Esta semana se ha cumplido un año de la presentación en público de la Propuesta para la Reactivación Laboral en España. Un documento breve (sólo tres páginas) que los asiduos a este blog conocen bien. Sus editores y colaboradores, todos ellos miembros del grupo promotor o firmantes de la Propuesta, le han dedicado varias entradas, en especial, Samuel y Luis, pero también Jesús, Juan y Antonio.
En ésta, mi primera entrada como colaborador, me gustaría hacer un balance, contrastando nuestra propuesta con los avances que se han dado en el desarrollo de la futura reforma laboral. De ello también se ha encargado Samuel, con regularidad y bastante mejor que lo pueda hacer yo. Pero, como ha quedado claro en este blog, el futuro de nuestra economía depende de ésta y otras reformas, y no queda más que seguir insistiendo.
Mi valoración será bastante personal, pero creo que podrá ser compartida por los miembros del grupo promotor. Como la entrada es algo larga, la haré en dos entregas, dejando para el segundo episodio mis valoraciones de los pros y contras de la aplicación del modelo austriaco en España, última pieza incorporada al puzzle de esta reforma laboral. Prometo además, ser bastante más breve en futuras entradas.
(1) El debate ha girado sobre el diagnóstico, no sobre las líneas de actuación.
A estas alturas, creo que ya nadie duda del diagnóstico, similar al que aparecía en la Propuesta. Hace un año la reforma no era necesaria, ahora sí. Se admite, por fin, que nuestras instituciones laborales son en gran parte responsables de un funcionamiento tan ineficiente de nuestro mercado de trabajo. Sin embargo, como nos hemos pasado el tiempo discutiendo sobre si era o no necesaria, no hubo ningún debate real sobre las líneas de actuación que debería incluir la reforma. Así, nos encontramos en este momento con los apuros para aprobar “algo”, sin estudios técnicos, ni discusión de los pros y los contras, y sobre todo de la compatibilidad de la panoplia de medidas que se han incorporado a la mesa del diálogo social, en especial, la última novedad: la implantación en España del modelo austriaco.
(2) Una reforma que mejore el bienestar general, o una que beneficie a los agentes sociales
Si algo hemos aprendido a lo largo de este año es que la concertación social no llevará a una reforma laboral integral. Los agentes sociales están actuando de forma racional. El funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, y en especial, la dualidad laboral, les viene bien, de ahí el fracaso de anteriores reformas y el escaso interés por ésta. A los sindicatos les conviene el actual conflicto entre insiders y outsiders, les facilita sobremanera la negociación de los convenios colectivos. El enorme colchón de trabajadores temporales les permite seguir revindicado elevados aumentos salariales y no despilfarrar su poder de negociación en otras condiciones laborales que favorezcan a los outsiders. Sólo cuando los datos comenzaron a mostrar que el empleo indefinido también se estaba tambaleando surgió la idea del Kurzarbeit y del reparto del trabajo.
Nuestros sindicatos adquieren la legitimidad para negociar convenios colectivos (y de paso -aunque ahí ya no entiendo qué norma les otorga esta legitimidad- para participar o ser consultados en el diseño de políticas educativas, sanitarias o de infraestructuras, entre otras) con unos pocos votos de un grupo de trabajadores cuya miopía sólo les hace valorar las pérdidas en el corto plazo de una reforma laboral integral. El resto de la población en edad de trabajar, que sí podría estar interesada en la reforma, no está representada en las mesas de negociación. Un dato escalofriante: el 99% de la destrucción de empleo no se corresponde con el perfil del afiliado sindical. El modelo es esencialmente gerontocrático: existe una clara relación positiva entre edad y afiliación sindical. El sistema sólo favorece a los trabajadores de edad más avanzada, y estos, en España, tienen un nivel educativo bastante bajo, por ello, es razonable que, además de miopes, demanden mayor protección. Y, ahí está precisamente el peligro de esquivar una vez más la reforma laboral en este momento. El envejecimiento es galopante, y la resistencia a las reformas por parte de los insiders será aún mayor en los próximos años.
¿Y la patronal? Cierto que tenemos menos información sobre sus representados. Pero, parece lógico pensar que son las empresas las que sacan partido del actual modelo productivo, basado en bajos costes de ajustes laborales, aún a cargo de una menor formación y productividad. En definitiva, ambos están cómodos con el statu quo.
La oposición también actúa de forma racional, arrinconando a un gobierno que ha priorizado equivocadamente la vía del dialogo social, al no calibrar bien el número de votos que está perdiendo de los afectados por la crisis, a quienes sí vendría bien la reforma laboral y no están representados en el diálogo social.
(Si os interesa profundizar en estos argumentos y los datos que los respaldan, por favor acudir al ebook de la Propuesta y los articulos con Juanjo Dolado y Marcel Jansen)
(3) No sólo las indemnizaciones por despido…
En este mismo blog, se ha repetido en múltiples ocasiones que las tres claves de nuestra regulación contractual están (1) en la enorme diferencia existente en la práctica (menos en la teoría) entre las indemnizaciones por despido de fijos y temporales. Este salto desincentiva la estabilidad en entrada en el mercado de trabajo. Pero además, (2) las indemnizaciones de los contratos indefinidos también son lo suficientemente altas para desincentivar la movilidad, la inversión en formación y el retorno a la actividad laboral en caso de que se produzca el despido. (3) Adicionalmente, millones de contratos de muy corta duración se siguen firmando cada año, la panoplia de contratos temporales con su propia regulación es demasiado amplia, y ello incentiva también a un uso excesivo de la temporalidad.
