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¿Reciben los políticos un trato favorable en los tribunales cuando se enfrentan a casos criminales?

Nota del colaborador (Antonio Cabrales): Rubén Poblete, doctor muy reciente de UCL al que dirigí la tesis junto con Marcos Vera (y que estará en el mercado de trabajo este invierno, atención a nuestros lectores académicos porque es una joya) ha publicado una entrada muy interesante en Ideas for India sobre el impacto de la politica en el sistema judicial indio y me pareció que tenia relevancia para nuestro pais así que le pedí que la adaptara un poco y les dejo con ella.

Una entrada de este lunes en el blog `Hay derecho’ habla sobre el vínculo político-judicial y el rol que cumplen los partidos políticos en determinar puestos claves en la judicatura y en instituciones asociadas. En particular, discuten el reciente nombramiento de Enrique López, como consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, y de cómo ha accedido a todos los altos cargos a lo largo de su carrera debido a su relación con el Partido Popular.

Esta politización de la justicia ha sido ampliamente discutida en España durante años. Es un tema controvertido la manera como cargos en las altas instancias judiciales como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional son escogidos. Esto sumado al hecho que políticos en cargos públicos están aforados y por ende son procesados por juzgados especiales puede comprometer severamente la democracia española.

Una de las características más fundamentales en cualquier democracia es la presencia de un poder judicial imparcial e independiente, que pueda garantizar y ejercer la ley independientemente de quién sea el acusado. Esto permite controlar el abuso y la tiranía de aquellos que permanecen en el poder. Si bien la mayoría de las democracias establecen normas específicas para garantizar que ese sea el caso, en la práctica, los políticos en posiciones de poder pueden influenciar sustancialmente el sistema legal para promover sus intereses.

Estudiar este tema es relevante, no solo porque la politización de la justicia viola uno de los derechos humanos más fundamentales – igualdad ante la ley – sino que además facilita la corrupción y puede incentivar a que personas deshonestas entren en la política. Además, reduce la confianza en las instituciones promoviendo así que las víctimas busquen justicia por otros medios. Datos del World Economic Forum para el año 2018, muestran el bajo nivel de confianza de los españoles hacia sus instituciones judiciales. En particular, el nivel de independencia judicial percibido sitúa a España en el lugar 58, siendo uno de los más bajos en Europa y por debajo de países con un desarrollo económico tan diverso como India, Indonesia, Kenia o Botsuana.

Comprobar si existe o no algún tipo de trato favorable hacia los políticos es difícil. Y en caso de que se encuentren irregularidades en algunos casos, resulta clave determinar si estos son eventos aislados o es más bien sistemático.

En un estudio reciente (Poblete-Cazenave, 2019) analizo estas preguntas para el caso de India, la democracia más grande del mundo. India presenta características que permiten investigar estas preguntas en detalle. En el año 2003 su Tribunal Supremo determinó que todos los candidatos a las asambleas legislativas debían presentar una declaración jurada con sus causas criminales pendientes y condenas previas. Esta información es pública. En segundo lugar, en caso de ser electos, los políticos pueden ser investigados y procesados durante el periodo legislativo, sin votación y/o aprobación previa de la asamblea.

Para separar los efectos de ganar una elección en los procedimientos legales (sentencias y rapidez de los juicios) de otros potenciales factores (como la renta de la persona investigada), el estudio se enfoca en candidatos para circunscripciones electorales donde el ganador obtuvo una diferencia no mayor a cinco puntos porcentuales con respecto al segundo candidato. En estos casos, el resultado de la elección y a su vez la asignación de poder político, es casi aleatorio. Esto permite que los candidatos que perdieron por un margen pequeño sean un buen grupo de comparación para candidatos que ganaron por un margen pequeño.

Al comparar que ocurrió con las causas pendientes de los ganadores versus las de los perdedores al final del periodo legislativo, es posible determinar el efecto causal de convertirse en un miembro de la asamblea (MLA) en el proceso judicial.

¿Ganar un asiento en la asamblea legislativa implica en un tratamiento preferencial en las cortes?

Los datos muestran que cerca de 18 por ciento de los candidatos poseen al menos una causa criminal pendiente previo a las elecciones. La proporción de candidatos con causas pendientes varía considerablemente entre los distintos estados, como muestra la figura 1, donde este número alcanza un 30 por ciento para el caso de Bihar el 2015.


