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Recomendaciones de lectura: La factura de la injusticia, de Juan Mora-Sanguinetti

¿Es horrible la justicia en España? Si uno se fía de los titulares de prensa (aquí, aquí, o aquí), probablemente sí, y es algo curioso porque sucede en portavoces de diferentes corrientes (aunque si miran las fechas verán patrones interesantes). Y estas cosas calan. Mi mujer, por ejemplo, lleva años diciendo que ella votaría sin mirar a quien solucionara “el lío de la justicia” en España. Hoy les vengo a contar evidencia de un interesante libro reciente de Juan Mora-Sanguinetti que dice que probablemente no es correcto presentar la justicia en España en términos apocalípticos. Nuestro sistema judicial no es el peor del mundo. Es mediocre. Pero eso no es motivo para acomodarse. Mejorarlo puede ser una importante palanca de crecimiento, y crecimiento es precisamente lo que necesitamos. Es muy difícil redistribuir si no se crece. Curiosamente, es lo mismo que he dicho muchos años sobre educación.

El libro es muy útil porque hace fácil para los no juristas digerir complicados detalles técnicos, y para los no economistas, por similares motivos. Yo creo que se merece una recomendación “para todos los públicos.” Esto es en buena parte mérito del autor. Juan Mora-Sanguinetti es uno de esos casos en los que los dobles grados se hacen por verdadero interés intelectual, y no por señalización poco rentable socialmente como denunciaba por aquí Jesús Fernández Villaverde. Y los resultados están a la vista, además de una brillante licenciatura doble, un doctorado en el área de análisis económico del derecho, y un buen número de trabajos de investigación que se pueden ver en su CV. Y como buen académico que quiere estudiar el problema, la primera dificultad a la que se enfrenta el autor es encontrar alguna buena medida sobre la calidad de la justicia. Realmente hay muchas variables que serían útiles aquí. Quizá la mejor sería tener opiniones de los “usuarios” o de “expertos” sobre si las resoluciones (un fallo judicial) han sido “justas”. Pero los usuarios probablemente tienen un interés, y un fallo contrario suele ser mal recibido (“no nos pronunciamos sobre fallos judiciales, pero...”). Y los expertos pueden tener sus propios sesgos.

El autor finalmente se decanta por utilizar sobre todo el tiempo que se tarda en tomar decisiones. Me parece razonable. Como él mismo señala, los sistemas lentos son por lo general más caros, y además la confianza en la institución (medida por ejemplo con datos del World Values Survey) está muy correlacionada con esta medida. Y como ven en los titulares de prensa que les citaba al principio, la discusión pública también se centra mucho en este indicador.

Con esta métrica, se puede ver de manera transparente la conclusión central del libro. En la figura 3.1. del libro, que les muestro abajo, cuya fuente es la OCDE, se ve de manera palpable que no somos particularmente malos, ni buenos en comparación con otros países de nuestro entorno. Peores que los escandinavos, Alemania o Suiza, parecidos a Reino Unido o Francia, y mucho mejores que Italia. Otras metodologías, como la de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), no da resultados muy diferentes.

La evolución histórica no muestra tendencias muy llamativas. Alguna mejora en la duración durante la gran recesión y un empeoramiento en la recuperación (datos de CEPEJ). Otro indicador que se suele utilizar es el de la congestión, es decir, el número de asuntos que llegan a un juez en relación con los que puede solucionar en un período de tiempo. Este indicador (datos de la CEPEJ) muestra mucha correlación con la duración (no puede ser de otra manera a medio plazo, pensarán los lectores que saben de dinámica de flujos) y su evolución en el tiempo es también parecida a la duración.

Otra consideración interesante es si estas medidas varían por comunidades autónomas. La figura que les pongo más abajo (3.4. del libro) muestra diferencias bastante grandes. Me resultan muy curiosas por dos motivos. Dado que la justicia es un poder central del Estado, no es fácil atribuirlas tan directamente a las comunidades autónomas como con educación. Aunque también es verdad que casi todas las CCAA tienen asumidas competencias sobre la llamada “administración de la Administración de justicia”, lo que les permitiría de hecho completar o mejorar su financiación (detalles aquí y explicaciones aquí). Y, sin embargo, hay algunas correlaciones interesantes con los datos de educación, como que La Rioja, o Castilla León tienen buenos resultados y Andalucía, o Castilla la Mancha los tienen peores. No es exactamente el mismo ranking, pero hay una intrigante correlación. Es verdad que hay otras coincidencias curiosas, como la relación entre la España con más densidad de población y peores resultados. Así que desde aquí lanzo un guante a los investigadores jóvenes, que ya nos han dado respuestas muy interesantes para la educación (aquí, aquí, o aquí).

