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El decretazo y la industria farmacéutica

Uno de los sectores más afectados por los recortes presupuestarios aprobados por los pelos el pasado miércoles es el farmacéutico. Previsiblemente, el gobierno ha predicho unos ahorros que me parecen sospechosamente elevados y la industria ha pronosticado el finiquito de esa industria en nuestro país y del I+D nacional relacionado. Hoy quiero dedicar un rato a examinar estas afirmaciones, tanto por su importancia intrínseca como por las implicaciones para otras industrias muy intervenidas.

El decreto ley prescribe que se rebajen los precios de los productos farmacéuticos un 7,5%, excluyendo aquellos que están afectados por el sistema de precios de referencia (y por tanto son más baratos). Adicionalmente se plantean unos controles en las presentaciones y dosificaciones de los productos, para que ahora la prescripción se ajusten a las necesidades del paciente y no a los envases disponibles.

El Sistema Nacional de Salud gasta del orden de 15.000 millones de euros al año en productos farmacéuticos, de acuerdo con las cifras del Ministerio, y los ahorros, también según el ministerio, serán de 1050 millones por el recorte de precios y otros 250 por las reglas sobre dosificación. No nos dicen cómo se ha calculado el ahorro, pero 1050 es el 7,5% de 14000 millones y dado que los medicamentos sujetos a precios de referencia están excluidos, no me sorprendería que hayan hecho el supuesto heroico de que el ahorro será un 7,5% del gasto cubierto.

Me parece un ahorro improbable. Para que se diera ese resultado tendrían que controlar además del precio la cantidad y, sobre todo, la sustitución entre distintos productos. Esto tampoco es fácil de hacer con los funcionarios, pero con los medicamentos es casi imposible. Jaume Puig muestra (aquí) que España gasta más en medicamentos (en proporción a su renta) que muchos países más ricos. España tiene además el tercer porcentaje más elevado de gasto farmacéutico sobre gasto sanitario entres los países de la Unión Europea (por detrás solamente de Portugal y Grecia). Y esto a pesar de que los medicamentos son más baratos en España. Como dice Puig: “El hecho de que los precios sean inferiores en España indica que el elevado gasto farmacéutico tiene su origen en la intensidad del empleo de los medicamentos”. Por este motivo resulta ingenuo, por no decir algo peor, suponer que este nuevo control de precios se va a trasladar a los gastos.

Es verdad que el decreto incluye una medida sobre dosificación que ayudará en parte a controlar el gasto, pero ya han presupuestado una reducción adicional de 250 millones por esta vía. Pero además me parece que la cantidad no debe ser el problema más grave. España adopta los productos nuevos, generalmente mucho más caros, a una velocidad que casi no superan ni los norteamericanos. Si al menos estos medicamentos fueran mucho más efectivos, estaríamos consiguiendo algo por el dinero que pagamos. Pero no parece que sea así.

Y, sea cual sea el ahorro (si lo hay) la medida no soluciona ningún problema estructural de largo plazo, que como sugieren las estadísticas que les he descrito, son muy serios. Todo lo que permiten es ganar algo de tiempo, que debería emplearse bien. Las reformas deberían usar dos instrumentos básicos. El más importante, para mí, es no mirar solamente al coste del fármaco sino también al beneficio. Mi hipótesis para explicar la situación española es que la estrategia de los laboratorios cuando se enfrentan a una regulación de precios, o a la competencia de un genérico, es “inventar” un nuevo producto, a menudo de escaso valor terapéutico y lo promocionan intensamente ante los médicos como la nueva maravilla de la ciencia. Dado que los médicos tampoco ganan ni pierden nada con ello, con tal de que el medicamento no sea dañino, si es marginalmente más efectivo lo recetan. La factura de este sistema disfuncional es la que les he enseñado antes. Por tanto, necesitamos más análisis coste-efectividad de los medicamentos, y mejores incentivos, especialmente para los prescriptores, aunque algo más de copago por parte de los ciudadanos (el copago efectivo en España lleva décadas cayendo) podría poner algo de disciplina también en el sistema.

La industria, como es natural, se ha tomado el decreto como un robo a mano armada.
Alguna afirmación del presidente de su patronal es interesante, porque revela que los mecanismos que propongo en los párrafos anteriores son probablemente correctos: “Acebillo también ha planteado la posibilidad de no reducir los precios a los medicamentos innovadores que aún no han recuperado su inversión en I+D”. Otra muy buena es: “los precios en Europa están todos referenciados y esta nueva bajada afectará a todos los países en cascada”. Los precios de referencia son una herramienta de política farmacéutica interesante. Consisten en imponer que los precios de un medicamento no puedan ser más altos en un país (o para un producto) que los de otros países parecidos (u otros productos sustitutivos cercanos). Esto, que en principio parece razonable, puede resultar una herramienta de colusión o de negociación peligrosa (para una prueba más formal ver en un artículo mío con Sergi Jiménez) como demuestran las declaraciones de Acebillo.

Otra afirmación interesante es: “la Industria Farmacéutica en España perderá más del 10% este año y dejará de invertir en torno a 300 millones de Euros en I+D” en España. Ya dediqué un artículo en La Vanguardia hace unos años a explicar que si una regulación de precios hace caer la inversión en España, la única explicación es que los precios estaban artificialmente inflados justamente para “comprar” la inversión. Y en ese caso, mejor bajar los precios y hacer la inversión de manera transparente. El argumento es sencillo, la industria farmacéutica es completamente global. Una vez se produce la patente, se puede fabricar donde sea, y se puede enviar para su consumo a cualquier sitio a un coste bajísimo. Por tanto, en ausencia de interferencias, la investigación y la producción se harán donde estén los mejores laboratorios y los científicos más capaces, no donde los precios sean más elevados. Esto quiere decir que si se invertía en España antes, y no se va a hacer ahora, solamente puede ser porque el precio más elevado fue la condición para la inversión. Esto no puede estar escrito, claro, porque constituiría una ayuda a la industria que la comisión europea habría rechazado. Así que si dejan de invertir me alegraré mucho. Como decía en La Vanguardia “Con la diferencia se podrá comprar otro tipo (seguramente mejor) de I+D, o una subida de sueldo a nuestros buenos investigadores para que no se vayan a hacer I+D a un laboratorio de Boston.” Tristemente, hoy ni siquiera puedo decir lo del aumento de sueldo, con un mantenimiento me conformaría.