Figura 1. Proporción de candidatos con causas criminales pendientes previo a las últimas elecciones de las respectiva asamblea legislativa.

El estudio compara cuál es la probabilidad de que una causa criminal pendiente sea cerrada sin condena para políticos que ganaron la elección comparado con aquellos que perdieron la elección, durante el periodo de la legislatura.

Cerca de un 60 por ciento de las causas pendientes son cerradas sin condena para los candidatos imputados. En promedio, los candidatos con causas tienen 3 causas pendientes con un promedio de 4 cargos criminales por causa. En cerca del 60 por ciento de las causas algunos de estos cargos son de gravedad severa. La figura 2 muestra cuales son los cargos criminales más comunes.

Figura 2. Los 5 cargos criminales más comunes en contra de los candidatos. IPC representa los códigos penales en India (Indian Penal Codes).

Los resultados del estudio muestran que, en promedio, convertirse en MLA no implica recibir un trato especial favorable en las cortes. Sin embargo, existen efectos heterogéneos y opuestos por ser un miembro de la asamblea dependiendo de si pertenecen o no al partido gobernante. En particular, MLAs del partido gobernante sí reciben un trato favorable en sus causas penales (en términos de rapidez y resultado), mientras que las causas de los miembros del partido no gobernante toman un mayor tiempo en ser resueltas.

Particularmente, las causas de MLAs del partido de gobierno tienen una probabilidad 17 puntos porcentuales superior ser resueltas más rápidas y de no ser encontrados culpables durante el periodo legislativo. Por otro lado, para las causas penales de MLAs de otros partidos es 15 puntos porcentuales menos probable que sean cerradas y sin condena durante el mismo periodo.

¿Importa cómo actúan los políticos?

Para ver si existe o no interferencia política directa, analizo si el uso de amenazas políticas es relevante en obtener resultados legales favorables. Para esto, clasifico a los candidatos como más o menos proclives a utilizar amenazas políticas dependiendo de si existe evidencia de que hayan utilizado extorsión, intimidación o amenazas. Encuentro que los políticos alineados al partido gobernante obtienen resultados favorables solo en las causas de políticos más proclives a utilizar amenazas. A su vez, las causas penales de MLAs que no pertenecen al partido del gobierno se demoran más en resolver solo para aquellos menos proclives a utilizar amenazas. Este resultado sugiere que no solo tener poder político es relevante, sino que el abusar de éste a través de amenazas es fundamental para obtener un trato judicial favorable o para evitar demoras innecesarias.

¿Importa la gravedad de los cargos y la capacidad institucional?

A pesar de la presencia de discriminación política, la evidencia muestra que solo aquellas causas criminales en las cuales no hay cargos serios son presa de la manipulación política. Para las causas criminales de gravedad, tales como secuestros o intimidación criminal con intento de homicidio, no se identifican diferencias significativas entre ganadores y perdedores.

Además, la evidencia muestra que la discriminación política es más probable que ocurra en estados con bajo número de jueces por persona y con instituciones débiles. En dicho ámbito, cabe notar que España es de los países europeos con más bajo número de jueces (12) por 100 mil habitantes, casi la mitad de jueces y fiscales que la media de Europa, pero muy por encima de los cerca de 2 jueces por 100 mil habitantes en India.

Los resultados de esta investigación apuntan a un abuso de ciertas atribuciones del poder ejecutivo que permiten afectar el sistema legal. Diversas agencias del sistema de justicia penal dependen directamente del gobierno de turno, tales como los fiscales, lo que las hace particularmente susceptibles a presiones políticas.

En España, en particular, los partidos gobernantes además tienen instancias formales para influir la carrera judicial y también de los fiscales, lo que podría permitir una alta manipulación del sistema legal. Esto ya ha sido duramente criticado por el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) del consejo de Europa. Aunque recientemente el GRECO sacó a España del grupo de Estados bajo supervisión especial, este grupo señala que los avances han sido muy insatisfactorios.

Para crear políticas efectivas en prevenir el abuso de poder será necesario profundizar nuestro conocimiento sobre qué instituciones y cargos son más susceptibles a presiones y cómo esta manipulación se lleva a cabo en la práctica. En este proceso será necesaria la colaboración de diversas instituciones y la presencia de datos precisos, que incorporen distintas etapas del proceso judicial y las personas e instituciones involucradas. Esta investigación presenta un primer paso en el camino hacia un sistema legal verdaderamente independiente, imparcial e inclusivo.