Hemos decidido daros la matraca con unos cuantos posts seguidos sobre la reforma laboral. Aún estamos intentando descifrar esta nueva obra de ingeniería jurídica, lo cual nos saca algo de nuestras Casillas :-(. El jueves Luis trató de los cambios en la regulación de la negociación colectiva, en particular, de las nuevas posibilidades de descuelgue de los convenios de sector. Nos explicó cómo esta reforma puede producir una “revolución” en el funcionamiento de nuestro sistema de negociación colectiva. Este viernes, Samuel se centró en los cambios de la protección del empleo, llegando a la conclusión de que “se trata de una reforma que se queda corta y es de eficacia incierta”. Por mi parte, quiero poner también los focos sobre otras medidas que incluye la reforma y centrarme en un colectivo en particular: los jóvenes, a los que esta reforma presta (literalmente) “particular atención”. Ya os adelanto mi conclusión: creo que la reforma no ataca de raíz los problemas de empleo juvenil, y en lugar de aliviarlos, puede incluso agravarlos.
Quiero dejar claro, desde el principio, que me centraré en la relación entre los problemas de empleo de los jóvenes y nuestras instituciones laborales. Otras reformas, son igual de importantes para enfrentarse de una vez por todas con estos problemas (les ruego que se lean o vuelvan a leer las magnificas entradas de Antonio Cabrales sobre las disfunciones de nuestro sistema educativo, por ejemplo). Por otra parte, con el declive demográfico, algunos podrán pensar que el empleo juvenil no debería ser nuestro principal problema, pero precisamente por ello, por ser un bien cada vez más escaso, deberíamos prestarle no sólo una “particular”, sino también una seria y definitiva atención.
Los objetivos de la reforma eran establecer unas nuevas bases para unas relaciones laborales que nos ayudasen a cambiar de modelo productivo y dar salida al inmenso número de parados que ha generado esta crisis. Existe un amplio consenso en la literatura económica sobre el hecho de que los problemas del empleo juvenil están íntimamente ligados con nuestro modelo productivo, desde el alto paro estructural, hasta el abandono escolar o el desajuste educativo y la precariedad laboral de nuestros titulados (mileurismo), fenómenos que no sólo han condicionado la entrada en el mercado laboral de forma transitoria, sino que se han ido convirtiendo en permanentes afectando al resto de la vida laboral (véase aquí y aquí, dos trabajos recientes sobre estos temas en colaboración con Sergi Jiménez y Manuel Hidalgo). Pero además, nuestros jóvenes están doblemente castigados por esta crisis: (1) porque al paralizarse la contratación, se van acumulando cohortes que han de retrasar el inicio de su vida laboral y (2) han de competir con otras aún jóvenes que, a su vez, han perdido su empleo debido a nuestro peculiar modelo de ajuste basado, casi en exclusiva, en la destrucción de empleo temporal, es decir, en la regla pura y dura del “último en llegar, primero en salir” (LIFO) en lugar de políticas selección más ajustadas a la productividad o necesidad de las empresas u otros criterios de flexibilidad. En todas partes, de nuevo, los jóvenes son los paganos de la crisis, pero en nuestro caso, aún más.
Un regla básica y tres problemas
Para valorar los pros y contras de esta reforma, me gustaría centrar los argumentos en una regla básica y bien conocida de la economía laboral de la que nadie escapamos, y menos aún los más jóvenes: debido al “riesgo de pirateo” las empresas no financiarán el capital humano genérico que adquieran los trabajadores, es decir, aquella formación portable, que puedan utilizar otras empresas. La única forma de adquirir este tipo de formación en las empresas es que nos la financiemos nosotros (con un menor salario) o que nos la financie el estado (con subvenciones, sin necesidad de reducir los salarios). Lo que no deberíamos olvidar es que estas dos posibilidades no son neutrales, y ahí está una de las raíces del problema y uno de los argumentos principales para concluir que ésta no es una buena reforma.
