Por Florentino Felgueroso y Marcel Jansen
En estos últimos tiempos, no cesan de pedir nuestra opinión acerca de los riesgos o beneficios de derogar la última reforma laboral. Estos son algunos argumentos para el debate.
1) La evidencia empírica
Pensar que "la reforma laboral fue catastrófica, y que por lo tanto, lo mejor es volver al marco jurídico anterior", no parece un argumento sostenible. En primer lugar, porque no disponemos de evidencia empírica sobre derogaciones de reformas laborales, simplemente porque este tipo de "marcha atrás" no se suele producir. Entramos pues en terreno desconocido. Por una parte, es muy probable que en el corto plazo estos cambios generen de nuevo un período de inseguridad jurídica que perjudique el empleo en esta nueva fase expansiva. Por otra parte, de lo que si tenemos evidencia es que el marco laboral anterior no supo dar una respuesta a los principales problemas de nuestro mercado de trabajo. Ni tenemos evidencia rigurosa para sostener que la reforma laboral del 2012 (RL2012) haya causado la precarización que padece nuestro mercado de trabajo en la actualidad, ni que haya actuado como una trituradora de empleo. Seguimos a la espera de que surjan estudios científicos que nos aclaren los efectos reales de la RL2012, y tardaremos aún bastante tiempo.
No resultan nada sencillos, dado que la RL2012 actuó sobre muy diversos aspectos de las relaciones laborales y se implementó en plena recesión. En cualquier caso, la RL2012 no persiguió resolver nuestros problemas de precariedad, vienen de lejos y siguen siendo una tarea pendiente. De lo que no tenemos evidencia, de momento, es que haya causado un aumento en la tasa de destrucción de puestos de trabajo. El comportamiento tan negativo del empleo a lo largo de esta larguísima recesión vino dominado por la pésima evolución de la tasa de contratación, más que por las de separación. Ni se observa un empeoramiento de las tasas de despido en torno a la RL2012, ni tampoco un cambio en la distribución de los despidos que perjudicará más a las personas con más antigüedad en la empresa (1)
En cuanto a la evolución de los salarios si que se observa una aceleración de la caída salarial en torno a la RD2012 (2). Como se puede ver, este cambio afectó a toda la distribución salarial, y no es la responsable del aumento en la desigualdad salarial. Ahora bien, no queda nada claro cómo una derogación de la RD2012 podría dar marcha atrás y conseguir recuperar esta caída en los salarios reales para no hablar de la posible pérdida de competitividad que esto podría causar. Resultará igual de complicado separar los efectos de la RD2012 de los de la propia crisis, que medir el impacto de esta reforma durante este fase expansiva. Por otra parte, como se puede ver en el siguiente gráfico, la caída de los salarios en la parte baja de la distribución se generó ya desde el inicio de la crisis.
2) El paro de muy larga duración: la prioridad
Por otra parte, no hay ningún motivo para esperar que una derogación de la RL2012 pueda ayudar a paliar los efectos de la crisis en los colectivos más vulnerables: los parados de larga duración.
Los datos de la EPA publicados ayer vuelven a confirmar la existencia de una clara emergencia social. Sigue habiendo millones de parados de larga duración sin derecho a prestaciones y menos del 10% de ellos se está formando. La solución para estos problemas reside en mejorar nuestras políticas activas y pasivas, como queremos demostrar aquí, y no en derogar la reforma laboral.
Aprovechando la salida de la EPA del último trimestre del 2015 mostramos dos gráficos actualizados y otros dos nuevos que, a nuestro parecer, mejor reflejan la emergencia social y los fallos en el diseño de nuestras políticas activas y pasivas. El primer gráfico analiza la distribución de los parados según la duración de la situación de desempleo. Según los datos de la EPA, el 43.6% de los parados lleva más de dos años en situación de desempleo y más de la mitad de ellos no ha tenido un empleo durante más de 4 años. En términos absolutos estamos hablando de más de un millón de personas que llevan buscando empleo desde un período tan largo.
