Buen revuelo se acaba de montar estos últimos días a raíz de un tuit de la OCDE que mostraba la pésima posición de España en el ranking de países según la proporción de trabajadores pobres, superados sólo por países como Turquía, Méjico o Brasil. Decenas de comentarios, y miles de RT (y no se sabe muy bien por qué "likes"- aquí, por ejemplo) y noticias en los medios. Unas destacando "la cara opuesta de la moneda, en la que los ciudadanos que trabajan casi no conocen la pobreza, (en) países como Alemania o Irlanda con menos de 5%". Otras, con economistas que recuerdan que hemos llegado a esta situación por la intensa devaluación salarial que hemos sufrido en los últimos años, porque el crecimiento de la producción está yendo a las rentas del capital, por la precariedad del empleo que se está creando, y que claman por pactos salariales o recuperar las ayudas sociales perdidas durante la crisis”.
Todo este revuelo coincide con la publicación del II Estudio sobre la Población Especialmente Vulnerable ante al el Empleo 2018, (documento, web) fruto de un proyecto conjunto entre la Fundación Accenture y Fedea, y en el que colaboran varias entidades sociales. Recordarán que resumimos aquí los principales resultados de la primera edición, correspondiente al año 2017.
En gran parte, este estudio nace precisamente de la insatisfacción que generan los indicadores existentes sobre trabajadores pobres, tanto de la OCDE como el de Eurostat, y las interpretaciones que han ido generando desde hace ya unos cuantos años. Aunque ya lo hayamos tratado en otras entrada (aquí, por ejemplo), recordemos primero que ambos indicadores proceden de la misma fuente (la EU SILC, que denominamos Encuesta de Condiciones de Vida en España) y que se basan en el porcentaje de personas ocupadas en un momento determinado que residen en hogares que no superan un umbral de renta: el 50% de la mediana de la renta disponible en el indicador de la OCDE, y el 60% de la mediana de la renta disponible equivalente en el indicador de Eurostat.
Por un lado, los valores de estos indicadores dependen de muchos factores, por lo que resulta complicado explicar que es lo que motiva su evolución y nuestra posición en los rankings. Combina el empleo individual, con la renta de los hogares, es decir, se pueden producir diferencias en empleo, distribución de los salarios y otras rentas laborales, la fiscalidad, la protección social y en la composición de los hogares (aquí) .
Por otro lado lado, nuestra pésima posición en el ranking viene de antiguo (aquí), es decir, nos enfrentamos a un problema estructural, no explicable por una devaluación reciente de los salarios. Basta acudir a las páginas web de Eurostat - más completa que la del INE en relación a los indicadores de trabajadores pobres- para observar la importancia de dos problemas estructurales que llevamos arrastrando desde hace décadas: la alta tasa de temporalidad y el abandono escolar temprano. Volviendo, por ejemplo, al país que algún medio considera como la otra cara de la moneda, Alemania. Según Eurostat, en el año 2016, España y Alemania tenían casi el mismo porcentaje de trabajadores pobres entre los asalariados con contratos indefinidos (6,2% y 7%, respectivamente), y entre los asalariados con contratos temporales (20.9% y 20,5%), y entre los trabajadores con nivel educativo bajo (21.2% y 21.9%).
Pero lo que produce aún más insatisfacción es el desfase temporal entre los datos de empleo y sobre la renta de los hogares. Los primeros corresponden al momento en el que se realiza la encuesta (que se publica además a mediados del año siguiente), y los segundos al año anterior a la misma. Ello da lugar a interpretaciones diversas. Desde la más directa, que afirma que el aumento de los trabajadores pobres se debe a la pésima calidad de los empleos que se están generando, y que el aumento de las tasas de pobreza entre los desempleados se debe a recortes en las prestaciones por desempleos. Hasta otra que consideraría el desfase temporal, y podría argumentar que los nuevos ocupados proceden en parte de hogares que el año anterior estaban por debajo del umbral de la pobreza, y que los que permanecen desempleados son los peor posicionados en la cola por su mayor duración del desempleo y probablemente también por estar en hogares con mayor riesgo de pobreza.
Teniendo en cuenta que estos indicadores se basan además en personas ocupadas en el momento de la entrevista, no consideran todos aquellos que transitan entre situaciones de paro y empleo a lo largo del año, y que cumplirían con esta definición de trabajadores pobres en otro momento del mismo, subestimando así el porcentaje de trabajadores pobres sobre la población en edad de trabajar.
