Los antiguos (y algunos corrientes) administradores de muchas cajas de ahorro, en una poción venenosa de irresponsabilidad e incompetencia, han creado un agujero en nuestro sector financiero que va a ser horriblemente costoso, hagamos como lo hagamos, de cerrar.
Las revelaciones que Íñigo de Barrón desde las páginas de ELPAÍS ha venido sacando estos días no hacen más añadir sal a la herida, al comprobar las corruptelas e injustificados sueldos e indemnizaciones que estos administradores se habían auto-otorgado.
El Estado, bien directamente, bien por medio del Banco de España (que no nos olvidemos, es una institución del Reino de España) debe exigir la devolución integra de estas indemnizaciones e impedir que se pague un euro más. Los poderes del estado existen para ser ejercidos.
En una vida anterior, antes de dedicarme a la economía, estudié derecho. Y una de las cosas que aprendí es que los resortes del poder público, con buen motivo, son casi ilimitados. Cuando la convivencia y el futuro de todos están en peligro, uno no se debe de andar con miramientos.
Lo primero que habría que hacer es dejarles bien claro a todos estos administradores que, a menos que se devuelva el dinero y renuncien a nuevos pagos, los abogados del estado y el servicio jurídico del Banco de España van a convertir su vida en un suplicio.
Estoy seguro que a un buen abogado, como muchos de mis compañeros de ICADE, se le ocurrían mil tácticas, pero si yo estuviese al cargo de esto, así de entrada, les enviaba a los inspectores de hacienda, no solo a ellos sino a todos y cada uno de sus familiares (por aquello de que les metan presión en la comida del domingo) a ir línea por línea en todas sus relaciones con el fisco, a los inspectores del ayuntamiento correspondiente a revisar sus casas y pisos con lupa para detectar cualquier fallo de construcción que no esté permitido y a la Guardia Civil de Tráfico para que les pare cada vez que se salten el límite de velocidad 1 kilómetro.
Y si hace falta, mañana a las 6 de la mañana tienen a los servicios del ayuntamiento en frente de sus casas con un martillo neumático levantando el asfalto (para amargarles el sueño), a los jardineros municipales poniendo el abono más maloliente que exista en los árboles del barrio y los repetidores de telefonía móvil que cubran sus casas retirados por problemas de salud. Esto, por supuesto, sin quitar las querellas y demandas mil basadas en su gestión y que se van a prolongar in saecula saeculorum.
Un poco de imaginación y un buen abogado del estado y el suplicio puede ser épico.
Alguno me dirá que recuperar estos millones es el chocolate del loro. Sí, en parte: 100 o 200 millones no es dinero de verdad. Pero el verdadero coste de esta gente no es el monetario, es el destrozo a la legitimidad de la economía de mercado que han causado en España. El precio de este daño es incalculable y lo que pretendo es reducirlo.
Los poderes del Estado están para ser empleados y para asegurar el bienestar de todos los Españoles. Se acabó el ir con guantes de seda…