En un post anterior dije que me parecía importante “reflexionar sobre la cantidad de información que se hace pública sobre el cumplimiento y el incumplimiento de las obligaciones contractuales.” Para realizar esta reflexión se me había ocurrido intentar un experimento de crowdsourcing. Creo poder calificar este experimento como un rotundo fracaso (y creo que la culpa es mía). Sea como fuere, en el post de hoy no me propongo hablar de ello, sino intentar ordenar mis ideas sobre el asunto que había propuesto.
Así como no todos los deudores son iguales, no todos los deudores morosos son iguales. Se puede llegar a ser morosos con distintas dosis de irresponsabilidad y de mala suerte. Si fuera fácil distinguir los morosos irresponsables de los desafortunados, la morosidad no sería un problema tan grande. Los morosos irresponsables no volverían a tener crédito, mientras que los desafortunados sí. Pero como no es fácil hacer esta distinción, existe la posibilidad de que cualquier deudor moroso, irresponsable o desafortunado, resulte excluido del acceso al crédito durante mucho tiempo. Tanto las cotas alcanzadas por la morosidad, como la evolución de las ejecuciones hipotecarias sugieren que este problema a día de hoy en España es mucho mas importante de lo que ha sido en el pasado.
Quizás debería avisar que me he referido a los morosos como irresponsables o desafortunados por mi incapacidad de encontrar términos mas apropiados. Sean cuales sean los adjetivos con los que uno quiera describir a distintos tipos de morosos, lo que quiero decir es que la mala suerte también existe. Mi amigo y antiguo compañero Huberto Ennis nos lo recordaba en un post en Foco Económico que recomiendo muy encarecidamente.
Con todo esto quiero decir que es muy importante intentar determinar las causas de la morosidad. Esto es valioso no solo porque otorga una segunda oportunidad a quien se la merece, sino también porque permite a estos individuos dar una aportación a la sociedad (por ejemplo, en términos de impuestos o de educación de los hijos) en vez de ser una carga para ella.
¿Qué mecanismos activa una sociedad para determinar el grado de solvencia de un deudor moroso? Los mecanismos principales son los sistemas de intercambio de información sobre deudores a los que me he referido en el post anterior. En España se trata de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) por un lado y de los credit bureaus privados por el otro (principalmente Equifax y Experian).
En el post había planteado cuatro preguntas. En lo que sigue haré mis reflexiones sobre estas preguntas.
1. ¿Habría que proporcionar solo información negativa (es decir sobre incumplimientos) o también información positiva (es decir sobre cumplimientos)?
Limitarse a proporcionar tan solo información negativa ralentiza la recuperación del historial de crédito. La razón es que el deterioro inicial del historial de crédito limita el acceso sucesivo al crédito. Esto significa que la ausencia de información negativa se pueda interpretar como la prueba de que el moroso nunca ha vuelto a conseguir crédito. Un castigo tan duro por un incumplimiento contractual que puede deberse a una dosis de mala suerte tiene ventajas e inconvenientes.
Una ventaja es que minimiza el riesgo moral, lo que a veces se denomina comportamiento oportunista. A mi a veces el adjetivo oportunista me parece inadecuado. Pero en general uno se refiere a no pagar cuando se tienen recursos para ello, asumir riesgos excesivos, no hacer una planificación financiera correcta, usar el dinero para vacaciones o no esforzarse para conseguir ingresos adicionales.
Un inconveniente es que la perdida de crédito de un individuo le genera unos costes que no tienen como contrapartida ninguna ganancia ni para los acreedores iniciales ni para nadie mas.
Proporcionar toda clase de información, es decir también información positiva, permitiría corregir lo mas rápidamente posible las presunciones iniciales sobre la solvencia del individuo.
La provisión óptima de información depende de las magnitudes de estas ventajas e inconvenientes en términos esperados y por lo tanto de la probabilidad de que se genere una situación de morosidad. Esto quiere decir que el coste esperado de proporcionar tan solo información negativa es mayor en una situación como en la que nos encontramos en la que el incumplimiento es mas frecuente debido a la situación macroeconómica.
2. ¿Habría que proporcionar solo información sobre transacciones financieras (deudas pendientes, impagos, ejecuciones hipotecarias) o también sobre otras transacciones no financieras u obligaciones no contractuales (alquileres, recibos de gas, luz y teléfonos, multas)?