Muchos se quedarán con que la Propuesta se refería sólo al “contrato único con indemnizaciones crecientes por antigüedad” (llamémoslo CICA de aquí en adelante). El CICA permitiría hacer frente a estos tres problemas: unas indemnizaciones con un perfil más suave con el paso del tiempo en la empresa, que elimine cualquier tipo de salto brusco y no alcance máximos tan elevados como los actuales. Además, con un contrato único, ya no caben diferencias entre fijos y temporales. No se cortan de raíz los dos primeros problemas, pero al menos se pueden reducir al mínimo. Tampoco garantiza que no se siga abusando excesivamente de la rotación laboral involuntaria, de ahí que también proponemos la fijación de un bonus-malus, que la penalice o premie su menor uso.
Nuestra propuesta, sin embargo, no sólo consideraba crucial erradicar la dualidad con una medida de este tipo. Igual de importantes deberían ser las otras tres líneas de actuación: el sistema de negociación colectiva, el diseño de prestaciones por desempleo y la eficacia de las políticas activas.
Como nos explicó muy bien Marcel Jansen, miembro del grupo promotor de la Propuesta, la viabilidad política de la reforma pasa por compensar a aquellas personas que se puedan ver perjudicadas por la misma. En este sentido, la propuesta sigue los preceptos de la tan denostada flexiguridad. Quienes sólo quieran ver la alteración del actual sistema de indemnizaciones por despido como un “recorte de los derechos del trabajador”, no admiten que éste no está realmente en acumular indemnizaciones por despido, sino en tener una vida laboral digna o fructífera. Cierto que las indemnizaciones proporcionan una garantía de renta en situaciones de desempleo generado por el despido, seguro que no pueden ofrecer los mercados per se. Si cambiar el sistema de indemnizaciones conlleva el aumento de los despidos, difícilmente se puede confiar en España en otras garantías, esencialmente, la duración y cuantía de prestaciones por desempleo y en políticas activas, en especial una formación ocupacional y continua, que garantice una buena reinserción laboral. De ahí que parezca fundamental que también se reformen ambas. Curioso, pues, que sean precisamente estos dos aspectos los que no se han incluido en el diálogo social...
…, pero sigue siendo la pieza básica de la reforma
Y, sin embargo, es ineludible que se modifique el actual sistema de indemnizaciones por despido: generan distorsiones y España es un buen ejemplo ello. El problema es que ya hemos llegado a una interacción tan grande entre la dualidad y otras instituciones o políticas de empleo que no podemos concebir una reforma de estas sin antes corregir la dualidad. Erradicar la dualidad laboral se ha convertido en esencial para que se pueda modernizar una negociación colectiva, que tal como ha mostrado esta crisis, que se ha establecido firmemente en el contexto insider-outsider. De la misma forma, para que la flexibilidad interna en las empresas se llegue realmente a desarrollar, es necesario que pase a ser complementaria y no sustitutiva de la externa, y con nuestro sistema de indemnizaciones por despido, esto no es posible. Adicionalmente, nuestro sistema de prestaciones por desempleo también está completamente a merced de la dualidad laboral. Las empresas más respetuosas con la gestión de sus recursos humanos, probablemente las que deberían impulsar el cambio de modelo productivo, subvencionan a través del sistema de prestaciones por desempleo a las que sí abusan en exceso de la rotación. Esto es habitual en cualquier sistema de prestaciones al que contribuyen las empresas, pero con tanta temporalidad, aquí la distorsión debería ser aún mayor. ¿Cómo pensar en la inversión en formación en las empresas, y en que nos quitemos de encima la losa de las subvenciones, la mayor parte orientadas a compensar los efectos de la legislación contractual? Finalmente, ¿cómo incentivar los contratos a tiempo parcial cuando se asocian con la precariedad?
(4) El CICA vs otras medidas parciales
El CICA no está en la mesa del diálogo social, pero si otras soluciones parciales que pasan por intentar que se respete la causalidad de los contratos temporales y los despidos objetivos, cambiar la duración de los contratos temporales, limitar su concatenación, acercar los tipos de cotización o directamente las indemnizaciones por despido, con una extensión de los contratos de fomento, por ejemplo, aumentar los gastos en inspección o reformar la justicia. Esto es, medidas que ya hemos intentado repetidas veces en el pasado y no han funcionado, o simplemente, algunas en las que podemos tener poca fe por utópicas, como la última mencionada. Como mantendrán el status quo, era de esperar que estuvieran en la mesa del diálogo social. Supondrían un avance, sí, pero probablemente estemos hablando de nuevo de la necesidad de una reforma laboral en unos meses, eternizando la dualidad laboral.
Sigo sin entender la necesidad de que existan contratos temporales vs contratos indefinidos. No he leido, ni escuchado argumentos consistentes para que se mantenga esta dualidad. Universalizar los contratos de fomento del empleo y garantizar que se acaben pagando 33 días (y no 45 días, como explicó muy bien Samuel en este blog) supondría una reducción de las indemnizaciones por despido de los indefinidos. Reducción que los sindicatos no están dispuestos a aceptar, a no ser que obtengan una compensación para sus futuros insiders (cómo trataré de explicar en la segunda parte de esta entrada). Reducción que el gobierno se ha empeñado en edulcorar. ¿Cómo? Compensando una posible diferencia entre el coste del despido para las empresas y la percepción de la indemnización para los trabajadores con dinero público. Un desastre!!!