Antes del verano ya hice una evaluación preliminar de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Dado que no hay grandes novedades, esto me facilita mucho el trabajo y no les daré haré perder mucho el tiempo, me remito al escrito anterior. En resumen: esta ley no está mal, pero se deja fuera lo que a mi juicio es más importante, regular de manera más racional el acceso a la carrera docente y y la promoción dentro de la misma.
Ya se entienden las restricciones para cambiar las condiciones de trabajo del profesorado, pero en la educación el factor de producción dominante es el trabajo y de momento (y con permiso de Coursera) la eficiencia pasa por tener mejores docentes, por lo que su selección y motivación serán el factor que distinga a una buena de una mala reforma.
No obstante, como ya dije en su momento, muchas ideas del proyecto no están nada mal. El adelanto voluntario de la incorporación a vías formativas profesionalizantes es una buena idea, como también lo es la presencia de más evaluaciones estandarizadas al final de los ciclos.
Una novedad respecto a lo que comenté antes del verano es que se cambian algunos aspectos de la elección del director de centro. Con la nueva redacción la administración puede tener un peso mayor en la elección del director. Un aspecto positivo de la reforma es que el artículo 135.3 ahora dice: “La selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes, la valoración del proyecto de dirección, y la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la labor docente realizada como profesor.” Es decir, los resultados previos en otros cargos similares o relacionados serán tenidos en cuenta para la selección. Este principio nos parece importante y útil, dada la importancia que hemos visto que pueden tener los directores en los resultados. Tanto, que es una lástima que no se incluya también algo que diga que los directores serán evaluados periódicamente en su función, y la continuidad se basará en parecidos criterios. De hecho, algo como esto podría ser la base de la reforma completa de la función docente. La entrada en la carrera dependerá de los resultados, y la continuidad también. Y para que no quede ninguna duda, porque luego hay quien se queja: ¡¡pido exactamente lo mismo en la universidad!!
Un último aspecto importante que regula la ley es los contenidos académicos. En el documento de propuestas que ya comenté decía: “el tiempo que se dedica a matemáticas sobre el total de las horas lectivas es en España del 10,7 por ciento. Por comparación, en Finlandia es el 16,4, en Alemania el 19,4 y en Francia el 19,9.” Yo creo que puestos a legislar sobre contenidos, haber pedido que matemáticas, lengua e inglés ocuparan un porcentaje del horario similar al de otros países sería suficiente. Sin embargo, la LOMCE prácticamente no cambia nada de los contenidos en primaria y secundaria respecto a la LOE (pueden ver una comparación que aquí), excepto para permitir la profesionalización temprana.
En cambio, mientras que la ley anterior en su artículo 34 daba pocas indicaciones para bachillerato acerca de las materias dentro de las distintas modalidades, excepto para indicar las materias comunes en el apartado 6, ahora se detallan las asignaturas obligatorias para cada curso y modalidad. Nuestra especialidad, la economía, no es obligatoria ni siquiera en la modalidad de ciencias sociales. En cambio sí lo es la literatura universal, por poner un ejemplo. Esto, como es natural, ha causado un gran revuelo entre muchos profesores de economía de bachillerato, que han escrito un alegato muy intenso acerca de esta elección. Yo no tengo mucho que decir en este asunto porque no conozco evidencia concluyente acerca de las ventajas de estudiar economía en el bachillerato (otra cosa es la educación sobre finanzas personales, que ya hemos dicho que nos parece fundamental aquí y aquí), pero tampoco sobre la necesidad de estudiar literatura universal.
Siendo este el caso, ¿no sería mejor dejar algo parecido a la redacción anterior del artículo 34.3: “el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá la estructura de las modalidades, las materias específicas de cada modalidad y el número de estas materias que deben cursar los alumnos”, quizá suavizado para dejar aún mayor libertad de elección al centro (algo a lo que, por cierto, debería ser sensible este gobierno)? Y al mismo tiempo se podría exigir, tanto para el bachillerato como para las enseñanzas obligatorias, que las materias instrumentales (inglés, lengua y matemáticas) ocupen la mayoría de las horas lectivas. Esto sí que sería una revolución educativa que nos acercaría a Europa.