El aumento del SMI y la preparación del terreno para una contrarreforma laboral están monopolizando nuestro panorama laboral local en este inicio de año. Ambos temas están generando toneladas de artículos de opinión que a su vez han suministrado un buena cantidad de combustible para las redes sociales. Me quedo con dos textos, representativos de los dos lados del ring. El primero, tan corto como que es un simple comentario a un tuit, aunque con una buena carga de profundidad. El autor del tuit se quejaba amargamente que se hubiera tomado de nuevo la decisión de aumentar el salario mínimo sin una evaluación previa de los efectos que pudo tener el aumento del 2019. Copio el comentario para no privarles ni de una coma y sólo diré que su autor es académico y no es economista:
Lo primero que pensé al leerlo es que se deberían generar dos series: una de empleo digno, y otra de empleo que no es mínimamente digno. Sería bastante útil, y facilitaría las cosas a la hora de fijar un salario mínimo óptimo. Claro que debería incorporarse a las estadísticas oficiales, y publicarse al menos cada trimestre. ¿Pero, qué incluiríamos en este indicador de trabajo digno? El término "empleo o trabajo digno" es quizás el que más ha utilizado este gobierno. De hecho, ya en los primeros Consejos de Ministros, se aprobó el Plan director por un trabajo digno. Este Plan consta de un conjunto de 75 medidas para combatir los fraudes en la contratación temporal, en la contratación a tiempo parcial, las horas de trabajo impagadas, la economía irregular y los falsos autónomos o los falsos becarios. Medidas destinadas principalmente a supervisar y penalizar, destinando más recursos y reorganizado la inspección de trabajo y de la Seguridad Social. Según el gobierno, el éxito de este plan es evidente: cientos de miles de contratos temporales regularizados, ampliación de jornadas a tiempo parcial, otros tantos miles de falsos autónomos reconvertidos. El éxito de cruzada estaría a la base del buen comportamiento de la contratación indefinida, que, según la EPA, alcanzó su máximo histórico en el último trimestre de 2019 .
El segundo texto, más largo, es un artículo reciente de la Ministra de Empleo y Seguridad Social que encabezó la reforma laboral para celebrar su octavo aniversario. Nos explica primero cómo se originó y en qué consistió y, a continuación, se detiene largamente en alabar la reforma por sus éxitos "indiscutibles":
El artículo de Fátima Báñez, explica que ya se habían convocado a los agentes sociales incluso antes de la investidura del Presidente. De hecho, yo iría más lejos. Desde que el Presidente Zapatero anunció que convocaba elecciones anticipadas en julio de 2011, ya se sabía lo iba a ocurrir, y los miembros del futuro gobierno iban dejando bien claro que lo primero que harían (parecía que lo único) era una reforma laboral profunda. La reforma laboral se aprobó a la misma velocidad que el Plan Director. En nombre del credo de la flexiseguridad, se procedió a desregular. Se apostó así por incentivar la flexibilidad interna, que en el momento aún álgido de la crisis, frenaría la sangría de empleo. Y se apostó a su vez por un conjunto de medidas adicionales que deberían ayudar a crear más empleo en época expansiva. El éxito, les dejo que la Ministra se lo resuma directamente: "Ya no es necesario crecer por encima del 2,5%, como ocurría hasta entonces, para generar empleo nuevo... Esta profunda transformación es la que ha hecho posible que se hayan creado más de tres millones de empleos desde la recuperación y lograr acercarnos a los 20 millones de personas trabajando en España en 2020.
Además, según la ministra, "no hay un crecimiento más social que ese. Y no hay crecimiento más inclusivo que el capaz de crear empleo en todas las provincias, sectores económicos y grupos de edad…." Además, tras ocho años de vigencia de la reforma laboral, podemos afirmar que, con 785.000 ocupados menos, hay más asalariados con contrato indefinido que nunca (12.448.000).
En definitiva, ya sea por el Plan Director de unos, o por la Reforma Laboral de otros, estamos batiendo el record de empleos indefinidos. El problema, como ya explicamos en una entrada anterior, es que la contratación indefinida ya no es lo que era. Más de una tercera parte de los empleos con contrato indefinido no llegan a superar el año, y entre los que superan el primero, cerca de otra tercera parte, no supera el segundo año.
Claro está estas separaciones o destrucciones de emparejamientos entre empresas y trabajadores no son todas motivadas por despidos, también se produce una abundante movilidad voluntaria de los trabajadores hacia otras empresas. Los despidos, y en especial, los improcedentes son, en cualquier caso, la causa principal de las rupturas.
No, la contratación indefinida no debería ser el indicador principal, y menos el único del trabajo digno, ni tampoco como éxito de la reforma laboral. Son muchas las medidas incluidas en el Plan Director que merecerían sus propios indicadores para este tipo de trabajo. No sólo las conversiones y otras regularizaciones logradas con amenaza de sanciones. De hecho, tampoco es éste el primer plan de regularización. Otro similar, aunque menos completo, se desarrolló durante el gobierno de Zapatero. En ese momento Nacho Conde y yo escribimos una entrada bastante crítica, subrayando el hecho de que la economía irregular, el abuso de los contratos temporales y el paro, son en realidad caras de unas mismas monedas. Resultarían más eficaces medidas que ataquen la raíz más profunda de unos problemas tan estructurales de nuestro mercado de trabajo que intentar resolverlo sólo con espadas de Damocles y palos. Quienes dirigen hoy el Ministerio de Trabajo, proceden en su práctica totalidad, del mundo jurídico-laboral, es lógico pues que tengan más fe en la inspección, en la fiscalización y en la ideología, en lugar de probar los beneficios de una buena evaluación. Espero, sin embargo, que no se encierren entre estos muros irremediablemente.
Como mostré en el Estudio sobre la Población Especialmente Vulnerable ante el Empleo, hace aún un par de años, había en España unas 4 millones de personas atrapadas en la trampa del desempleo y de la pobreza laboral, 1,5 y 2,5 millones, respectivamente. El umbral usado en este estudio para fijar la trampa de la pobreza laboral era, residir en un hogar en riesgo de pobreza, y no ser capaz de conseguir una renta laboral equivalente al salario mínimo anual. Este fue un umbral arbitrario que se eligió por ser el SMI (en su momento) más estable que la mediana. Con el aumento del SMI, si se mantuviera este criterio este número de personas se ampliaría notablemente, hasta los 5-6 millones de personas, y podría ser un buen indicador que relacione dignidad en el empleo con riesgo de pobreza.
Por otra parte, y volviendo al Salario Mínimo y al empleo digno. A la hora de evaluar los efectos de la subida del 45% en 4 años, convendría recordar la teoría de las diferencias compensatorias, no sólo los posibles efectos monopsonistas (que no dudo que existan también) y sobre el efecto renta (qué también). Es de manual de los 90: el coste laboral incluye la remuneración del trabajo y muchas más condiciones laborales que también son costosas para las empresas y sobre las que pueden compensar los aumentos salariales (formación, seguridad, higiene, promociones, estatus de asalariado con pago de cuotas a la seguridad social). No se queden sólo en lo cuantitativo, lo cualitativo también importa. En resumen, al menos en teoría, aumentos del salario mínimo pueden atentar a la dignidad del empleo que se pretende promover.