Existe, evidentemente, otra posibilidad, que tengamos mucho que perder abandonando nuestra empresa, porque hayamos adquirido suficiente capital humano específico (que sólo sirva para esta empresa) con la antigüedad, en cuyo caso, podemos llegar a un acuerdo para compartir los costes de la formación genérica.
Teniendo en cuenta estas reglas, podemos delimitar al menos tres problemas relacionados con el empleo juvenil:
(A)- Aquellos que abandonan la escuela antes de la ESO, no han recibido formación profesional.
(B)- Para todos, independientemente del nivel educativo adquirido, las primeras experiencias laborales también son capital humano genérico (“aprender a trabajar”)
(C)- No tienen capital humano específico (antigüedad), por lo que tampoco se les financiará el capital humano genérico (por ejemplo, cursos básicos o de especialización en informática o idiomas).
La reforma
Y, para cada uno de estos tres problemas, nuestras instituciones laborales (la regulación contractual y la negociación colectiva) y las políticas pasivas (las prestaciones por desempleo) y las activas (subvenciones y políticas de formación), puede ayudar o empeorar las cosas. ¿Qué decir pues de esta reforma?
(a) La dualidad laboral
Debido a la altísima tasa de temporalidad, nuestros jóvenes no consiguen un mínimo de capital humano específico y no reciben la formación adecuada a las necesidades de las empresas (problema (C)). La pueden financiar por si mismos sino tienen restricciones de liquidez, o la pueden recibir directamente del estado, como parados, pero no tiene, en ambos casos, por qué coincidir con las necesidades de las empresas, incentivando la sobre-educación o la adquisición de una formación ocupacional poco útil.
Cómo bien explicó ayer Samuel, no parece que esta reforma vaya a resolver de forma considerable (y menos definitiva) el problema de la dualidad laboral. Si llegara a funcionar el contrato de fomento de 33 días, se conseguiría una “pequeña” reducción de las indemnizaciones de los nuevos contratos indefinidos lo cual podría aumentar “algo” las tasas de empleo juvenil. En cualquier caso, dada la cuasi-universalización de estos contratos, debería beneficiar en menor medida a los más jóvenes (ya no habría discriminación positiva, aunque dicho sea de paso, tampoco hay evidencia que esta fuera efectiva en el pasado)
Si estuviéramos confundidos, y la reforma fuera realmente eficaz (revolucionaria) otorgando en la práctica la procedencia a los despidos por causas económicas de forma generaliza, la rebaja de la indemnización por despido sería considerable (de un máximo de 42 pagas mensuales a sólo 12) el efecto sobre la tasa de empleo juvenil podría ser mucho mayor. Pero, además, también se aplicaría a los contratos vigentes, por lo que podría romper la regla del LIFO (el mayor ahorro en indemnizaciones por despido se produce entre las personas de más edad). Lo que podría ser más beneficioso para los más jóvenes no lo sería para los mayores, y este es el riesgo que se asume también en esta reforma tan alejada de lo que proponíamos en el Manifiesto de los 100, cuya medida estrella, el contrato único con idemnizaciones crecientes con la antigüedad, se orientaba a beneficiar la estabilidad laboral de los más jóvenes, sin por ello perjudicar a los de edad más avanzada. La eficacia de la actual reforma descansa sin embargo casi en exclusiva en la clarificación de los despidos objetivos, medida necesaria en el medio-largo plazo, pero con efectos perversos en el corto.