 

Pero no todo es duración. El proyecto Doing Business computa la cantidad del dinero demandado que se pierde mientras se dicta sentencia. El resultado (tabla 3.5 del libro) es que, de nuevo, España está ligeramente por debajo de la media (en este caso eso es bueno), parecida a Francia, peor que Alemania, y mejor que Italia o Reino Unido.

El autor mira otro indicador que relaciona con lo que él llama la “predictibilidad” del sistema. El número de casos que se recurren puede servir para medir esto, argumentando que si el sistema es predecible, la decisión en segunda instancia será igual que en primera y no habrá recursos. Aunque hay otros factores que pueden ser importantes (el coste puede hacer difícil los recursos) y se puede argumentar que un sistema predecible también puede ser malísimo, no deja de ser un dato interesante. Y aquí, de nuevo, vemos que no hay grandes sorpresas. En nuestro sistema legal, estamos en la media.

Estos son los “outputs” del sistema. Pero el libro también mira los inputs. Una primera consideración tecnológica interesante es que en los países de sistema de “common law” (anglosajones) se gasta proporcionalmente más en tecnología. En los países el sistema “romano-francés” se gasta más en salarios (jueces, oficiales). En términos del gasto total, España está algo por encima de la media, parecido a Alemania, pero más que Francia, Italia y Reino Unido, tanto en gasto por habitante, como en porcentaje del PIB. En términos de inputs, una cuestión interesante es que mirando el número de jueces por CCAA (tabla 4.4.) se puede ver muy poca o ninguna relación con los resultados en términos de duración de los casos. Por otro lado, hay una cierta correlación (negativa) entre países entre el grado de automatización de procesos y la duración de estos. Aunque solamente es una correlación, yo sugeriría que es una idea a profundizar. Por cierto, una conclusión al leer esta sección que me transmitía mi editora al leer estas líneas: "si estamos por encima del gasto (inputs) y los resultados (outputs) están en la media (o un poco por debajo), sí que se puede decir que el sistema es poco eficiente, ¿no?". Tiene razón, ya esto nos indica que hace falta reformar el sistema, sin necesidad de decir que somos el peor país de Europa.

Otro aspecto interesante es la “demanda” de estos servicios. Durante la gran recesión España era un país muy litigioso a nivel internacional, pero esto probablemente se debió a las demandas contra las tropelías del sector financiero. Pasado este período, volvimos a la media. En cuanto a si esta litigiosidad se debe al “exceso” de abogados, es verdad que tenemos algo más que otros países europeos, y muchos más que Francia (de ahí el célebre, Madrid tiene más abogados que todo Francia), pero tampoco es un número disparatado.

Hay muchas más cosas (tasas judiciales, distribución de costas de los juicios, cantidad de normativa) pero no quiero cerrar sin la pregunta del millón. La misma que, por cierto, me hacía en educación. Y si estamos en la media, ¿vale la pena preocuparse? ¿No es ser demasiado exigentes? La respuesta es un muy rotundo (y mayúsculo) SI, como en educación. El libro lo argumenta con variedad de evidencia cuantitativa. Les dejo un par de ejemplos. Los retrasos judiciales estimulan la propiedad, en detrimento del alquiler. Un propietario que compra un piso como inversión para alquilar (digamos que para pagar gastos de dependencia en su ancianidad) quiere seguridad de que si alguien deja de pagar, puede volver a alquilar con rapidez, por ejemplo. Hoy día los procesos de desahucio son largos y costosos, lo mismo si alquilas un local o una vivienda. Y vemos que esto tiene consecuencias. Un aumento de un punto en la congestión judicial aumenta la propiedad (reduce el alquiler) en 0,15 puntos porcentuales. Vamos, que en Madrid hay por cada punto extra de congestión 3400 viviendas menos, y en Barcelona 3100. Un ejemplo incluso más importante para el crecimiento económico es el del emprendimiento. La congestión judicial lo reduce significativamente. Si la provincia española con peores resultados judiciales se pusiera al nivel de la mejor, su número de emprendedores subiría entre un 5 y un 7 por ciento. También se observan mejoras de la inversión cuando mejora la congestión y en otros indicadores.

Creo que me he alargado mucho. Pero voy a terminar cuando comencé. Insistiendo en que la reforma de la justicia, como la de la educación, es importante y urgente, con independencia de que no sea un desastre. España necesita crecer más, tenemos un estado del bienestar deficiente, y la situación demográfica y de productividad es inquietante. Vamos a mejorar todos los márgenes que podamos. Este es uno de ellos.