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Alfredo Sáenz, los tribunales y el Banco de España

Otra noticia legal para acabar el verano es la suspensión de la sentencia al consejero delegado del Banco Santander y expresidente de Banesto, Alfredo Sáenz, a la espera de conocer si el Gobierno le concederá el indulto solicitado. Los amigos de Hay Derecho ya han comentado tanto la suspensión como la sentencia en sí. Vamos a repasar brevemente algunas implicaciones económicas.

Como describe Rodrigo Tena, lo que la Audiencia considera probado es lo siguiente : “En 1994, cuando Alfredo Sáenz era presidente del consejo de administración de Banesto, el grupo de empresas O, afectado por una preocupante falta de solvencia, adeudaba a la entidad financiera más de seiscientos millones de pesetas. Algunos directivos del banco (ahora también condenados) se reunieron con los accionistas del grupo de empresas para solicitarles que avalasen personalmente las deudas, a lo que estos se negaron.

En consecuencia, esos directivos, con el conocimiento del presidente, interponen una querella criminal contra los accionistas apoyada en una serie de hechos falsos y cuya falsedad los querellantes conocían. Básicamente, se alegaba que los accionistas se habían comprometido verbalmente frente a la entidad a avalar esos préstamos (alegándose además que sólo se concedieron en virtud de ese compromiso) y que, a mayor abundamiento, habían distraído el dinero de las empresas prestatarias desviándolo al extranjero con la finalidad de apropiárselo personalmente.”

Cuesta entender la lógica económica de que estos hechos no hayan tenido consecuencias internas más importantes en ese banco. Dado el garantismo de nuestros tribunales, cuesta creer que no sea cierto lo que consideran probado. Tal vez ante los nervios de los mercados internacionales, se quiere evitar a toda costa ver a un consejero delegado destituido a causa de un proceso judicial. No costaría mucho explicar el hecho a los inversores, si éstos prestaran atención. Pero como nos dice la literatura sobre “inatención racional” los mercados no siempre quieren absorber cada bit de información que les llega. Y, dado como está el patio, que la parte de información con la que se queden es que un consejero delegado tiene que dejar el cargo por problemas judiciales puede costar mucho.

Si esta última hipótesis fuera correcta se entiende el dilema del Banco de España, ya que según la cita de Expansión a la sentencia “su idoneidad para ocupar el cargo, es de competencia del Banco de España.” Por un lado, si el Banco de España decide tomar medidas, la inferencia que los inversores “racionalmente inatentos” pueden hacer de nuestro sistema financiero puede generar riesgos a la estabilidad. Por otro, si no lo hace cabe la posibilidad de que un inversor atento piense que el regulador está capturado. Dada la cantidad de información relevante para ellos que proporciona el Banco de España; por ejemplo, los tests de estrés; la mera posibilidad de que alguien crea que están capturados es preocupante. Difícil papeleta.