Este fin de año vimos los últimos anuncios en la televisión pública española. No he oído, ni leído, quejas de productores o consumidores. Y es llamativo, porque la televisión pública sigue funcionando. ¿Cómo se financia? El nuevo sistema exige que la aportación presupuestaria directa se complemente con un porcentaje sobre los ingresos de los operadores del 3% para los operadores de televisión comercial en abierto, del 1,5% para los operadores de televisión de pago y del 0’9% para los de telecomunicaciones. Es decir, sus competidores directos e indirectos en el mercado de la publicidad van a pagar parte del coste de sus servicios. Adicionalmente se le asigna a la Corporación un 80% (con el límite de 320 millones de euros) de los ingresos anuales por el canon radioeléctrico.
En realidad si hubo alguna queja. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones emitió un informe bastante crítico con el proyecto de Ley de Financiación de la Corporación Pública de Radiotelevisión. En particular, se sugiere que el pago de los operadores de telecomunicaciones podría violar una directiva europea que establece que las tasas que paguen éstas "cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general, de los derechos de uso y de las obligaciones específicas." La CMT también piensa que la "aportación" es una nueva figura tributaria que podría violar el principio constitucional de igualdad en la tributación, que la Ley General Tributaria especifica a partir del principio de que la tributación "se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos." E incluso dice que el pago por el canon radioeléctrico podría violar otra directiva europea que especifica "los sistemas reguladores de las tasas administrativas y los cánones por el uso de radiofrecuencias y números no distorsionen la competencia ni creen barreras en el mercado."
Pero aparte de la potencial ilegalidad de las medidas, que no sé si alguien ha recurrido, lo que más me preocupa es la falta de sensibilidad al hecho de que un grupo de competidores paguen a otro, con ayuda del estado (el canon radioeléctrico) para que se salga del mercado. Por otro lado, no me sorprende, ya me he quejado antes en este blog del poco interés ciudadano (y, por tanto, de los políticos) por la competencia. Parte del problema, imagino, es que aún no hemos convencido al personal de que Nada es gratis, y por tanto los consumidores no ven directamente salir dinero de su bolsillo. El gobierno ya se ha preocupado de decir que la aportación pública no crece, y que los que pagan son otros. Pero dado que el número de competidores decrece, es probable que los precios de la publicidad suban (no es seguro porque la demanda global de publicidad en televisión disminuye). Y si el precio de la publicidad sube, lo lógico es que en cierta medida esos costes extras los pague el consumidor final en forma de precios más altos por los productos. Por otro lado, alguno de estos costes ya los estaban pagando antes, para sufragar los gastos de la publicidad en la televisión pública. De manera que el efecto neto para el consumidor es difícil de discernir.
No me consta que haya ningún análisis serio del efecto de esta medida. Pero hay algún precedente que nos ayuda a pensar en cuál puede ser el efecto. La publicidad del alcohol o el tabaco en televisión ha sido prohibida recientemente en varios países (en distintos grados). La evidencia empírica sobre el efecto de las prohibiciones publicitarias está lejos de ser concluyente, pero todo apunta a que este tipo de prohibiciones no tienen efecto sobre el consumo de estos productos, o sí lo tiene es muy pequeño. Hay varias explicaciones posibles, pero una que me gusta especialmente es la que propone este excelente artículo de Massimo Motta. Esencialmente la hipótesis es que la publicidad sirve, al menos en parte, para diferenciar productos. Cuando los productos son diferenciados la competencia en precios es menos intensa. Si la publicidad desaparece, es posible que se intensifique la competencia en precios, y esto lleve a un aumento del consumo final. Esto es más probable en industrias maduras con bienes relativamente similares y con publicidad "persuasiva" (es decir, publicidad que no informa sobre precios o características del producto). Así que, a lo mejor alguien en el gobierno ha estudiado el artículo de Massimo y resulta que ha tomado la medida por sus efectos pro-competitivos. Esto sí que sería una buena noticia.