Para individuos con historiales de crédito deteriorados es probable que exista un problema de selección adversa a la hora de conseguir financiación. El historial de crédito ya hace presumir que existe una posibilidad concreta de que se vuelva a encontrar en la misma situación. Pero el hecho que el individuo se presente en una sucursal bancaria para pedir un préstamo termina por reforzar esta presunción. La razón es que un préstamo, sean cuales sean sus condiciones, resulta mas atractivo para quien percibe tener una mayor probabilidad de no repagarlo, por una razón u otra. Pero sin tener la oportunidad de un préstamo, ¿cómo puede un individuo demostrar su solvencia al mercado?
El problema de selección adversa es probablemente menos pronunciado para partidas de gasto inevitables como son el alquiler, los recibos de luz, gas y agua y (en menor medida) de telefonía. Desde luego el problema de selección adversa es ausente en el caso de obligaciones no contractuales como son las multas. Esto quiere decir que es probable que un individuo con un historial de crédito deteriorado tendrá comparativamente menos dificultades en conseguir un contrato de alquiler, de luz o de gas que en conseguir financiación de una entidad de crédito.
A su vez esto implica que dar publicidad al historial del deudor en estos contratos no financieros es la manera más rápida en la que el individuo pueda empezar a corregir la percepción del mercado sobre su solvencia. Esto puede tan ser tan solo un primer paso. Pero puede ser decisivo para que alguna entidad de crédito decida al cabo de un tiempo que ha llegado el momento de experimentar la solvencia del individuo con un préstamo, aunque sea por una cuantía reducida.
3. ¿Habría que dar acceso a la información disponible solo a las entidades de crédito o también a otros operadores (arrendadores, operadores de telecomunicación)?
Mi primer impulso es contestar ¡claro que si, información para todos! Pero me surgen dos dudas. La primera es que es probable que para algunos de estos operadores (como por ejemplo las compañía de telecomunicación) el problema de la selección adversa es menos importante (porque frente al impago pueden rápidamente suspender el servicio). La segunda es que sabemos que a menudo existen externalidades informacionales en el sentido de que los agentes privados no tienen incentivos a llevar a cabo experimentaciones que tienen un valor social positivo (una referencia interesante es el trabajo de Jeffrey Ely y Juuso Välimäki en el Quarterly Journal of Economics de 2003). Esto puede querer decir que podría tener interés restringir el acceso a esta información para que algunos operadores actúen como conejillos de India y generen información para los demás. Tampoco habría que olvidar que el simple hecho que la información sobre cumplimiento e incumplimientos contractuales generaría ganancias para estos operadores porque aumentaría los incentivos a cumplir los términos de los contratos.
4. ¿Tenemos que creer que los mercados proporcionarán la información socialmente óptima, o pueden existir externalidades (informacionales, estratégicas) que hagan deseable la intervención publica para promocionar la creación y la transmisión de información socialmente optimas?
Para contestar a esta pregunta en realidad habría que preguntarse: si proporcionar información sobre deudores genera ganancias de eficiencia, ¿qué necesidad hay de una intervención pública? La respuesta es que en algunos casos las ganancias principales no son para los prestamistas sino para los prestatarios y es obviamente mucho más complicado para estos últimos coordinarse sin contar con la intervención pública. No es sorprendente por lo tanto que muchos países desarrollados cuenten con registros públicos de crédito que obligan a los acreedores a compartir su información y frecuentemente hacen disponible esta información gratuitamente, como ocurre en España con el CIRBE.
Conclusiones
España cuenta con uno de los primeros registros públicos de crédito del mundo, el CIRBE. Pero puesto que la función principal del CIRBE es la supervisión del riesgo asumido por las entidades de crédito, la información proporcionada sobre los deudores individuales se limita a deudas con entidades de crédito por cantidades superiores a 6.000 €. Proporcionar información sobre deudas de cuantía menor y combinar esta información con información sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales no financieras o de obligaciones no contractuales permitiría acelerar la vuelta al crédito para los que se han convertido en morosos por circunstancias fuera de su control. Hoy en día en España tiene que haber unos cuantos.
Hay 7 comentarios
El principal problema, es que la aportación de información positiva sería algo voluntario y en post de mejorar el tipo de interés y la facilidad del crédito.
Esta información es muy sensible, ya que discriminar a alguien, aunque sea positivamente, por sus estudios o donde tiene alquilado su piso puede ser hacernos entrar en un circulo peligroso en el que sólo se concedan condiciones razonables a todo el que me facilite dicha información.
