Llevamos meses con la polémica sobre el número de trabajadores con contratos fijos discontinuos (TFD). El gobierno que impulsó su uso con la Reforma Laboral de 2021 (RL21) trata de minimizar este número, so pena que se ponga en duda el éxito de esta reforma y que se cuestione su vinculación con el crecimiento del empleo. La oposición, por su parte, trata de maximizar el número de fijos discontinuos para mostrar que la RL21 es un bluff y que el mercado de trabajo no va tan disparado como parece porque "el gobierno está maquillando los datos del paro". No es nada nuevo. Ya ocurrió con la reforma laboral anterior: causante del fin de la Gran Recesión y del crecimiento del empleo en la siguiente fase expansiva, para unos, culpable de todos los males del mercado de trabajo español, para otros. Pero, si han seguido la polémica de los TFD puede que estén de acuerdo en que alcanza el nivel de parodia, una mezcla de absurdo amanecista y de esperpento berlanguiano.
Saquémosle algo bueno del jaleo: se pueden extraer varias lecciones sobre indicadores del mercado de trabajo y sobre el diseño y evaluación de políticas basadas en la evidencia. Pero antes, en esta primera parte, situemos brevemente el contexto. En este documento encontrarán una exposición más detallada si desean profundizar en el tema.
La RL21 y el stock de trabajadores fijos discontinuos
La Reforma Laboral de 2021 (RL21) tuvo como objetivo principal una reducción drástica de la temporalidad. Este objetivo se alcanzó rápidamente y con nota alta. La tasa de temporalidad se redujo entre 11 y 16 p.p., según la fuente estadística usada, convergiendo con las de los países de nuestro entorno (Francia, Italia y Portugal), aunque aun a cierta distancia o lejos del resto (aquí).
El abuso de la contratación temporal en el mercado de trabajo español tenía varios frentes. Uno de ellos era la práctica habitual de encadenar contratos temporales de corta duración para la realización de trabajos de naturaleza estacional o de prestación intermitente en el contexto de una relación laboral estable entre una empresa y una trabajador. En una entrada publicada en este blog se calculaba que 2/3 partes de los contratos temporales eran en realidad recontrataciones o reanudaciones de relaciones laborales y 1/3 de estos contratos temporales se podían vincular con al menos otros cuatro contratos previos entre los mismos trabajadores y las mismas empresas.
Para atajar esta práctica, la RL21 produjo varios cambios normativos dirigidos a incentivar el uso de los contratos fijos discontinuos (CFD) para este tipo de trabajos, es decir, un contrato de duración indefinida en el que se alternan períodos de actividad (trabajo) e inactividad en la empresa. Estas medidas tuvieron impulsaron rápidamente el uso masivo de los CFD, un tipo de contrato que tenía una presencia marginal en el mercado de trabajo español. Entre abril de 2022 y abril de 2024 (incluido), se registraron más 5 millones de CFD, unos dos millones más que en los 20 años anteriores. Representan el 34% de los contratos indefinidos que se han registrado en este mismo período, mientras que en los dos años anteriores a la pandemia solo representaron en promedio el 12%.
Es decir, el uso masivo repentino de los contratos fijos discontinuos es un fenómeno nada desdeñable en cuanto a volumen de contratación. El problema surge cuando se intenta cuantificar qué efecto ha tenido este aumento de la contratación fija discontinua en el stock de personas con este tipo de contrato (TFD). La razón: a diferencia de los contratos indefinidos (no discontinuos) y de los contratos temporales, en los CFD la relación laboral alterna períodos de actividad e inactividad, entre distintos llamamientos de las empresas para que los trabajadores se reincorporen al trabajo. Así, para calcular el stock total de trabajadores fijos discontinuos (TFD) necesitamos sumar aquellos que tengan una relación laboral con una empresa mediante un contrato fijo discontinuo, estando esta relación en período de actividad (o alta laboral), o inactividad (baja laboral).