(b) La negociación colectiva
Los convenios colectivos fijan ante todo tarifas o salarios mínimos. A la diferencia entre estas tarifas y los salarios realmente percibidos por los trabajadores, las denominamos “derivas salariales” y nos indican el grado de “vinculación” o "efectividad" de los convenios en la práctica. Cierto que la preocupación de los negociadores es aumentar los salarios de forma regular, pero prácticamente cada convenio tiene tablas de salarios mínimos, y estas tienen tres peculiaridades:
Los salarios relativos negociados (las diferencias entre, pongamos el ingeniero o licenciado y un peón) son relativamente pequeñas. Una posible explicación de este empeño en la compresión salarial se basa en la teoría del votante mediano de los sindicatos. Este suele ser un trabajo poco o semi-cualificado y estaría doblemente satisfecho con esta compresión: no sólo se le eleva el salario por encima de lo que percibiría en el mercado, sino que también se le da la sensación de que el premio a la educación es más bajo (menos envidia). A cambio, los salarios mínimos de los entrantes también son altos, por encima de un salario mínimo interprofesional que, por si fuera poco, desde el año 1998, no distingue a los trabajadores por edades (contrariamente a los países de nuestro entorno, y por exigencia de los sindicatos). Es decir, la información sobre salarios que todos podemos disponer "gratuitamente" (los convenios) nos diría que los premios a la educación son muy bajos, y en la práctica así lo son, en especial en entrada (cuando realmente son "vinculantes").
- Los salarios relativos negociados en convenios se mantienen eternamente, excepto en raros casos. Si comparamos tablas de principios de los 80, treinta años después, los salarios relativos pactados siguen siendo muy similares. Es decir, los salarios mínimos de convenio se han ido elevando de forma progresiva, pero manteniendo las diferencias entre categorías profesionales tal como estaban en tiempos de Barrabás.
- Las tarifas se pactan por categoría profesional y ocupación, no por nivel educativo. Por ejemplo, un administrativo que tenga título de FP o sea licenciado universitario tendrán el mismo salario pactado, por lo que para el mismo precio, las empresas pueden elegir el nivel educativo. Si nuestros empresarios prefieren uno más educado, pues entonces al de FP no le queda más que trabajar de cajero o ir a la universidad, este es el fenómeno de desplazamiento del que también es responsable la negociación colectiva.
En definitiva, los salarios mínimos, tanto el interprofesional (que es el mismo para un adulto que para un joven de 16 años), no contribuyen para aliviar los problemas (A) y (B), todo lo contrario. (sobre estos temas, aquí, aquí y aquí)
¿Qué hacer? La posibilidad de descuelgue es importante. Pero es poco probable que puedan acceder a ella las pequeñas empresas, en las que están concentrados gran parte de los entrantes en el mercado de trabajo. El descuelgue en cualquier caso, difícilmente solucionará el problema de los salarios mínimos relativos. Una reforma más profunda de la negociación colectiva es realmente necesaria para que sea más sensible con el problema del empleo juvenil. Resultará difícil cambiar las reglas básicas para que las preferencias del votante mediano se acerquen más a la de los más jóvenes, en cualquier caso, no tiene sentido dejar esta decisión en manos de los agentes sociales. Se podría empezar por una mayor centralización de los convenios de sector, dado que existe evidencia de que la compresión salarial es mayor en lo de sector provincial (aquí).
(c) El modelo austriaco
Cómo expliqué en una entrada sobre la implantación de este modelo en España, dudo que nos podamos aprovechar de sus ventajas, en especial, que también iría rompiendo la regla del LIFO (es decir, mejorando progresivamente las perspectivas de empleo de los más jóvenes, en concreto el problema (C)) si se aplica de forma mixta, es decir, manteniendo nuestro actual sistema de indemnizaciones por despido. Y, si es así, sería puro despilfarro destinarlo a compensar casi en exclusiva a los insiders, cuando más que nunca necesitamos de una buena reasignación de nuestros recursos hacia políticas de empleo activas más eficaces.
(d) Los contratos formativos y las bonificaciones
Aquí entramos directamente en las líneas de actuación dirigida a los más jóvenes.
