Por su interés, reproducimos este artículo de nuestro colaborador Juan José Dolado y de Gonzalo Rubio, publicado ayer en El País.
Uno de los problemas más arraigados en la Universidad española es el bajo nivel de competencia existente entre sus centros y profesorado. Apenas hay incentivos de mercado que permitan distinguir de forma sistemática entre prestigiosos y mediocres investigadores y docentes. Tampoco existen penalizaciones relevantes por parte de los poderes públicos que recorten radicalmente los presupuestos de aquellos departamentos con productividad científica insuficiente. Sin embargo, dado el proverbial carácter asambleario de nuestra Universidad, lo que sí existen son numerosos incentivos a favorecer comportamientos estratégicos por parte de aquellos colectivos interesados en perpetuar sus privilegios mediante el apoyo cautivo de sus colegas en situación más precaria.
Podría argumentarse que el diagnóstico previo es exagerado ya que la archiconocida endogamia de nuestra universidad ha disminuido significativamente como resultado de la introducción de los concursos de acreditación pública y la obtención de sexenios de investigación con niveles de exigencia relativamente elevados. Sin embargo, recientemente se está volviendo a las andadas a través de dos nuevas vías de endogamia encubierta con consecuencias muy perniciosas para el futuro desarrollo del sistema universitario sobre las que queremos llamar la atención.
En primer lugar, nos encontramos con los contratos laborales ordinarios que se utilizan crecientemente como un sustituto perfecto de los antiguos mecanismos de funcionarización favorecedores de la perversa endogamia. Actualmente, ausentes los incentivos de nuevas contrataciones competitivas, resulta mucho más sencillo para muchos departamentos contratar a sus propios recién licenciados, integrándolos en sus mediocres programas de doctorado con el objetivo de que algún día alcancen la acreditación en las agencias autonómicas. En un sistema sin penalización a la falta de competitividad, se les ofrecen contratos laborales indefinidos (si bien muy mal remunerados) a estos jóvenes a cambio de generar deudas no perecederas a través de sus votos cautivos. Además del mecanismo de selección adversa (los mejores alumnos suelen dejar la carrera académica), son muy perjudiciales los casos en que, con ocasión de la jubilación de algún Catedrático o Profesor Titular, no se sacan dichas plazas a concursos abiertos y competitivos, cubriéndose la carga lectiva de los jubilados mediante este tipo de contratos. Ello genera una ausencia preocupante de rotación en el profesorado y una incapacidad generalizada de contratar doctores procedentes de los mejores programas de posgrado nacionales y, sobre todo, internacionales. Por plantear una pregunta concreta en nuestras áreas de especialización: ¿En qué universidad española encuentra trabajo un buen doctorando reciente en Economía o Empresa que no quiera abandonar España? Si, por los motivos que sean, no recibe una oferta de aquellos pocos departamentos que actúan abiertamente frente a la endogamia no contratando a sus propios doctores (los más destacados: Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra), su destino inevitable será convertirse en carne de cañón para perpetuar la endogamia en sus mediocres departamentos de procedencia.
Un segundo, y todavía más sorprendente, mecanismo de la nueva endogamia son los nuevos grados asociados a Bolonia. El mecanismo de propuestas de planes de estudio para estos grados ha permitido que los dirigentes de los departamentos/ universidades impulsaran un reparto de materias favorable a sus grupos afines. Por contra, frecuentemente se ha castigado a aquellos otros grupos minoritarios más competitivos y menos entregados a la causa, los cuales reciben menor presupuesto en un sistema donde el número de alumnos disponibles determina más del 70% de la financiación obtenida. La gravedad de estos perniciosos fenómenos tendrá consecuencias sobre la formación de nuestros universitarios que ninguna de nuestras autoridades educativas parece dispuestas a reconocer.
En definitiva, resulta imprescindible adoptar medidas urgentes para corregir este peligroso rumbo. Entre ellas, cabe destacar: (i) introducir mecanismos claros de premio y castigo que permitan la discriminación real entre los profesores universitarios de acuerdo con estándares internacionales de calidad; (ii) penalizar en muchas disciplinas la contratación de profesorado formado en la propia institución; (iii) limitar el número máximo de años que un profesor pueda estar como contratado antes de obtener la acreditación como Profesor Titular; (iii) eliminar un gran número de programas de doctorado que no alcancen unos mínimos reconocidos de calidad; (iv) implementar incentivos a la movilidad del profesorado, eliminando las trabas burocráticas que rodean a este proceso; (v) fomentar los rankings de departamentos y no de universidades (los campus de excelencia tienen poco sentido); y (vi) eliminar los precios públicos de los másteres, introduciendo una competencia mucho más directa entre los departamentos, que permita financiarse a los mejores sin depender del dinero público.
La necesidad de un mejor capital humano la reconocemos todos. A todas luces, resulta lamentable que, por oscuros motivos e intereses corporativos, la institución llamada a formar a nuestros jóvenes universitarios sea incapaz de trabajar con el mejor capital humano disponible. Pensamos que ponerse a ello desde los estamentos públicos es más sencillo de lo que se quiere transmitir. Eso sí, se necesita la firme voluntad de hacerlo. En su ausencia, la creciente competencia mundial en la educación superior, en la que sin duda participan algunos (pocos) de nuestros departamentos, acabará con la mayoría de nuestras universidades. Ya lo demostró Darwin con las especies.