Hace unos diez años, un compañero de la carrera que trabajaba para un banco de inversiones nos relató a un grupo de amigos, mientras cenábamos en un italiano de Madrid, una conversación que acaba de tener con un directivo de una empresa para la que su banco estaba suministrando un servicio financiero. Este trabajo implicaba, entre otras cosas, valorar la susodicha empresa. La razón por la que el directivo había llamado era para protestar porque le parecía que la valoración que el banco había calculado era demasiado baja. El argumento fundamental del directivo era que su empresa iba a tener unos beneficios mucho más altos que los que el banco había asumido ya que la compañía había entrado en un acuerdo colusorio con sus competidores y que, para demostrarlo, le podía enviar un fax con una copia del acuerdo. Tan atrevido desprecio de la legislación de defensa de la competencia corroboraba mejor que ningún ejercicio econométrico el que el nivel de competencia en la economía española era bastante patético.
Una década ha pasado y me gustaría creer que las cosas han mejorado. Las noticias de la semana pasada, no me han ayudado a mantener el optimismo. El 30 de Julio la Comisión Nacional de la Competencia anunció una sanción a REPSOL, CEPSA y BP por fijación indirecta de precios de venta al público de carburantes con una multa total de 7,9 millones de euros (por cierto, la página web de la CNC es bien jugosa, llena de detalles de cómo funcionan muchos sectores y de las barrabasadas que las distintas Administraciones Públicas cocinan para limitar la libre concurrencia). Que las tres empresas más importantes de un sector clave de la economía hayan sido sancionadas de tal manera debería haber sido titular principal de todos los periódicos, pero no lo fue. Como siempre, los periódicos nacionales más preocupados por el último fichaje del futbol y la prensa económica con el último cotilleo de la bolsa.
Pero como economistas deberíamos de enfatizar la necesidad de mantener una actitud militante de defensa de la competencia. Sí, sabemos que organización industrial es un área llena de sutilizas y que existen muy buenos argumentos para ser cuidadosos con una aplicación ingenua de la legislación de defensa de la competencia (pensemos en los rumores de que Google puede tener problemas con el Departamento de Justicia americano), pero, como regla por defecto, la libre concurrencia es una buena política.
Existe una razón adicional, más allá de las consideraciones de eficiencia, para darle a este tema una alta prioridad. El público en general (o al menos una porción importante) percibe a los economistas como una profesión que solo quiere hacer la vida difícil a los trabajadores con la reforma del mercado de trabajo, bajar los impuestos a los propietarios de capital o reestructurar la seguridad social. Y buena parte de la culpa de esta imagen es nuestra: ¿cuántas veces escribimos acerca de la reforma laboral y cuántas nos metemos con las empresas que abusan su posición dominante? ¿Cuántas veces protestamos de las desgravaciones de la vivienda en el IRPF y cuántas sobre el inadmisible tratamiento de las rentas de los futbolistas de élite? No tengo datos pero estoy seguro que serían desconsoladores para nuestra profesión.
Por eso sacar los colores a Repsol o BP es tan importante: demuestra que, cuando pedimos sacrificios a unos no lo hacemos como esbirros de la CEOE, lo hacemos para intentar incrementar el bienestar social (suspendamos por un momento nuestro escepticismo acerca de la agregación social de bienestar, a fin de cuentas, siempre andamos dando consejos de política y esto debe de implicar que en la práctica normalmente dejamos este escepticismo en el armario). No, nuestra conciencia como economistas no está determinada por nuestra situación objetiva en las relaciones sociales de producción en las que entramos para reproducir nuestra existencia pero algunas veces parece que se nos olvida…
La Defensa de la Competencia y Nuestra Legitimidad como Profesión
