La evasión fiscal es una actividad intrínsecamente opaca y difícil de cuantificar con exactitud. Sin embargo, hay formas indirectas de observarla. Hoy voy a hablar de un artículo de Miguel Almunia y David Lopez-Rodriguez que analiza los esfuerzos de las empresas en España por evadir impuestos. David trabaja en el Banco de España, Miguel estudia en Berkeley y está actualmente en el mercado (el que quiera saber más sobre el mercado de trabajo de nuevos doctores puede mirar esta entrada de Jesús).
Para entender el trabajo hay que comenzar explicando que una parte de la agencia tributaria son las Unidades de Gestión de Grandes Empresas (UGGES). Las UGGES se establecieron en el año 1995 para hacer un seguimiento especializado a las empresas con facturación por encima de 1.000 millones de pesetas (aquí dejo un documento del tribunal de cuentas con información detallada sobre las UGGES). Con la introducción del Euro, el umbral se convirtió en el equivalente en Euros (6,010121 millones) y se ha mantenido constante hasta hoy. A día de hoy, las empresas por encima del umbral de 6 millones de euros no tienen un tipo impositivo diferente al resto, pero si se enfrentan a una mayor probabilidad de ser inspeccionadas. Además tienen que hacer declaraciones de IVA mensuales (en lugar de trimestrales) y unos pagos fraccionados un poco más altos en el Impuesto de Sociedades.
En el siguiente grafico se podemos ver la distribución de empresas en España según el tamaño de su facturación.
Como se puede ver, hay pico en la densidad de empresas justo por debajo de 6 millones y un valle justo por encima de 6 millones. En principio, uno pensaría que las características que determinan el tamaño óptimo de una empresa deberían generar una distribución continua, sin grandes saltos. Un salto como este puede ser explicado por el comportamiento estratégico de las empresas. Un grupo significativo de empresas trata de evitar las UGGES declarando una facturación justo por debajo de 6 millones. Esta respuesta indica que las empresas prefieren “ser pequeñas” desde un punto de vista de control fiscal.
Utilizar saltos en distribuciones es un método utilizado habitualmente para encontrar evidencia de comportamiento estratégico de empresas e individuos. Por ejemplo en el grafico se observa también otra anomalía en los 4.7 millones de euros que tiene que ver con uno de los criterios que obligan a auditar las cuentas. Luis Garicano está trabajando en un proyecto similar (que algún día saldrá en Nada es Gratis, ver en el NYTimes y en el Economist) con John Van Reenen y Claire Lelarge en el que estudian como las empresas Francesas adaptan su tamaño para esquivar la legislación laboral . Personalmente quiero agradecer a los legisladores el esfuerzo que hacen para proveernos de discontinuidades y facilitarnos el trabajo a los investigadores académicos, pero de verdad, no hace falta. Mucho mejor hacer las leyes bien que ya encontraremos métodos alternativos para escribir buenos artículos.
Volviendo al trabajo de Almunia y Lopez-Rodriguez, la siguiente pregunta relevante es en qué medida estas empresas deciden realmente tener ventas por debajo de 6 millones (esto es, dejan pasar algunas ventas para ser más opacas fiscalmente) o si lo que ocurre es que recurren a trucos contables o a ocultar su facturación para permanecer bajo el radar. Las implicaciones de una u otra explicación son importantes dado que es importante establecer si el comportamiento de las empresas tiene implicaciones reales más allá de la recaudación fiscal.
Para distinguir entre ambas hipótesis, Almunia y Lopez-Rodriguez estiman un modelo que explica los costes de producción de las empresas en la muestra. La idea es que los costes de producción deberían predecir las ventas reales de las empresas. Los resultados de esta estimación indican que la diferencia entre los gastos por las empresas justo por debajo y justo por encima de 6 millones es cercana a cero y no es estadísticamente significativa. Los autores interpretan este resultado como evidencia de que la manipulación es fundamentalmente contable y de que las empresas no distorsionan su producción real.
En un análisis complementario, analizan en que sectores es la anomalía en la distribución de empresas más acusada. La idea es que para ciertos sectores, por ejemplo restaurantes, el tamaño relativo de la empresa para llegar a 6 millones de facturación tiene que ser muy grande. En estos sectores, una empresa de ese tamaño es muy visible y lo tiene más complicado para ocultar sus ventas. El artículo confirma que en estos sectores la distorsión de la distribución es menor. Sin embargo, para otros sectores como el comercio mayorista, es fácil llegar a 6 millones de facturación siendo una empresa relativamente pequeña. En estos sectores los autores observan que la distorsión es mayor.
Las implicaciones del artículo son que mayor control fiscal sobre las empresas por debajo de 6 millones de facturación, aumentaría la recaudación fiscal sin generar distorsiones en la producción, permitiendo reducir el déficit o la carga fiscal a los contribuyentes “honestos”. Los autores estiman que si las empresas declarasen sus ventas reales la recaudación fiscal aumentaria hasta 8.500 millones de euros, esto sin tener en cuenta que las empresas que ocultan facturación seguramente ocultan mas cosas . Además de la recaudación directa, existen efectos indirectos de aumentar el nivel de inpección sobre estas empresas. Cuanto más fiable sea la información fiscal sobre un contribuyente, más fácil es cruzar los datos y tener información sobre otro.
A la hora de interpretar los resultados, a mí, personalmente, se me ocurren dos hipótesis alternativas. i) Establecer un umbral estricto que determina una mayor intensidad de la inspección es una chapuza legislativa; una forma de facilitar a las empresas la evasión de impuestos. ii) En realidad, esto es una magnifica trampa para empresarios incautos. Al menos en el corto plazo. Los inspectores ordinarios de la agencia tributaria se deberían dedicar a machacar sin piedad a las empresas que declaran ventas justo por debajo de 6 millones mientras que los inspectores de la UGGES deberían dejar relativamente en paz a las empresas justo por encima de los 6 millones (que mejor señal de honestidad). A mí me gustaría que la hipótesis correcta fuese la ii). No me extrañaría que la realidad esté más cerca de la primera hipótesis, pero espero que, en este caso, al menos tomen nota en la agencia tributaria y aprovechen la oportunidad para pescar a unos cuantos.