Resulta que ninguna de las tres fuentes disponibles para informar periódicamente sobre la evolución de las macroindicadores del mercado de trabajo (la EPA del INE, las series de afiliados de la TGSS y las de demandantes de empleo del SEPE) proporcionan una estimación adecuada del stock de TFD: por ser parcial (solo trabajadores en actividad o en inactividad), por problemas metodológicos o porque los gestores de la institución han decidido no comunicar el dato. Las tres fuentes usan reglas distintas para identificar a los TFD y clasificar su situación laboral (el SEPE excluye a los demandantes en inactividad del paro registrado, mientras que en la EPA pueden ser ocupados, parados o inactivos), y los indicadores estadísticos tienen distintas unidades de medida y de tiempo, problemas de múltiple contabilización o, lo contrario, no captan todos los TFD en casos de pluriempleo, se han de enfrentar al desconocimiento de los informantes en encuestas o a problemas de jerarquía en los registros. Pero, además, sus indicadores no solo de TFD, sino otros macroindicadores del mercado de trabajo, como los de paro o temporalidad, han sufrido una divergencia notable debido al uso masivo de CFD impulsado por la RL21. Estas son las raíces de la polémica. En el documento se explican y documentan los límites metodológicos de estas tres fuentes y se contrastan varias hipótesis para explicar por qué han comenzado a diverger.
Un método alternativo para cuantificar el stock de TFD, teniendo en cuenta los que están en situación de actividad o inactividad, es utilizar los historiales laborales, que permitan identificar estas situaciones en días concretos a lo largo del año, conociendo las causas de las bajas laborales en una afiliación o relación laboral.
Si hacemos este ejercicio con la última Muestra Continua de Vidas Laborales del 2022, obtenemos los siguientes resultados
El uso masivo de CFD discontinuos generó rápidamente un stock notable de TFD. En los 9 primeros meses de aplicación de la reforma, se estima que el stock de TFD pasó de 650 mil personas a 1,42 millones, repartidos casi por igual entre personas en actividad y en inactividad.
Este fenómeno ha sido compatible con proporciones significativas de TFD cuyas relaciones laborales finalizaron o fueron interrumpidos y TFD pluriempleados.
Un 22,4% de los de emparejamientos entre empresas y trabajadores con CFD que tuvieron algún período de actividad en 2022 acabaron antes de fin de año con una ruptura o interrupción debida a causas distintas del pase a situaciones de inactividad, esencialmente por abandono voluntario (la mitad) del trabajador o por despido (un tercio). Por otra parte, el número de TFD que tenían más de un empleo se multiplicó por 4,3 entre enero y diciembre de 2022, llegando a representar el 27% del stock total de TFD. La mayor parte de las situaciones de pluriempleo eran de TFD en inactividad que disponen de otros emparejamientos en alta laboral con contratos distintos de los CFD o situaciones profesionales distintas de las de asalariado.
Finalmente, destaca también el rejuvenecimiento del stock de TFD. La proporción de jóvenes de 16-24 años se triplicó a lo largo del año 2022, llegando al 22% del stock de TFD. Este colectivo de TFD se caracteriza por sus mayores tasas de inactividad y de ruptura de los contratos por abandono voluntario.
Estas evidencia corresponde solo a los 9 primeros meses de aplicación de la reforma, y hasta que se tenga acceso a la MCVL 2023, no podremos calcular aún indicadores de frecuencia y duración de los períodos de actividad, sin que haya transcurrido al menos un año para los trabajos estacionales. No obstante, en el año 2023, el número de afiliados con CFD en período de actividad ha permanecido bastante estable, a pesar de que se hayan firmado tantos CFD como en 2022. Se puede esperar, por lo tanto, que el stock total por la parte de la inactividad haya seguido creciendo, a no ser que hayan crecido las terminaciones de contratos.
El interés por conocer el tamaño del stock de trabajadores fijos discontinuos va más allá de la polémica sobre cómo afecta al número de parados registrados en las oficinas de empleo. De hecho, esta polémica nos proporciona varias lecciones para avanzar (al menos, no retroceder) en el diseño y evaluación de políticas basadas en la evidencia empírica. En la segunda parte de esta entrada citaré estas lecciones e intentaré justificarlas.