros de haciendas presentes y futuros. A España le irá mucho mejor con estas peleas.

En este caso concreto, el enfrentamiento es doblemente bienvenido pues demuestra que la creación de la Agencia fue una de las buenas cosas que nos trajo el rescate de España (ese que Rajoy insiste que nunca existió). Al comienzo de la legislatura, el gobierno propuso y se aprobó Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas que analicé, en su redacción original, en detalle en tres entradas en este blog (entrada 1, entrada 2 y entrada 3). La ley demostraba la absoluta falta de compromiso del gobierno con la reforma constitucional del artículo 135. La ley no hacia más que pedirle al gobierno que fijase objetivos presupuestarios basados en sus predicciones y que luego fuera el gobierno mismo el que decidiese si tales objetivos se habían cumplido y, si no lo habían hecho, fijar medidas correctoras. La ley era el equivalente a que yo le dijese a mis alumnos: “poned vosotros el examen que queráis, corregidlo vosotros mismos y meted la nota en el sistema informático de la universidad”. De manera muy fina y muy legal, el gobierno quería hacer lo que viniese en gana presupuestariamente pero, a la vez, salir en televisión y decir lo contrario, que siempre gana muchos votos. Como titulo esta entrada: el 135, se obedece pero no se cumple.

En Bruselas, que no son tontos, esto no les hizo gracia. Así que una de las medidas que nos impusieron en el memorado de entendimiento de ese rescate que no existió pero que salió en el BOE fue la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, petición que por otra parte se había repetido a menudo desde los más variados ámbitos (yo mismo organicé una conferencia en Madrid al respecto y en NeG escribimos sobre ello aquí, aquí, aquí o aquí).

El gobierno ralentizó el proceso todo lo que pudo (ya se sabe lo complejo que es sacar leyes cuando uno tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, un auténtico suplicio) pero por fin, se aprobó la Ley Orgánica 6/2013 de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y solo cuatro meses y pico después el Real Decreto 215/2014 de 28 de marzo, del Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (aquí toda la normativa).

Cuando se aprobó el nombramiento de José Luis Escrivá para llevar la Autoridad no escribí nada. Apenas conocía a Escrivá (solo había hablado con él un par de veces), pero dada su trayectoria profesional su nombre era más que razonable, con lo cual no tuve nada que añadir al debate excepto esperar acontecimientos.

Y estos acontecimientos han sido positivos. Primero vi los nombres del consejo asesor y me alegré de que todos los miembros tuvieran méritos para estar ahí. Segundo, hace como un mes escuché a uno de estos miembros, Jordi Caballé, hablar sobre la Autoridad y su trabajo en una conferencia en Cambridge y quedé bastante contento. Todo lo que dijo tenía sentido. Tercero, la Autoridad se ha quejado bien claro, en varias ocasiones, de las cifras y objetivos del gobierno, en especial dado el más que limitado progreso que estamos haciendo en términos de consolidación fiscal (¿cómo se puede tener el valor de decir en público, como hace este gobierno, que España está en la recuperación más equilibrada de su historia cuando el déficit este año estará cerca del 4.7% del PIB a pesar de crecer a más del 3%?). Y ahora, vemos esta impugnación.

No se como terminará la disputa legal. El artículo de El Mundo es escueto en detalles (en El País salen otros) y nuestros jueces son deferentes con el gobierno en estos casos. La actitud de Montoro ha sido, sin embargo, un tanto sorprendente. Decir que “España tiene cuestiones más importantes que el hecho de "que un determinado organismo, del que nadie duda de su independencia, tenga acceso a la información"” es una actitud que refleja un poco aprecio al imperio de la ley y el Estado de derecho, del que tan necesitados estamos en estos días de vértigo. Y añadir que a su juicio, “la AIReF debe utilizar la fuente de documentación del propio Ministerio de Hacienda, porque se trata de no duplicar los conocimientos” es olvidar que la fiscalización debe siempre basarse en comprobaciones por terceros. La duplicidad de los conocimientos es, como dirían aquí en South Philly, the whole freaking point (bueno, en realidad en South Philly emplearían otro adjetivo mas contundente). Es o no entender o, más seriamente, no querer entender cual es el objetivo final de la Autoridad. Quizás el ministro tenga razón en el contenido sustantivo de la disputa, pero estos argumentos no son de recibo. Parece, más bien, que el gobierno sigue en su línea de pensar que la ley 6/2013 aprobada por su mayoría parlamentaria a regañadientes se tiene que obedecer pero no cumplir. Menos mal que siempre nos queda Bruselas.