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El impacto de las pensiones no contributivas en la violencia de género contra las mujeres mayores

A nivel mundial, una de cada seis personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de abuso en el último año. Se espera que esta prevalencia aumente en el futuro, debido al rápido envejecimiento de la población en muchos países.

A pesar de estos datos preocupantes, la violencia contra las personas mayores sigue siendo poco estudiada, en gran parte por falta de datos. En este blog, hemos hablado en numerosas ocasiones de las causas y consecuencias de la violencia de género en mujeres jóvenes (por ejemplo, aquí, aquí, aquí o aquí). No obstante, sabemos muy poco sobre la violencia de género en mujeres mayores de 60 años. Es probable que estas mujeres se enfrenten a desafíos únicos para identificar, reportar y buscar ayuda en casos de abuso, por lo que los hallazgos de estudios sobre mujeres jóvenes podrían no aplicarse a ellas con la misma efectividad.

Junto con Han Ye (University of Mannheim) y Giulia La Mattina (University of South Florida), queremos contribuir a cerrar esta brecha en el conocimiento. En particular, estamos explorando por primera vez el impacto que tiene el acceso a mayores ingresos en la vejez sobre la violencia de género. Este estudio se lleva a cabo en México, uno de los pocos países que recopila datos en encuestas sobre la violencia de género experimentada por mujeres mayores de 60 años. Observamos que, aunque la prevalencia de violencia de género tiende a disminuir con la edad, sigue siendo significativa entre las mujeres mayores. El 9% de las mujeres de 50 a 80 años reportaron haber experimentado violencia física o sexual en los últimos 12 meses, cifra comparable al 10% para las mujeres de 15 a 49 años. Además, la incidencia de otras formas de violencia de género es incluso mayor: el 23% de las mujeres de 50 a 79 años sufren violencia psicológica, y el 13% son víctimas de abuso económico por parte de su pareja.

Para entender cómo los cambios en los ingresos afectan la violencia de género entre las mujeres mayores, investigamos el impacto de la expansión de una pensión no contributiva en México. En muchos países en desarrollo, estas pensiones son una forma importante de apoyo social para personas mayores. Debido a las grandes disparidades de género en la cobertura de pensiones de vejez, estas pensiones son particularmente efectivas para alcanzar a mujeres mayores en situación de pobreza.

Aunque hay estudios sobre el impacto de estas pensiones en el consumo, la jubilación, la pobreza y la salud, hasta ahora no se ha investigado su efecto sobre la violencia de genero. Por un lado, un ingreso extra en el hogar podría disminuir el estrés y los conflictos, lo que podría reducir la violencia. Por otro lado, las pensiones pueden augmentar la independencia económica de las mujeres, llevando a los hombres a usar la violencia como un instrumento para extraer recursos o reducir el poder de negociación de las mujeres. Por lo tanto, el efecto de las pensiones sobre la violencia de género en las mujeres mayores es ambiguo.

Para evaluar el impacto causal de las pensiones no contributivas en la violencia de género, aprovechamos la expansión de este tipo de pensiones. México ya tenía un programa de pensiones no contributivas para mayores de 70 años desde 2007 (Programa de Adultos Mayores), y en 2013 redujo la edad requerida para recibir esta pensión de 70 a 65 años. Los beneficiarios de estas pensiones reciben 580 pesos mexicanos mensuales (aproximadamente el 50% de sus ingresos per cápita).

Utilizamos un método de diferencias en diferencias, comparando mujeres de 66 a 69 años con aquellas de 61 a 64 años antes y después de la implementación del programa. Utilizamos datos de tres olas (2006, 2011 y 2016) de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), una encuesta nacional y estatal que proporciona información detallada sobre la violencia de género a lo largo del ciclo de vida para mujeres casadas o unidas. La riqueza de estos datos nos permite analizar el impacto de las pensiones en diversos tipos de violencia de género, incluyendo violencia física, sexual, y psicológica, así como abuso económico, una forma prevalente pero poco estudiada de violencia de género.

Primero demostramos que, después de la reforma, la probabilidad de que las mujeres de 66 a 69 años reciban una ayuda gubernamental aumentó en 42.2 puntos porcentuales. Esto indica que un porcentaje importante de mujeres con derecho a percibir las pensiones no contributivas efectivamente las recibieron.

En cuanto a la violencia de género, encontramos que tener derecho a una pensión no contributiva aumenta la probabilidad de sufrir violencia psicológica en 4.3 puntos porcentuales (un 23%). Además, descubrimos un patrón interesante: este impacto sólo es significativo para mujeres de 66 a 67 años, mientras que los efectos son nulos para mujeres de 68 a 69 años. Para ser más específicos, tener derecho a percibir una pensión aumenta la probabilidad de experimentar cualquier violencia, abuso económico, violencia física y violencia psicológica en 5.8, 6.1, 2.9 y 6.2 puntos porcentuales, respectivamente, para mujeres de 66 a 67 años. Estos porcentajes representan aumentos del 23%, 59%, 50% y 34%, respectivamente.

Una posible razón para la heterogeneidad observada según la edad es que las mujeres de 66 a 67 años han adquirido el derecho recientemente, y, por lo tanto, son más susceptibles a experimentar violencia. En respuesta a estos nuevos recursos financieros, los hombres podrían recurrir de inmediato a una mayor violencia para reafirmar su autoridad, como controlar y apropiarse de todos los ingresos futuros de sus parejas. Sin embargo, con el tiempo, podría establecerse un nuevo equilibrio a medida que estas mujeres alcanzan la edad de 68 a 69 años, ya que habrán estado recibiendo la pensión durante tres años o más.

También encontramos que los efectos son más fuertes para mujeres que experimentaron violencia familiar durante su infancia, con bajo estatus socioeconómico y con más de cinco hijos. Dado que estas variables suelen indicar una menor propensión a dejar a un esposo abusivo, nuestros resultados se alinean con la teoría instrumental de la violencia. Esta teoría predice que un aumento en las oportunidades económicas de las mujeres puede incrementar la violencia de género en aquellas con poder de negociación limitado. Además, encontramos que el aumento en la violencia está impulsado por el incremento del abuso económico, solo o combinado con otros tipos de violencia. Esto respalda la idea de que los hombres utilizan la violencia como una herramienta para controlar los ingresos de sus parejas. En contraste, mostramos que la violencia de género no aumenta cuando los hombres adquieren el derecho a cobrar la pensión no contributiva, lo que da más apoyo a la teoría instrumental de la violencia.

Por último, encontramos que las mujeres tienden a reducir su empleo remunerado y son más propensas a convertirse en amas de casa después de obtener el derecho a las pensiones no contributivas. Esto podría aumentar su exposición al riesgo de abuso, lo que también podría contribuir a explicar el aumento en la violencia de género.

En resumen, este estudio encuentra cómo un programa de ayuda social en México, aunque efectivo para reducir la pobreza extrema entre los ancianos, puede tener efectos no deseados en la violencia de género entre las mujeres mayores. Aunque con este estudio contribuimos a la comprensión de la interrelación entre ingresos, programas sociales y violencia de género en mujeres mayores, queremos enfatizar la importancia de considerar factores específicos de la edad al implementar políticas para abordar la violencia y la necesidad de más investigación sobre esta población vulnerable. En particular, pensamos que es urgente construir más evidencia sobre las formas de abuso específicas de la vejez, así como documentar el abuso por parte de miembros de la familia distintos de la pareja íntima, incluidos los hijos.