Es cierto que el peso de este grupo en el total de los desempleados (la linea roja) ha bajado ligeramente durante el último trimestre, y por primera vez dede el inicio de la crisis. Pero, desafortunadamente, no podemos atribuir este cambio a una mejora en sus perspectivas de empleo, como muestra el siguiente gráfico. La tasa de salida al empleo para el colectivo que lleva más de 4 años en desempleo sigue estancada en el nivel más bajo desde el inicio de la crisis (con la tasa actual tardarían en promedio otros tres años para encontrar un empleo!). Esta situación contrasta con la mejora en las tasas de salida al empleo para los parados de corta duración (menos de un año) que han mejorado en más de 5 puntos porcentuales desde 2013. Por lo tanto, seguimos estando ante una recuperación a dos velocidades que favorece sobretodo a personas con una experiencia laboral más reciente.
Miramos ahora la tasa de cobertura de las distintas prestaciones por desempleo. En muchos países europeos la mayoría de los parados de muy larga duración tendrían derecho a alguna prestación o subsidio (por lo menos si no hay otra renta en el hogar). Al contrario, en España la tasa de cobertura de las prestaciones y subsidios de prestaciones es inferior al 30% y decreciente en la duración del desempleo. En concreto, menos de uno de cada cinco parados que llevan más de dos años en desempleo, y que por tanto han agotado sus derechos a una prestación contributiva, están recibiendo algún subsidio. La explicación para esta cifra tan baja tiene que ver con los requisitos estrictos para tener derecho a las ayudas del plan PREPARA o el último plan de ayudas a parados de larga duración mayores de 45, conocido como Renta Activa de Inserción (RAI), dado que la gran mayoría cumple con el requisito de estar inscrito como parado.
De hecho, como muestra el gráfico 3, el porcentaje de parados en la EPA que declara estar inscrito como demandante de empleo es creciente en la duración del desempleo, alcanzando, respectivamente, el 76.1 y el 77.7% entre los colectivos que llevan más de 2 o más de 4 años en desempleo. El hecho que tantas personas siguen buscando empleo y continúan a renovar su registración como demandante de empleo es positivo, pero el bajo porcentaje de perceptores refleja las dificultades para acceder a las ayudas.
Por último, también parece existir una relación negativa entre la duración del paro y las tasas de formación de los parados. Además, y esto es quizás el elemento más preocupante, para cada duración encontramos que las tasas de formación son sustancialmente más bajas para aquellos parados que son perceptores de prestaciones, lo que indica una escasa vinculación entre las políticas activas y pasivas.
Conclusiones
Todas estas observaciones deberían hacernos reflexionar sobre el diseño adecuado de nuestras políticas activas y pasivas. A la vista de la evidencia presentada en esta entrada, ni las políticas activas ni las políticas pasivas están llegando a los parados de larga duración, y menos aún a los de muy larga duración. Programas como Prepara o el Programa de Activación para el empleo, que combinan ambas (una prestación mínima y un itinerario individualizado) no dejan de ser residuales. Dotados de escasos recursos como para cubrir sus objetivos en materia de políticas activas, y muy restrictivos.
Estos programas además se tienen que prorrogar dentro de poco tiempo. El programa Prepara tiene que prorrogarse en febrero. Se hará automáticamente hasta que la tasa de paro caiga por debajo el 20%. Actualmente ya está en 20.9%, así que pronto se deberá decidir qué hacer con este programa. El Programa de Activación para el Empleo caduca a mediados de abril. Por otra parte, los presupuestos del 2016 contemplan una nueva partida de más de 120 millones de euros para la Orientación Laboral de los Parados de Larga Duración, programa que aún se tiene poner en marcha.
En fin, mientras se discute sobre reformas y contra-reformales, convendría establecer claras prioridades. En nuestra opinión, un ingrediente fundamental de cualquier tipo de pacto de gobierno es llegar a un consenso rápido sobre cómo mejorar nuestras políticas activas y pasivas para que alcancen una mayor cobertura, tengan una mayor vinculación y funcionen de forma eficaz y eficiente. No cabe duda, será costoso. Pero de esto se trata, de establecer prioridades.
Por otra parte, nuestro marco laboral y de protección social sigue sin ser el adecuado para responder a los retos a los que nos hemos de enfrentar en un futuro cercano. Puede ser conveniente un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero lo que necesitamos primero es un debate de fondo para analizar como debemos adaptar nuestra regulación laboral para adoptar los nuevos tipos de relaciones laborales que están surgiendo y evitar una "mercantilización" indeseada de nuestras relaciones laborales en un mercado de trabajo que diferirá cada vez más del que teníamos hace 35 años cuando se aprobaron las bases del marco normativo actual.