Félix Lobo, un compañero del la Universidad Carlos III de Madrid, ha publicado el siguiente artículo en El País del domingo, y lo reproducimos aquí por su interés.
La reforma de la Constitución para incluir una limitación al déficit público está levantando la oposición de personas y entidades que se sitúan a la izquierda del espectro político: algunos miembros del PSOE, Izquierda Unida, UPD, el movimiento 15M y los sindicatos CC.OO. y UGT. A mi juicio están equivocados y hay buenas razones para que apoyen la reforma constitucional, precisamente desde posiciones de izquierda.
Primero. El límite que se propone se refiere al déficit estructural, es decir, no impide que cuando la economía se contrae los gastos aumenten por encima de los ingresos para atender a las necesidades derivadas de la propia recesión, en especial, el seguro de desempleo. En lenguaje más técnico, es una medida del déficit que ya está corregida por los estabilizadores automáticos, o sea, los ingresos y gastos cuyo comportamiento es por sí mismo anticíclico. Esto está muy alejado del déficit cero que se propugna por los conservadores más doctrinarios.
Segundo. La reforma es oportuna porque la situación de la economía española y europea es muy grave. También es suficientemente flexible por las excepciones que contempla (recesión, catástrofe, emergencia) y sensata en su horizonte de ejecución temporal.
Tercero. Una promesa creíble y reforzada en la Constitución de estabilidad presupuestaria futura contribuye al crecimiento económico a corto plazo, que debe ser nuestra prioridad absoluta para reducir el paro. En efecto, al generar confianza en nuestros acreedores, puede ayudar a superar, en la medida que está en nuestras manos, el obstáculo central al crecimiento económico, que es el financiero, la sequía del crédito que ahoga las empresas. Esta escasez de crédito deriva de la crisis global, de nuestro alto endeudamiento privado, de la rémora de los pisos sin vender en las cuentas de las entidades financieras y de las expectativas de que nuestra deuda pública siga aumentando por falta de crecimiento y posible conversión de la deuda privada en pública, sin que esté claro cómo la vamos a pagar si no crecemos en los años próximos. Todo ello se traduce en mayores intereses a pagar por los créditos que hemos de contraer en los mercados internacionales, tanto públicos como privados.
Cuarto. Que los dos partidos mayoritarios se hayan puesto de acuerdo en la reforma es la mejor noticia para la economía española desde el estallido de la crisis, porque genera confianza en nuestras capacidades como país. Esperemos que otros grupos políticos se les sumen.
Quinto. Un límite al déficit estructural no condiciona el tamaño del sector público ni la generosidad del nuestro Estado de bienestar. Un déficit reducido es compatible con cualquier tamaño del estado de bienestar. Un déficit elevado y persistente es incompatible con su sostenibilidad. La viabilidad y mejora de nuestro estado de bienestar básicamente dependen de que consigamos reemprender y mantener el crecimiento económico, no de que podamos endeudarnos mucho.
Sexto. Un déficit y un nivel de deuda pública reducidos son una garantía de independencia respecto de “los mercados” y agencias de calificación.
Séptimo. Restringir la espita del déficit fuerza a que las decisiones de gasto se planteen con mayor rigor y respeto por la eficiencia. Seguramente el problema principal del gasto público en España no es su tamaño, sino su ineficiencia. ¿Quién duda de que grandes obras públicas y muchos gastos corrientes, especialmente de las administraciones territoriales, han sido un derroche que podríamos haber gastado mejor para aumentar el crecimiento y evitar el paro? Si el recurso al déficit y el endeudamiento está limitado gastaremos mejor, lo cual favorecerá el crecimiento futuro.
Octavo. La estabilidad presupuestaria recogida en la Constitución es una garantía para nuestros jóvenes actuales y para las generaciones futuras de que no van a estar abrumados por la carga de los intereses de las deudas que se contrajeron en épocas pasadas.
Noveno. La restricción del déficit en la Constitución puede contribuir a limitar el oportunismo político. No es difícil ganar votos gastando. Pienso en el ayuntamiento de una ciudad española que cuando fue largos años gobernado por la izquierda mantuvo unas cuentas saneadas; un consistorio de otro color, aprovechando la capacidad de endeudamiento conseguida, gastó y se endeudó a manos llenas, sobre todo en obras suntuarias y festejos, consiguiendo mantenerse en el poder hasta hoy. La reforma puede protegernos frente a políticos y ciudadanos miopes que no piensan en el largo plazo.
Ni mucho menos esta reforma convalida los errores de otras decisiones de política económica y los problemas de liderazgo en España y en Europa. Pero seguramente desde la izquierda en este caso habría que corregir el tiro y emplear el esfuerzo crítico en objetivos tales como conseguir una mayor conciencia y participación ciudadana acerca de los problemas de eficiencia de nuestro gasto público (gastar mejor) y las dimensiones europeas y globales de la crisis y las políticas que se están aplicando. ¿Cuándo hacemos una manifestación por una política fiscal europea y progresista?