La Ley de Economía Sostenible y el Proceso Legislativo

Durante el fin de semana hemos visto muchos globos sonda en los periódicos acerca de la Ley de Economía Sostenible (esto es un ejemplo). Como siempre, pocos detalles ya que el gobierno ha perfeccionado en los últimos meses el arte de dar pistas muy vagas acerca de cómo va a actuar y replegarse ante una mala recepción por parte de la opinión pública. Por tanto, en vez de hacerme pensar acerca del contenido que yo incluiría o no en una ley de este tipo, la lectura de los noticias me ha hecho pensar acerca de las ventajas y desventajas del proceso legislativo en nuestro marco jurídico.
Los economistas especializados en economía política enfatizan en extremo la importancia del control de la agenda en la determinación de los resultados en un proceso de toma de decisiones colectivas. El ejemplo más famoso es ver que la propuesta ganadora entre tres posibles alternativas puede depender de cómo elijamos secuencialmente entre estas (Wiki tiene una explicación muy sencilla aquí).
En el caso del proceso legislativo, el control de la agenda por parte del gobierno (básicamente nuestro sistema en España donde el gobierno está preparando la ley sin que nadie sepa mucho de ella) suele argumentarse que genera mayor tamaño del sector público, con más impuestos e ineficiencias, pero también un nivel más alto de bienes públicos y redistribución que un sistema como el de EE.UU. donde la agenda legislativa está más en manos de comisiones de congresistas. La explicación (que saco del capítulo 10 del libro de Persson y Tabellini de Political Economics, que también da más referencias) se basa en la división de poder entre ciudadanos y políticos (y dentro de cada uno de los grupos) y como esta división afecta al reparto de rentas. En un sistema como el de EE.UU., los ciudadanos pueden disciplinar mejor a los políticos pero les resulta más difícil solucionar problemas de acción colectiva, mientras en sistemas concentrados como el nuestro ocurre todo lo contrario
Si este tipo de modelos funciona, la predicción es que nuestra Ley de Economía Sostenible implicará mayores gastos e ineficiencias pero también más beneficios medioambientales que las medidas que se tomen en EE.UU.
¿Alguien tiene otra visión de cómo podemos intentar modelar esto? ¿Cosas que no nos gustan del enfoque de Persson y Tabellini? ¿Me estoy dejando algún margen importante? ¿Nos sirve esto para rediseñar nuestro proceso legislativo? Espero vuestras opiniones.