En nuestro estudio sobre el colectivo especialmente vulnerable ante el empleo, estimamos el número de personas que a finales de año residen en hogares con un bajos ingresos laborales y que deseando trabajar, se encuentran en ese momento en una situación de desempleo o precariedad laboral, con una alta probabilidad de no llegar a percibir una remuneración equivalente al salario mínimo a lo largo de los próximos 12 meses.
Para ello utilizamos la EPA en lugar de la ECV. Partimos de una muestra formada por el colectivo de parados, personas inactivas que desean trabajar y están disponibles, y trabajadores en precario (la población que hemos denominado como vulnerable ante el empleo). Nos quedamos con aquellos que se residan en hogares de bajos ingresos laborales o baja intensidad laboral y estimamos el riesgo de que permanezcan sin empleo en los próximos 12 meses y el riesgo de que aún teniendo o consiguiendo uno empleo o varios empleos, no consiga una remuneración inferior al salario mínimo anual (población especialmente vulnerable ante el empleo). Dicho de otro modo, consiste en una estimación de las personas que estando en inicio en hogares de baja renta laboral, se encuentran además atrapados en las trampa del desempleo y/o de la precariedad laboral.
Dada la escasa extensión que me permite esta entrada, dejo que el lector que acuda al documento para los detalles técnicos sobre qué consideramos como trabajador en precario, cómo imputamos los ingresos laborales a partir de la EPA, los modelos de estimación de las tasas de riesgo al empleo y el método utilizado para la segmentación entre personas con alta y baja probabilidad de transiciones. Resumo aquí los principales resultados de esta segunda edición del estudio, que nos permite además analizar cómo influye el crecimiento del empleo sobre la pobreza laboral.
En el cuarto trimestre de 2017, el 48% de 9,93 millones de personas que consideramos como vulnerables ante el empleo se encontraba en en hogares de ingresos laborales bajos o baja intensidad laboral y el 16.3% de estos 4,77 millones de personas (es decir, algo menos de 780 mil) saldrían de ella a lo largo de 2018, el 84% restante, esto es, casi 4 millones de personas, continuarán muy probablemente atrapadas en la misma a lo largo de los próximos doce meses. Esta cifra supone que un 13,3% de la población de 16 a 64 años estaría en situación de especial vulnerabilidad ante el empleo (Tasa EVAE).
En comparación con el año anterior, el colectivo de personas en situación EVAE se reduce en unas 172 mil personas (un 4,1%) y la tasa EVAE cae 0.6 pp.
Esta reducción se debe a la disminución del tamaño del colectivo de personas en riesgo de no disponer de un empleo a lo largo del año 2018 en unas 273 mil personas (un 15,1%, mientras que el colectivo de personas que se encuentran en situación de pobreza en el trabajo aumenta en 101 mil personas (un 4,3%). De esta forma, mientras que el primer colectivo reduce su peso en la población de 16 a 64 años (del 6 al 5,1%), el segundo ve incrementar su peso entre esta población (del 7,9 al 8,2%).
Este resultado nos indica, por una parte, que la crecimiento sostenido del empleo está reduciendo notablemente los niveles de desempleo en los hogares de bajos ingresos laborales, pero que esta mejora se convierte, al menos parcialmente, en un aumento en los niveles de pobreza en el trabajo.
En cuanto al perfil del colectivo EVAE, se siguen manteniendo importantes diferencias por edades, sexo, territorio de residencia y nivel educativo, entre otros, tal como se muestra en los siguientes gráficos. Así, las tasas EVAE superarían el 17% entre los jóvenes de 25 a 34 años (en especial por las altas tasas de riesgo de pobreza laboral) y el 23% entre las personas con muy bajo nivel educativo (atrapados tanto en la trampa del desempleo como de la pobreza laboral), existe una diferencia de casi 4 pp entre mujeres y hombres (por la acumulación de diferencias en trampas del desempleo y de pobreza laboral). A nivel territorial, destacan las enromes diferencias entre las tasas EVAE de CCAA como Extremadura y Andalucía, que superan el 20% del la población de 18 a 64 años, muy por encima del resto, para ambos tipos de trampas.