Con la fórmula de los contratos formativos decidimos desde la transición seguir un modelo de fomento del empleo juvenil “a la francesa”: facilitar la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo en un contexto en el que la formación profesional no es dual, sino en casi al 100% reglada y alejada de la colaboración real de las empresas (en consecuencia de baja calidad por estar alejada de las necesidad de estas) y manteniendo unos salarios mínimos altos. Que el paro juvenil siga siendo estructural tres décadas después, debería ser una prueba suficiente de que no es ésta la vía más adecuada. Estos contratos, por otra parte, han sido el origen de varias polémicas, leitmotiv de huelgas generales como la del 88 (el famoso Plan Txiki Benegas) o los famosos “contratos basura” de la reforma del 93-94. Para que el contrato de formación fuera atractivo, debía además rebajar los salarios o al menos sus costes. Simplemente que hubiera una rebaja de los costes laborales para resolver los problemas (A) y (B). Es a la primera opción a la que se han opuesto siempre radicalmente los sindicatos, al igual que a la reducción de los derechos a prestaciones. Así, para rebajar los costes laborales, se optó por la bonificación o subvención. Sin embargo, esta opción no es para nada neutral. En efecto, al mantener los salarios altos, incentiva el abandono escolar en edad temprana. Por otra parte, las subvenciones tienen efectos perversos, entre los que cabría destacar el incentivo al desajuste ocupacional, el fomento de los empleos de "usar y tirar" (veáse evidencia aquí).
Pues bien en esta reforma no sólo se ha apostado por insistir en la misma línea sino incluso por empeorar las cosas, se vuelve a concentrar gran parte de las subvenciones en los jóvenes sin formación, se aumenta el salario mínimo en el segundo año del contrato de formación (al tener que pagarlo incluso en las horas dedicadas a la formación), se aumentan las bonificaciones y además se les conceden plenos derechos a las prestaciones por desempleo. Qué decir sino que sigue en la línea de fomento del abandono escolar, el peor de los mundos para cambiar de modelo productivo. Esto si sólo se beneficiarán de ellas los desempleados que lleven más de un año en el desempleo… Pero, en definitiva, no se habrán reducido los salarios mínimos, y además aumentan los derechos a prestaciones. Esta vez, no habrá batalla de los sindicatos y no será leitmotiv de la huelga en septiembre.
Por otra parte uno de los problemas básicos de los contratos formativos se halla en la misma formación que se adquiere durante este período de empleo, difícil de controlar, por mucho que se quiera penalizar el fraude. El sistema, en realidad, bien se podría perfeccionar siguiendo el modelo dual germánico germánico (si, otro modelo más ...), aplicado en Alemania, Suiza y Austria, y más recientemente en Dinamarca, y que si consigue un mejor ajuste a las necesidades de las empresas con una mayor colaboración e implicación de estas (también tiene sus problemas, pero está a años luz del nuestro, si os parece bien lo dejamos para otra entrada).
Conclusiones
En fin, nada nuevo en el horizonte, más bien nubarrones. No entremos en detalle sobre los incentivos al reparto de las horas de trabajo, porque aquí tampoco entrarán muy probablemente los jóvenes, dado que sólo es un instrumento para aliviar los problemas de empleo de los insiders. ¿Qué ocurrirá con las agencia de colocación privadas?, probablemente nuestros jóvenes, en especial, los titulados estarán mucho mejor que en manos del sector público, pero no lo podemos garantizar, porque poquito sabemos de cómo van a funcionar, cómo se establecerán las tarifas y contratos de colaboración, de qué tareas y colectivos se encargarán.
Queda mucho aún por concretar. Cómo aún queda un largo proceso parlamentario, espero que algún político nos lea y se interese realmente por estos problemas [aunque claro, si es poco creíble que los agentes sociales se hayan preocupado realmente del tema durante el proceso de diálogo social, también lo es que se interesen ahora realmente nuestros representantes políticos, los jóvenes cada vez están más lejos del votante mediano, más lejos aún en Huesca (JFV 🙂 )]
Y una última observación:
La reforma no hace ninguna mención a los inmigrantes, menos aún a los jóvenes de nacionalidad extranjera, pero sí que insiste en varios artículos en la discriminación de género con mayores subvenciones para las mujeres y la necesidad de que se obtenga la paridad en las medidas orientadas a los más jóvenes. Por favor, échenle un vistazo a las estadísticas sobre abandono y fracaso escolar, y hagan también una predicción en el medio plazo, porque de ello también dependerá el cambio de modelo productivo.