Por otro lado, el número hacer la distinción entre irresponsable y mala suerte me parece excesivamente complejo.
Muy interesante post. Siento que la experiencia de crowdsourcing no haya salido bien, me pareció una gran idea. La verdad es que la estructura de las preguntas me resultó bastante incomoda, hasta el punto de hacerme desistir de una participación en profundidad como era mi intención inicial.
Quizás podría resultar interesante trabajar con índices en lugar de registros de pagados/impagados. De esta forma se relativizaría el nivel de impagos con respecto al volumen y características de las transacciones y se mantendría la privacidad de la información. Hay veces, por ejemplo, que los impagos derivan de problemas jurídicos con alguna empresa concreta y no de problemas económicos, con lo que con el sistema actual puede estigmatizarse al deudor de forma injusta.
También se reduciría el efecto, en mi opinión pernicioso, de que los agentes tiendan a esforzarse al máximo por mantener su expediente financiero inmaculado pero una vez manchado no les importe lanzarse con frenesí en brazos del 'pecado'.
Buenos días, Marco.
Sobre las gentes del mal pagar.
Además de las causas que citas: Irresponsabilidad y mala suerte hay al menos otra: El Diseño Irresponsable.
Mientras sigamos viviendo poseídos por una ficción no podremos describir ni la realidad --que ya de suyo es huidiza-- ni los frutos imaginarios de nuestra mente tan proclive a confundirse.
Los mercados. ¿Qué mercados? ¿Qué información? ¿Qué capacidad de acción real sobre ella?
Si miramos a nuestro alrededor ¿qué mercados libres vemos?
Si desde el precio de la leche y el pan hasta el de la gasolina o las comisiones bancarias son fijados por el proceso regulatorio y las subvenciones.
Si desde el transporte público y privado, las tarifas de la luz y el agua a las tasas de nuestras viviendas son fruto de decisiones políticas e impuestas sin opción vestidas de falacia semántica.
No hay mercado. No hay mercado libre. Es mentira la "nana" de los Free-Markets. Ni tan siquiera las decisiones de inversión de nuestros fondos de pensiones privados son libres Para empezar no nos las dejan tomar a nosotros y nos penalizan fiscalmente si intentamos hacerlo.
¿No nos damos cuenta de que está todo construido sobre una enorme falsedad?
Cómo va a haber iniciativa creadora en miles de millones de seres humanos que viven bajo esa losa?
¿Por qué deberían molestarse si son conscientes de la falacia?
En fin, lo digo por contextualizar; de buen talante pero frustrado por la reiteración de mantras.
Tendríamos que recurrir al crowd-sourcing a escala masiva para comenzar a enterarnos de lo que sucede pero, como vemos, no se puede improvisar.
Y al hacerlo es imposible no ver que los mayores morosos, los grandes fallidos, son los estados y su instrumento: la banca que desde el momento que abre sus puertas es una compañía quebrada.
Son los primeros de la lista: “Los Monetizadores”
Saludos
Un modesto apunte, el art. 198 de la Ley Concursal prevé la creacion de un Registro Público Concursal, que, a día de hoy, no se ha puesto en marcha (desde marzo del 2009). En dicho Registro, que está previsto sea accesible de forma gratuita en Internet, se debería dar publicidad a "las resoluciones dictadas en procedimientos concursales que declaren concursados culpables...". Quizás poner en marcha este mecanismo facilite una información relevante a los efectos requeridos.
Recuerden que la información de morosidad, debe limitarse a 6 años. (Artículo 29 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal) Por tanto, no es mortal para el deudor y puede tener más oportunidades.
Purgandus, creo que el artículo 29 de la L.O.P.D., se refiere únicamente a la limitación de 6 años, para los ficheros de titularidad privada. Si no me equivoco, el CIRBE no tendría esta limitación.
Me parece esencial en este asunto la disyuntiva entre estigma vs. información útil. Quizá la buena fe del moroso debería incluirse de alguna manera en el registro mediante alguna variable como a) el reconocimiento de la deuda, b) el pago de cierta cantidad, c) la voluntad de buscar alternativas para satisfacer el cumplimiento, o incluso la inclusión de causas de "fuerza mayor" por las que no ha sido posible el pago de la deuda.
Suscribo todo lo que dice Manu Oquendo. Eso de tanto hablar de "mercados" (cuando no hay ni uno digno de tal nombre) ya es un poco tocanarices.
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